«El puerto y aeropuerto de Barcelona son objetivos estratégicos fundamentales para el Estado, no olvidemos que fueron objetivo de Tsunami Democràtic en los disturbios del 2019«, argumentan en un comunicado nueve asociaciones profesionales de la Guardia Civil. La totalidad del asociacionismo sindical del instituto armado ha querido mostrar este viernes su unidad de acción ante las conversaciones de la Generalitat de Catalunya con el Ministerio del Interior para el traspaso a los Mossos de la seguridad de puertos y aeropuertos catalanes. En su nota difundida esta jornada muestran su «total y absoluta disconformidad» y anuncian el posible inicio de acciones legales.
Firman el comunicado AEGC, AUGC, IGC, Unión GC, ASES-GC, APROGC, Jucil, Unión de Oficiales y Unión de Cabos. En la primera consideración conjunta que difunden sobre el traspaso que se avecina, critican que «no obedece a necesidad alguna ni a razones operativas, sino a un mero intercambio político».
Las asociaciones recuerdan que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece en su artículo 12 que corresponde a la Guarda Civil «la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos».
Sobre mojado
Las asociaciones se han unido para combatir lo que consideran paulatina marginación de la Guardia Civil en la seguridad catalana. «Ahora el President de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia una nueva Junta de seguridad para principios del 2025 en la que pretende llegar a más acuerdos perjudiciales para el colectivo de la Guardia Civil¡», dice el comunicado, antes de pasar a advertir: «Esta convocatoria, y lo que en ella se acuerde, debe constreñirse a la legislación vigente en cuanto a la distribución de competencias policiales, en caso contrario, se considerará nula de pleno derecho».
El president de la Generalitat, Salvador Illa, habla con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el acto de toma de posesión del jefe de la Guardia Civil en Catalunya, en marzo pasado. / David Zorrakino – Europa Press
Para los guardias civiles destinados en Catalunya llueve sobre mojado. En el mismo comunicado los firmantes recuerdan precedentes recientes. En la última Junta de Seguridad de Catalunya, el pasado día 5, «se anunció el cese de las competencias, hasta ahora compartidas, del Seprona«, dicen en referencia al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que se aboca a «su extinción prácticamente total».
Esta medida se une a la del cierre de la unidad GEDEX (Expertos en desactivación de Explosivos) de LLeida y el Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) en el Pirineo de Girona.
Las asociaciones de la Guardia Civil aseguran que no es una junta local de seguridad el ámbito donde deben decidirse traspasos de competencias, sino el poder legislativo. Y entran en profundidad añadiendo que «actualmente, la Guardia Civil es uno de los pocos elementos vertebradores que unen a Cataluña con el resto de España, por lo que parece que lo que realmente se pretende con estos acuerdos sea la desconexión total de esta Comunidad Autónoma con nuestro país, con la consecuente desaparición de la representación del Estado».
Escasos efectivos
Si los Mossos d’Esquadra -que ya tienen comisaría y algunas competencias en la vigilancia de El Prat- asumen totalmente la seguridad del recinto aeroportuario y del Port de Barcelona, la medida se habrá tomado «a favor de unos pocos y en perjuicio de muchos», y sin considerar «el bienestar de los ciudadanos», critica este frente sindical de la Guardia Civil.
En su opinión no procede el traspaso porque el Cuerpo de Mossos «apenas tiene suficientes efectivos para paliar los altos índices de criminalidad» en Catalunya. Además «los puertos y aeropuertos de Cataluña perderían efectivos expertos en la materia mientras que la policía catalana, sin contar con policías suficientes, tendría que formarse para realizar las funciones necesarias», advierte el comunicado.
En repetidas ocasiones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que un traspaso de esa naturaleza solo se hará «con arreglo a la legalidad», y que en ningún caso se traspasarán competencias exclusivas de la PPolicía Nacional y la Guardia Civil, como es la custodia de la frontera, la documentación y admisión de extranjeros y el resguardo fiscal ante el contrabando.
Las entidades que se disponen a dar la batalla contra un acuerdo Illa-Marlaska deploran en su nota «la falta de escrúpulos a la hora de acordar que echen a miembros del cuerpo de la Guardia Civil de sus casa, de su tierra», y la «incertidumbre que respiran a diario» Los guardias, aseguran, son «moneda de cambio de nuestros dirigentes», miembros de un ente «rehén de los independentistas».
