Sin embargo, hay dirigentes socialistas y miembros del Gobierno que empiezan a plantear en voz baja la posibilidad de que el calendario de la difícil negociación de Presupuestos les lleve a un retraso, de tal forma que lo que terminen intentado tramitar en otoño sean las cuentas de 2026. Más aún si el calendario se complica con elecciones anticipadas en alguna de las comunidades en las que se rompieron los gobiernos de coalición de PP y Vox y que estos días han tenido que prorrogar sus presupuestos.
Portavoces de partidos socios del PSOE en el Congreso mantienen también esta tesis y explican que tendría mucho más sentido abordar el proceso en otoño.
El 1 de enero ya estarán prorrogados los Presupuestos del Estado en vigor, que fueron aprobados en 2023, ante la imposibilidad de presentar siquiera en 2024 unas cuentas públicas para el 2025. Miembros del Gobierno mantienen sus dudas sobre si Carles Puigdemont quiere pactar los Presupuestos y perder control de la legislatura o si prefiere mantener débil a Sánchez sin las cuentas y sin terminar de poner fin a su mandato.
Pese a todo, Sánchez ha dejado claro que se va a volcar para intentar aprobar las cuentas para poder acercarse lo más posible al fin natural de la legislatura en 2027.
El calendario oficioso en el que trabaja el Gobierno se iniciará en enero con una sucesión de gestos hacia sus socios parlamentarios de Junts, ERC y PNV. Así será especialmente con el partido de Puigdemont que ha condicionado el inicio de la negociación de Presupuestos a que antes se subsane lo que considera incumplimientos de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez de noviembre de 2023 y otros que se han ido firmando en el año de legislatura transcurrido.
Fuentes de Moncloa explican que el Gobierno se volcará en enero en gestos y acuerdos con esos partidos. Le favorece que no habrá apenas actividad parlamentaria, más allá de un pleno en la segunda quincena para convalidar decretos aprobados, entre ellos el del impuesto a las energéticas que el Gobierno prometió a la izquierda, pero que no será convalidado por el rechazo de Junts y PNV que el PSOE da por hecho.
Por ejemplo, es especialmente problemático, según admite el Gobierno, cumplir con la petición de cesión a Cataluña de las competencias sobre inmigración. El Ejecutivo intentó que Junts aceptara una cesión parcial para que la Generalitat tuviera presencia de Policía autonómica en puertos y aeropuertos de la Comunidad, además de atribuciones para coordinar con el Estado cupos y asistencia a migrantes que lleguen a Cataluña.
Por el momento, el partido de Puigdemont ha rechazado esta opción porque exige la cesión integral, lo que supone control total de los flujos y las fronteras. Según fuentes del Gobierno eso crearía problemas con la Unión Europea.
Foto con Puigdemont
Debe resolverse el futuro de la proposición no de ley de Junts pidiendo a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. El PSOE anunció inicialmente que la vetaría en la Mesa, pero Junts le obligó a rectificar y la Mesa debe decidir este mes.
Está pendiente también el uso del catalán en las instituciones europeas y la aplicación total de la amnistía a dirigentes independentistas como el propio Puigdemont. La respuesta del Gobierno es que ambos asuntos dependen de otras instancias como la Unión Europea en un caso y los jueces en el otro.
Moncloa ya ha trasladado a Puigdemont que el Tribunal Constitucional podría zanjar antes del verano la aplicación de la Ley de Amnistía.
Lo que sí está dispuesto a hacer Sánchez es aplicar lo que Junts llama la «amnistía política«, es decir, la normalización de relaciones que incluye la reunión entre el presidente del Gobierno y el expresident de la Generalitat.
Esa reunión fuera de España podría tener lugar a finales del mes de enero o principios de febrero, según el cálculo de los socialistas, que desearían que sirviera para certificar los acuerdos pendientes y, sobre todo, para que Puigdemont dejara claro y expreso su compromiso con los Presupuestos. Los independentistas no comparten esa posición y aseguran que la de los Presupuestos será otra negociación completamente diferente.
Fuentes del Gobierno explican que esa reunión ya no tendría coste político para Sánchez, entre otras cosas porque el PP también busca ahora acuerdos con los independentistas y ha logrado ya algunos en el Congreso.
En todo caso, el Gobierno necesita también cerrar el acuerdo con Junts sobre la senda de déficit, paso necesario para abordar la negociación de los Presupuestos. La senda fue rechazada dos veces en el Congreso antes de septiembre y el Gobierno optó por retirar su propuesta por falta de acuerdo cuando iba a ser votada por tercera vez.
El deseo del Gobierno es que esa votación en el Congreso, previa aprobación en el Consejo de Ministros, se produzca en el mes de febrero. Y a partir de ahí empezaría la negociación de Presupuestos, la aprobación en el Consejo de Ministros y la tramitación en el Congreso y el Senado.
Fuentes no oficiales del Congreso entienden que ese proceso podría demorarse hasta mayo o junio, es decir, una vez transcurrido la mitad del ejercicio para el que se aprueban las cuentas. Por eso, empieza a plantearse entre los socialistas la idea de ir directamente a otoño para que la negociación sirva para un ejercicio completo, el de 2026, teniendo en cuenta que puede irse a mayo o junio.
Es decir, que sostienen que esa negociación puede ser un esfuerzo político excesivo para seis meses y que puede ser más sensato ir a un Presupuesto de año completo. Sobre todo porque la tramitación de la reforma fiscal parcial ya ha servido como banco de pruebas para comprobar la dificultad de las negociaciones cruzadas que incluyan a Junts y a Podemos y a PNV y Bildu, entre otras combinaciones e intereses ideológicos diferentes.
Además, teme el Gobierno que algún partido incluya en esas negociaciones otras cuestiones, por ejemplo, Podemos con la bajada de los alquileres de pisos y la ruptura de relaciones con Israel, que hasta sometió a consulta entre sus bases.
Todo puede ser aún más complicado si a ese calendario se le añade la posibilidad de elecciones anticipadas en comunidades como Castilla y León, Murcia o Baleares donde el PP y Vox rompieron los gobiernos de coalición y ha tenido que prorrogar Presupuestos por dificultades para aprobarlos.
Alguna de esas convocatorias para la primera mitad de 2025 daría excusa a Pedro Sánchez para retrasar esa negociación.
