Medio año después de promulgada la ley de amnistíasu aplicación no ha sido tan rápida y determinante como pretendían el Gobierno y sus socios parlamentarios. Su destino sigue en manos del Tribunal Constitucional ante el que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicía de Cataluña (TSJC) acudieron con cuestiones de inconstitucionalidad. El previsible visto bueno de la corte de garantías supondrá la interposición de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que lleva a prever un aún largo camino judicial.
Los que más lejos están de verse beneficiados por la ley son los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo por el delito de malversación por su responsabilidad en el 1-O que aún cumplen la pena de inhabilitación, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los que huyeron y fueron procesados en rebeldía, como el expresidente catalán Carles Puigdemont. Que el Supremo haya considerado que la malversación que cometieron implicaba un enriquecimiento personal ilícito que está vetado por la propia ley ha supuesto que ninguno de ellos haya aún recibido los beneficios de la ley.
El Tribunal Supremo, al igual que el Tribunal Superior catalán, elevaron al Constitucional sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley y a la vuelta de las navidades, una vez resuelta la recusación del juez José María Macías, la corte de garantías tiene previsto empezar a pronunciarse sobre el primer recurso que quiere resolver: el del PP, cuya admisión a trámite se retrasó por defectos formales, lo que provocó el rechazo de la recusación de la Abogacía del Estado por prematuro.
Mientras que el Supremo solo elevó una cuestión prejudicial, al tener que pronunciarse sobre unos manifestantes de Girona que la emprendieron a pedradas contra los juzgados tras la sentencia del ‘procés‘, el TSJC mandó tres. Dos se han admitido a trámite en el último pleno del año y, respecto a la tercera, se ha pedido informe al fiscal. El diferente trato obedece a que la Sala de lo Civil y Penal consideró que en el caso del diputado de ERC Josep Maria Jové, del exparlamentario Lluís Salvadó y de la exconsellera Natàlia Garriga, a los que se imputa la logística del 1-O, también debía elevarse una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no solo una de inconstitucionalidad.
En cualquier caso, gracias al TSJC los primeros amnistiados fueron el exconseller de Interior Miquel Buch, que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación y prevaricación por fichar de asesor a un sargento de los Mossos, Lluís Escolà, que actuó como escolta del expresident Carles Puigdemont en el extranjero y al que también se aplicó la ley de perdón. Ese mismo día, el 25 de junio, el TSJC puso la directa e hizo lo propio con 16 activistas condenados por protestas entre 2018 y 2019; a uno de ellos se le habían impuesto siete años de cárcel.
Goteo constante
Desde ese día el goteo de personas amnistiadas por jueces y tribunales ha sido constante. Los últimos, los ocho bomberos imputados por participar en la manifestación del 2 de octubre de 2017, un día después del referéndum unilateral de independencia, declarado ilegal por el TC. La fiscalía les acusaba de abandono de servicio porque fueron a la protesta dejando su lugar de trabajo como funcionarios públicos. Según la plataforma Alerta Solidaria, además de estos bomberos, se han concedido otras 193 amnistías, 96 de las cuales, el 49%, a policías que participaron en las cargas del 1-O. La ley del perdón ha llegado a 84 manifestantes y activistas y 13 políticos y cargos públicos. Entre estos últimos se encuentra el exconseller Francesc Homs que estaba siendo investigado por unos gastos relativos a la acción exterior del Govern. Se trata en concreto de tres pagos de 2012, ninguno vinculado al referéndum ilegal del 1 de octubre.
No amnistiados
Alerta Solidaria sostiene que ninguno de los policías imputados por las cargas del 1-0 han recibido un no como respuesta a la aplicación de la ley de amnistía, a diferencia de lo que ha ocurrido con 28 manifestantes y 23 políticos, en especial en el Tribunal Supremo. Entre los “no” a activistas hay casos muy diversos como el de Abel Mora, encarcelado desde el 30 de mayo; Joel, informático que se enfrenta a una petición de 18 años de cárcel, o cuatro antimonárquicos de Santa Coloma de Farners que participaron en una protesta contra Felipe VI el 5 de julio de 2023 en Caldes de Malavella.
El juez de Barcelona Joaquín Aguirre también rechazó la aplicación de la amnistía a los 13 investigados por la presunta injerencia de Moscú en el proceso independentista. Y a los delitos de traición y malversación de fondos que ya planteaba añadió otro delito por organización criminal, poniendo en la cúspide de la misma a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, a quienes otorga «el liderazgo y control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos» y quienes podían «suspender» o «modificar» los contactos con los representantes rusos. Los encausados recurrieron esa decisión, recurso que, según las fuentes consultadas, puede ahora decaer por pérdida de objeto, después de que la Audiencia de Barcelona haya finiquitado la propia causa al anular la decisión del togado de abrir una pieza separada y ordenar el archivo de la causa.
En otros casos, los jueces han decidido derivar el caso a otros tribunales en forma de cuestiones sobre la constitucionalidad de la ley o su encaje en el derecho de la Unión Europea. En esta situación se encuentran 15 manifestantes y 52 políticos o cargos públicos, según Alerta Solidaria. También acudió al TJUE el Tribunal de Cuentas, que paralizó la sentencia que preparaba sobre el 1-O y la acción exterior del Govern a la espera de lo que acuerde el TJUE sobre la amnistía del delito de malversación y el desvío de dinero público para fines ilegales, aunque únicamente se trate de responsabilidad contable.
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