La entrega del Govern balear de Francina Armengol a las iniciativas mercantiles de la presunta organización criminal del ministro José Luis Ábalos, y de su asesor íntimo Koldo García, llegó al extremo de retorcer la Constitución para favorecer los intereses de la trama. En un raro caso de unanimidad, el pleno del Tribunal Constitucional declaró el mes pasado la inconstitucionalidad y nulidad de las medidas impuestas en 2021 por el Govern para realizar pruebas masivas a la población. Los PCRs correspondientes habían sido adquiridos por una cifra millonaria a Eurofins Megalab, uno de los ramales del conglomerado que investiga el Tribunal Supremo.
El 17 de agosto de 2020 fue una jornada intensa para el Govern, en sus relaciones íntimas con Koldo. Una vez cerrada la entrega de cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas que no fueron reclamadas en tres años, la trama exigía su segundo bocado. El asesor de Ábalos se dirigía a la presidenta Armengol para que le suministrara el teléfono de la consellera de Sanidad, una conversación vía WhatsApp cerrada con el ya célebre «Vale, cariño, te mantengo informada de todo».
Pese a la urgencia de los dirigentes de Eurofins Megalab por cerrar un trato que acabaría reportándoles más de un millón de euros, los dirigentes del Instituto de Salud balear (IB-Salut) les advirtieron de que topaban con dificultades legales para imponer los test Covid. La medida se implantaría finalmente el 7 de mayo de 2021, a través del Decreto-ley autonómico 5/2021, que establecía un amplio repertorio de pruebas obligatorias a visitantes y residentes. El Constitucional ha anulado con una sola voz el artículo correspondiente, aunque sea con el retraso habitual en el intérprete de la Carta Magna.
El recurso de inconstitucionalidad contra el Govern Armengol fue interpuesto en la pasada legislatura por el Grupo de Vox en el Congreso. La ultraderecha moderada se hallaba autorizada para encabezar esta acción, dado que superaba la cifra de cincuenta diputados necesarios para actuar ante el Constitucional. El Tribunal ha acabado aceptando la mayoría de las pretensiones de nulidad, y en especial las ligadas al negocio de la trama de Koldo en Baleares.
Para justificar la contratación de más de un millón de euros en PCRs, el Govern tenía que promocionar los barridos masivos y en los puntos cruciales de acceso a la comunidad, como el aeropuerto de Son Sant Joan. El ariete del Constitucional se dirige contra el artículo 49 del Decreto-ley en dos puntos clave del negocio acordado con la trama, «Pruebas diagnósticas a todas las personas que presenten síntomas» y «Pruebas de cribado colectivas». La técnica empleada corresponde a la PCR. De este modo, se ha resuelto la inconstitucionalidad y nulidad del negocio millonario.
El propio Koldo García reconocía su labor de intermediario para la contratación de las pruebas de la Covid, asignándose por supuesto un papel destacado de garante de la salud pública. En sus palabras textuales al grupo que incluye este diario, «había una dificultad en los aeropuertos y se quería mantener la afluencia de turistas«. Frente a este comportamiento altruista, las autoridades de Baleares reconocían en 2020 que no se podían imponer las PCRs. De ahí el Decreto que excedía sus competencias.
A falta de determinar si la iniciativa correspondió a la trama de Koldo o al Govern, como pretenden los primeros, la compenetración entre ambos colectivos fue ejemplar. El ejecutivo presidido por Armengol, que había sellado con un expresivo «Súper» el apelativo de «Cariño» del asesor de Ábalos, anunció las PCR masivas en cuanto recibió las instrucciones al respecto de los ahora investigados.
La consellera y hoy diputada socialista Patricia Gómez no solo interrumpió sus vacaciones en pleno agosto de 2020 para atender a Ignacio Díaz Tapia, responsable de Eurofins Megalab también detenido e investigado por el escándalo. El mismo 17 de agosto en que Koldo ponía en marcha la maquinaria de sus contactos con el Govern, la conselleria efectuaba una batería de anuncios sorprendentes. Se anunciaba «la recomendación de cuarentena y prueba PCR para los ciudadanos que lleguen a la isla procedentes de los países con mayor incidencia del coronavirus». Sin poder coactivo.
El Constitucional no solo ha dejado en evidencia al pasado Govern por su relación íntima con la trama de Koldo. La nulidad alcanza al Decreto emanado de Armengol en capítulos que afectaban a las libertades, como el «Aislamiento y cuarentena de las personas afectadas», las «limitaciones de desplazamientos territoriales y en horario nocturno» o las «limitaciones del número de personas que se puedan reunir, tanto en espacios públicos como privados».
En el plano económico, los contratos de PCRs a la empresa predeterminada de Koldo fueron adjudicados a dedo, sin publicidad. Cuesta sostener la situación de emergencia en la segunda mitad de 2021, cuando la pandemia entraba en su declive.
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