A partir del 1 de enero de 2025, las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes están obligadas a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), según la ley de Cambio Climático y Transición Energética, que busca que se cumplan las directrices que llegan desde la Unión Europea. Este escenario abarca a ocho municipios de la provincia: Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, San Vicente del Raspeig y Elda. Todas estas localidades están gobernadas por el Partido Popular, en algunos casos con Vox o gracias al apoyo de los ultras, salvo Alcoy y Elda, en los que la Alcaldía está en manos socialistas.
Un medidor de gases comprueba la calidad del aire de Elche en un estudio realizado recientemente. | INFORMACIÓN
La radiografía que presentan estos ocho municipios ante el plazo del 1 de enero dista bastante de las pretensiones europeas sobre las ZBE. Sólo la mitad -Alicante, Elche, Benidorm y Elda- cuentan ya con la ordenanza municipal. De ellos, tanto la capital de la provincia como la ciudad ilicitana no contemplan imponer restricciones ni nuevas multas. En el caso de Benidorm, se aplicará una fase inicial informativa de seis meses sin sanciones. Sólo en el caso de Elda se cumplen los dos requisitos: ya hay ordenanza y habrá multas.
En cuanto a Torrevieja, Orihuela, Alcoy y San Vicente van con retraso y todavía no tienen sus ordenanzas listas. Respecto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que no ha ofrecido datos actualizados para la elaboración de este artículo, ha determinado que las ciudades de más de 50.000 habitantes que en 2025 no tengan en funcionamiento las ZBE que por ley están obligadas a delimitar no recibirán el año que viene ayudas para el transporte público colectivo a modo de penalización.
Comisiones
En el caso de Alicante, este lunes se espera que el Pleno apruebe definitivamente la ordenanza reguladora de la ZBE, que no conlleva sanciones ni nuevas restricciones. En comisión, el texto salió este viernes adelante gracias a los votos del PP y Vox y con el rechazo del PSOE, Compromís y EU-Podemos. La ZBE conlleva la ampliación del sistema de control y gestión del tráfico en la ciudad por medio de la instalación de una red de sensores que permiten conocer en tiempo real la situación del tráfico. El objetivo, señalan desde el equipo de gobierno del PP, es impulsar un cambio en la movilidad dentro de una zona definida por el interior del anillo de la Gran Vía.
Al respecto, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), señala que el contrato de implantación de la ZBE en el anillo de la Gran Vía está totalmente ejecutado y en periodo de pruebas de funcionamiento y ya se han finalizado los trabajos de instalación de los equipos de control en la calle, sensores ambientales, cámaras de lectura de matrículas, paneles de información variable y la señalización horizontal y vertical.
Elche también cuenta con su ordenanza de ZBE y, pese a que incluye multas, el equipo de gobierno, formado por el PP y Vox, descarta ejecutarlas. «Se puede circular por las calles sin que se imponga ningún tipo de sanción. Los datos científicos de la calidad de nuestro aire son buenos, Elche no es Tokio», sostiene el concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert (PP), antes de añadir: «Comprobamos los datos a diario y si el día de mañana no fueran buenos, adoptaríamos medidas. Creemos en la libertad de movimiento de las personas y no queremos que haya ilicitanos de primera y de segunda».
Estudios
En la ciudad de las palmeras se estuvieron realizando estudios durante el pasado mes de noviembre sobre las rutas de circulación de los vehículos más contaminantes. Una empresa efectuó mediciones en vías urbanas, teniendo en cuenta cada turismo de forma individualizada para elaborar un mapa. El Ayuntamiento de Elche también ha destinado unos 4 millones de euros para la implementación de la ZBE en la ciudad, un proyecto que ha contado con una subvención de 2,7 millones procedentes de los fondos europeos.
Torrevieja es uno de los municipios de 50.000 habitantes de la provincia que no cuenta con ordenanza reguladora de la ZBE. El propósito del equipo de gobierno es ligarlo todo con la remodelación de la fachada marítima, en la que se tiene la intención de semipeatonalizar una zona muy amplia de los paseos. Con todo, se lleva un retraso considerable, pese a que se tienen comprometidos fondos europeos. El ámbito de aplicación de la ZBE se enmarca en el rectángulo de la trama urbana de Torrevieja que configuran las calles Orihuela, Ramón Gallud y Rambla Juan Mateo con la fachada marítima de los paseos de Vista Alegre y Libertad. Esta delimitación puede sufrir modificaciones de aquí a que se exprese tanto en la ordenanza como en el proyecto sobre el terreno.
Sin salir de la Vega Baja, en Orihuela, donde también gobiernan PP y Vox, tampoco hay ordenanza todavía. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que va de la mano de la ZBE, fue aprobado en enero de 2023. Entre otras medidas se contemplan aparcamientos disuasorios y peatonalizaciones. «La contaminación en Orihuela está dentro de parámetros aceptables. Hay que tener en cuenta la complejidad del municipio, que cuenta con el núcleo urbano, las pedanías y la costa», señala el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz (PP).
Benidorm sí que tiene regularizada su ZBE por ordenanza, que fue aprobada en octubre, y ya ha desplegado la señalización que acompaña al proyecto. La ZBE estará operativa a partir del 1 de enero en fase informativa para que los usuarios se familiaricen con su funcionamiento, un periodo que durará seis meses. De esta manera, las nuevas restricciones arrancarán sin sanciones y con atención presencial y a través de una app. Las nuevas normas se implantarán en un área de 74 hectáreas.
Hacia el interior, en el caso de Alcoy, existe un borrador inicial del proyecto de ZBE que se ha trasladado al departamento de Inspección General de Servicios y Movilidad para una primera lectura y la realización de aportes de los técnicos, informan fuentes municipales. Se espera que a finales del mes de enero esté acabada la redacción definitiva del proyecto. El equipo de gobierno pretende a través del estudio realizar un diagnóstico para reducir las emisiones en la ciudad alcoyana.
Contratación
El equipo de gobierno de San Vicente aprobó a mediados de este mes de diciembre la contratación de la redacción del proyecto que permitirá implantar en el municipio la ZBE, por lo que también se va con retraso respecto a otros municipios. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de licitación de 205.000 euros repartidos en dos anualidades, 2025 y 2026, e incorpora también la actualización del PMUS. «Cuando empezó el mandato confirmamos que el anterior gobierno no había hecho nada para habilitar la ZBE pese a los plazos marcados por la UE», afirma la edil Mercedes Torregrosa (PP).
Por lo tanto, Elda queda como el único municipio de la provincia alicantina que ha aprobado su ordenanza, lo hizo en un pleno celebrado el pasado 22 de noviembre, y que tiene la intención de sancionar a los que infrinjan la ZBE. La ordenanza salió adelante con los votos del PSOE, Elda Para Todas y el PP, mientras que Vox votó en contra. La ZBE abarcará la denominada «Zona Centro» y afectará al 3 % de la población.
