El pasado mes de octubre, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciaba tras una reunión del Consello de Goberno y a preguntas de los periodistas que no tenía “inconveniente” en participar en la comisión de investigación impulsada por el BNG para aclarar los contratos de Micaela Núñez Feijóo, hermana del actual líder del PP, a lo largo de los últimos años, los del hermano de su mujer, durante la pandemia, y el sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro.
Apelaba entonces Rueda a la “transparencia” del PPdeG e, incluso, llegaba a decir a la oposición que “no se preocupen, que estaremos allí para que, cumpliendo con nuestra obligación, la comisión sea efectiva”.
Ha pasado el tiempo y se acaba de cerrar este órgano sin que se haya cumplido ese parámetro de la transparencia y la efectividad. O eso es lo que dicen desde el Bloque Nacionalista Galego que definen la comisión de “fraude democrático” en la que lo convirtió el Partido Popular.
Para el Bloque el dictamen final no es más que una «burla» a la ciudadanía debido a que durante la comisión se emplearon por parte de los ‘populares’ «métodos antidemocráticos y autoritarios«. Estas maniobras tenían un doble objetivo. Por una parte, impedir el acceso a la documentación; por otra, el veto continuo a comparecencias “clave”, empezando por la del máximo responsable de la Xunta durante la mayor parte del período investigado, Alberto Núñez Feijóo.
En palabras de la diputada nacionalista Montse Prado, este dictamen final es un «panfleto partidista», que está repleto de “falsedades, opiniones infundadas e interpretaciones interesadas que ni el NO-DO de Franco se hubiera atrevido a tanto».
En su intervención, también subrayó que, aunque no se lograron los objetivos marcados por su formación, la comisió sí sirvió para conocer el modus operandi del PP, cuyo propósito principal es “saquear los recursos públicos para engordar la cuenta de resultados» de las empresas amigas, inlcuyendo en este apartado las vinculadas de forma directa con familiares del ex presidente de la Xunta y máximo dirigente del PP nacional.
Uso de información no verdadera
De este modo, “lo hizo en la contratación y construcción del hospital Álvaro Cunqueiro; en la contratación sistemática de la empresa Eulen, al frente de la que está la hermana de Núñez Feijóo; lo hizo en el uso continuo de contratos menores para evitar la concurrencia y todo tipo de controles y entregarlos directamente a las empresas que el Partido Popular decidió; y lo hizo en el contrato de emergencias de la COVID-19″, explicó Prado.
Una de las curiosidades de la comisión recién cerrada es el uso de información falsa o no verdadera del todo. En este sentido, desde el BNG recordaron la documentación sobre los contratos con Eulen. La información facilitada por la administración autonómica contenía una relación de 26 contratos en 2019, 32 en 2010 y 31 en 2021; sin embargo, en el propio portal de transparencia de la Xunta figuran 278, 219 y 328, respectivamente. Algo similar ocurrió con los contratos sobre la pandemia.
Estos son solo ejemplos de las formas del PP en la comisión, como recordó Prado, que también citó y criticó la continua intención de “pretender ocultar y tergiversar la documentación relativa a la construcción privatizada” del citado hospital vigués. Para concluir, no dudó en clalificar la comisión de investigación como “comisión de ocultación”.
Los socialistas se mostraron en una línea similar en su intervención ante el cierre “en falso” de este órgano. Así lo dijo su portavoz, Elena Espinosa, para quien todo ha sido una “burla” a los gallegos por parte del PP. El boicot “sistemático” del partido que gobierna impidió conocer la verdad y todo con la guinda de unas conclusiones “escandalosas”.
Para Espinosa, ese documento final del PPdeG es el paradigma de “como manipular los hechos para ocultar la verdad”.
Ante la ineficacia del organismo clausurado, los socialistas propusieron “la creación de una nueva comisión de investigación con un formato más interactivo y con una mayoría cualificada para garantizar el acceso a la documentación y la participación de las personas implicadas”.
Asimismo, al igual que también ha hecho el Bloque Nacionalista Galego, el PSdeG no descarta “explorar vías judiciales si el Parlamento no asume su responsabilidad”.
