La historia de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se remonta a la Ley 29/ 1975, de 27 de junio, fecha en la que se crea un organismo único de adscripción obligatoria para todos los funcionarios civiles. Este 2025, celebra su 50 cumpleaños inmerso en una crisis sin precedentes que ha provocado infinidad de reacciones desde todos los sectores -políticos y sanitarios–; la angustia de 1,5 millones de personas (funcionarios y sus familias); manifestaciones de sindicatos y una enorme convulsión entre las compañías aseguradoras. La salida de Adeslas, la compañía elegida por la mitad de los mutualistas, es el último capítulo de un convulso 2024 que ha dinamitado los cimientos de un modelo que se creía intocable.
Muface es el organismo público encargado de cubrir la asistencia sanitaria y farmacéutica, así como otras contingencias sociales (incapacidad temporal, situaciones de riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente parcial y gran invalidez, descendiente a cargo discapacitado, …) a los funcionarios adscritos. Hasta no hace tanto, un gran desconocido para la gran mayoría. Hoy, son pocos los que no han oído hablar de una mutualidad que da cobertura sanitaria a través de las aseguradoras a parte de los funcionarios que prestan servicios en España y en 123 países.
Aseguradoras que llevan mucho tiempo quejándose de que el modelo está infrafinanciado. Y advirtiendo al Gobierno de que, si no se le dotaba de mayor presupuesto, estaba abocado a su desaparición. Porque, desde hace ya mucho tiempo, el ‘runrún’ sobre esa posible quiebra ha sido constante. Entidades como el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas, advertían en 2023: el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante esa futurible desaparición sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros.
Manifestación de CSIF / N.S
El trasfondo, insisten desde hace ya mucho tiempo desde sindicatos como CSIF, mayoritario entre los funcionarios, es la histórica falta de inversión para mantener ese modelo de asistencia sanitaria. En abril de 2022, CSIF, junto a JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, y JUCIL, la organización con mayor representación en la Guardia Civil, presentaban los resultados de una encuesta donde recogían miles de quejas por los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios: hasta el 50% de los encuestados denunciaban que se les había recortado esa atención sin previo aviso.
Este viernes, el sindicato ha exigido «una reunión al Gobierno al más alto nivel para analizar la situación de la sanidad de nuestros funcionarios ante el rechazo de Adeslas a participar en el concierto». También, «que haga público con total transparencia: los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto; y el informe de la AIReF, que no puede demorarse más». A las aseguradoras, les solicitan «la máxima responsabilidad ante la gravedad de la situación. Durante años han colaborado con el modelo de Muface, por lo que les pedimos que no abusen de su situación«.
El año clave
2024 ha sido el año clave para Muface porque tocaba renovar el convenio -el actual vence el 31 de enero- para los próximos años con DKV, ASISA y Adeslas, sus tres aseguradoras. Con las compañías y los sindicatos calentando motores para que, llegado el momento, el presupuesto aumentara, el año ha estado marcado por un frenesí de acontecimientos, de tiras y afloja y de mensajes cruzados entre todos los implicados.
El primer gran acontecimiento de 2024, y no poco importante, es que con el inicio del año, Muface dejó de estar bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda y pasó a estar vinculado al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Primer mensaje de calma del entonces titular de esa cartera, José Luis Escrivá. El cambio «de dependencia orgánica no tiene ninguna consecuencia para los mutualistas, como ha ocurrido en anteriores ocasiones», señalaba al arrancar el año el ministro cuando Muface ya era un problema de dimensiones considerables.
El cataclismo
A su sucesor en el departamento, Óscar López, le ha tocado de lleno el cataclismo en la mutualidad. Se produjo un 5 de noviembre. Cuando DKV, ASISA y Adeslas dejaron desierto el concierto porque no les convenció la primera subida de la prima ofertada por el Gobierno, en octubre. El concierto 2025-2026 ofrecía a las compañías una prima del 17,12%, la mayor de la historia desde que existen registros homologables, reseñaba Función Pública, y que se distribuía en un 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026.
