La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, retorcieron hasta cinco correos entre el novio de la lideresa regional, Alberto González Amador, y la Fiscalía.
El Gobierno del PP en la región era de sobra conocedor de los intentos por escrito de la pareja de la política para evitar la cárcel por sus dos delitos fiscales, que él mismo reconoció y que sobre el papel pueden acarrear entre dos y diez años de prisión.
Estrategia en base a las comunicaciones
De hecho, las declaraciones públicas de la presidenta o las filtraciones de Rodríguez siempre estuvieron relacionadas con estas comunicaciones -cinco- sobre los que ambos desinformaron, además de filtrar uno de los textos. Esto es así porque, según los documentos a los que han tenido acceso medios de comunicación como El País, tanto Ayuso como su jefe de prensa solamente pudieron conocer los hechos a través de las comunicaciones confidenciales.
Sin duda este tema es uno de los que ha ocupado la actualidad en nuestro país. Habría que remontarse, a menos, a febrero de 2023 cuando el abogado de González Amador admite en un escrito enviado a la Fiscalía que la factura de gastos deducibles que presentaba su cliente por valor de 895.000 euros es falsa, pero que están dispuestos a presentar una declaración complementaria con el objetivo de reparar el fraude y evitar la pena de prisión.
Sin embargo, la asesora fiscal del novio de Ayuso indica que la regularización “ya no se puede ni se debe hacer toda vez que la sociedad Maxwell -propiedad del protagonista de estas líneas- está ya inmersa en una inspección fiscal que ha sido finalmente ampliada a ese ejercicio” atendiendo al artículo 305.4 del Código Penal.
Regularización saltándose la ley
En verano de ese mismo año, González Amador intenta pagar el dinero defraudado mediante un intento de regularización que está prohibido en el Código Penal. En concreto, el compañero sentimental de la responsable madrileña presentó en julio de 2023 una declaración correspondiente al impuesto de Sociedades de 2022 donde incluyó más de 1,5 millones de euros de las facturas falsas que se había deducido anteriormente para evadir impuestos. Durante aquel mes ingresó 629.408 euros a Hacienda, un pago improcedente para la declaración de 2022 pero que tenía un fin claro: el de evitar la cárcel. A pesar de las advertencias de su asesora de que eso no estaba permitido, él lo hizo pero sin éxito, ya que Hacienda le devuelve más de medio millón de euros pagados de más y el juicio sigue adelante.
En lo que respecta a los correos, la sucesión de los mismos entre la defensa de González Amador y la Fiscalía comienza en febrero, pero ya de 2024, cuando la primera parte comunica a la segunda que “de común acuerdo con Alberto González es voluntad firme alcanzar un acuerdo de conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos, así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora de la AEAT”.
A los pocos días, el fiscal que se encarga del caso, responde “tomando nota de la voluntad de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”. A los pocos minutos, el abogado vuelve recordarle que sigue pendiente de saber si Hacienda acepta el intento de regularización extraordinaria presentado en la declaración de julio de 2023; a lo que la parte receptora responde: “Quedamos en ver si fruto de esa actuación de pago del año 2022, objeto de inspección, se consideraría ya ingresada la cuota o no”.
Mentiras de Ayuso
Ayuso tergiversó los hechos el 13 de marzo cuando dijo que era Hacienda la que debía dinero a su novio y no al revés, además de hablar de “cacería política” por parte de los poderes del Estado, lo cual desmintió el fiscal que llevaba el caso cuando fue citado a declarar como imputado.
Y la presidenta de Madrid continuó con la misma estrategia pocos días después, cuando ya ante los medios de comunicación dijo “mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020 y 2021 y ahora pretende que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe”. Si bien era un bulo, dispone de información que existía en todo el expediente tributario y en alguno de los correos confidenciales.
Con todo, la mayor de las mentiras de entonces fue aquella en la que la política dijo que Hacienda debía “casi 600.000 euros” a su novio “por intereses”. La supuesta deuda procedía de una multa por los hechos que denunciaba después de Fiscalía, según sostiene El País previa consulta con un colaborador de la presidenta, pero la realidad es que únicamente incorporó como ingresos en su declaración de julio de 2023 las cantidades e las facturas falsas que se dedujo en las declaraciones los años anteriores.
Bulos de Miguel Ángel Rodríguez
A partir de ahí, todo se recrudece cuando Miguel Ángel Rodríguez filtra uno de los correos a varios medios de comunicación aportando una información falsa, o al menos sesgada, dado que en el escrito se aprecia que la Fiscalía estaría dispuesta a un acuerdo, pero no cuenta que el ofrecimiento de acuerdo era a cambio de que González Amador reconociera los dos delitos, algo que aparece en otro correo.
“Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo… todo sucio”, añadiría el jefe de gabinete de Ayuso en otro mensaje. A más a más, Rodríguez no pudo acreditar su denuncia “por órdenes de arriba” con más correos. El fiscal nunca hizo esta oferta de acuerdo a eso, sino que simplemente paralizó la negociación hasta conocer si Hacienda admitía o no el pago de las cantidades defraudadas, como se ha indicado unas líneas más arriba.
Ya en junio de 2024, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, declara en el Tribunal Superior que la Ley obligaba a la fiscalía a desmentir la información falsa ofrecida por el gobierno de Ayuso.
