Adeslas ya ha dicho que no; DKV y Asisa, que siguen pensándoselo. La continuidad de Muface, cuyo convenio actual termina el 31 de enero, se encuentra sumida en una incertidumbre que, por el momento, no termina de resolverse.
La decisión de Adeslas de que no presentarse a la nueva licitación ha supuesto un nuevo revés para la continuidad del organismo público. La compañía elegida por el 47% de los mutualistas entiende que seguir supondría asumir unos 250 millones de pérdidas en tres años. No están dispuestos a ello, pese a que seguirán prestando servicio tanto a la Mutualidad General Judicial (Mugeju)como al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).
DKV, por su parte, cubre al 18% del funcionariado. Preguntados por este periódico, aseguran que todavía no tienen una respuesta sobre si acudirán o no a la licitación. «Seguimos analizando los pliegos«, exponen. Es la misma respuesta que da Asisa, que hasta ahora asume el 35%.
Por todo ello, el organismo público encargado de cubrir la asistencia sanitaria y farmacéutica, así como otras contingencias sociales (incapacidad temporal, situaciones de riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente parcial y gran invalidez…) a los funcionarios adscritos, entrará en el año en que celebra su 50 cumpleaños con incertidumbre.
Una inquietud contagiada para 1,5 millones de personas, tanto funcionarias como sus familias, que aguardan noticias.
CSIF pide una reunión urgente
También esperan conocer la decisión final los sindicatos. Este mismo lunes, CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha exigido «una reunión al Gobierno al más alto nivel» para analizar la situación de la sanidad de sus funcionarios.
Exigen al Gobierno que haga público con total transparencia tanto los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto como el informe de la AIREF, «que no puede demorarse más».
Además, piden a las aseguradoras «la máxima responsabilidad ante la gravedad de la situación» y aseguran que defenderán el modelo de Muface hasta el final. «Se reserva la adopción de cuántas medidas considere adecuadas para este fin», concluyen en un comunicado.
La oferta del Gobierno
El último paso dado por el Gobierno fue este mismo mes de diciembre, cuando autorizó una nueva licitación del concierto con una subida de la prima de un 33,5% en los próximos tres años, unos 4.478 millones de euros en total.
De esta forma, la prima subiría un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027, incrementando la media por mutualista al año de 1.032 euros, en la actualidad, a 1.262,28 en 2027. CSIF lo consideraba insuficiente. También se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de forma que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad.
Hasta que se adjudique el nuevo concierto, Función Pública ha insistido en que los mutualistas tendrán garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales.