Las aseguradoras declinaron la oferta porque querían más. El peor escenario se cumplió y los mensajes que se venían lanzando desde distintos foros como, también, la patronal de la sanidad privada, sobre el fin del mutualismo, parecían cada vez más reales. La situación que se produjo con la espantada de las compañías fue inédita. Los cimientos de Muface temblaron de tal manera que obligaron al Gobierno a salir al paso en distintas ocasiones para contrarrestar ese mensaje apocalíptico.
Los pacientes
Pero la inquietud se fue contagiando entre funcionarios cada vez más angustiados por el futuro de su atención sanitaria y no hizo más que aumentar cuando, con las aseguradoras obligando al Gobierno a plantear una nueva licitación, el Ministerio de Sanidad dio un paso adelante y publicó un informe sobre el impacto que tendría la desaparición de Muface en la sanidad pública -por el trasvase de 1,5 millones de personas- proponiendo liquidar el modelo. «No es sostenible», concluía.
Apenas unos días después, algunas aseguradoras, como Adeslas, ya comenzaban a mandar mensajes de despedida a sus mutualistas, creando todavía mayor confusión en un final de año que ha sido de vértigo. Con denuncias por parte de CSIF sobre cómo esas compañías estaban empezando a dejar de atender a sus pacientes.
Para presionar aún más al Gobierno, el sindicato salió a la calle en vísperas de Navidad en una manifestación convocada en Madrid. Antes, lo hicieron sindicatos de otros trabajadores públicos. Cada uno por su lado, pedían lo mismo: dotar al modelo de mayor presupuesto para convencer a las aseguradoras de que firmaran el nuevo concierto.
Subida de la prima
La reacción del Gobierno para intentar salvar la crisis y garantizar la asistencia de los funcionarios pasó por autorizar, este diciembre, una nueva licitación del concierto con una subida de la prima de un 33,5 % en los próximos tres años. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. En total, 4.478 millones de euros.
Con esta dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. La prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027. En cuanto al concierto para la asistencia sanitaria en el exterior, el presupuesto asciende a 77,7 millones de euros.
Como novedad, se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes. Hasta que se adjudique el nuevo concierto, ha insistido hasta la saciedad Función Pública en las últimas semanas, los mutualistas tendrán garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales, en virtud del mecanismo de orden de continuidad de los servicios que contempla el artículo 288 a) de la Ley de Contratos del Sector Público.
El futuro inmediato
Además, el Gobierno ha hablado alto y claro. Muface, pese a todos los vaivenes vividos en estos meses, no se va a disolver y, eso sí, una vez solventada la urgencia de firmar el nuevo concierto para los próximos años, cuando llegue el momento, será el turno de abrir una reflexión sobre el futuro del modelo.
Sin embargo, y pese a las buenas intenciones del Ejecutivo, el final de esta crisis sanitaria no está escrito. El anuncio de Adeslas de este último viernes de 2024 de que no se presentará a la nueva licitación, ya que supondría asumir unos 250 millones de pérdidas en tres años -sí continuará prestando sus servicios sanitarios a Isfas, la mutualidad de los militares y Mugeju, la de los funcionarios de justicia- no hace más que generar mayor incertidumbre de cara a 2025 y esa firma pendiente. Un nuevo cataclismo.
La preferida
Adeslas participa en el modelo de colaboración con las mutualidades de funcionarios desde que se instauró en 1975. Es, de hecho, con datos de la propia compañía, de las preferidas de los funcionarios. La eligen el 47% de los empleados públicos -la otra mitad, de un total de 1,5 millones de personas se reparte entre DKV y Asisa- y sus beneficiarios. 800.000 personas, cifra la compañía. Su salida siembra aún más incertidumbre sobre el abismo al que está abocada la mutualidad.
Empleados públicos en una manifestación por Muface / N.S
«El plazo de licitación está abierto hasta mediados de enero», indican desde Función Pública tras conocer el abandono de esta aseguradora. Queda por saber qué responderán a la oferta del Gobierno, DKV y ASISA, las otras dos compañías. Si también rechazan la oferta del Gobierno, el caos puede ser absoluto. Por si acaso, Función Pública vuelve a lanzar un mensaje de tranquilidad: ya se ha activado el mecanismo de prórroga previsto en la Ley de Contratos del Sector Público de forma que se garantiza su cobertura con las condiciones actuales hasta que el convenio actual se sustituya por el nuevo», indican fuentes del departamento.
