El magistrado y jurista Joaquín Boch ha participado hoy en el programa Espejo Público para analizar la ideologización en la judicatura española, un tema que genera debate. Boch ha afirmado tras publicar en sus redes sociales su opinión respecto al tema que: «Solo dije algo que es evidente, todos los jueces tienen ideología. La cuestión es cómo esto influye en las resoluciones judiciales.»

El jurista, con más de 20 años de experiencia en juzgados de instrucción, mayoritariamente en Valencia, ha destacado que nunca se ha cuestionado su imparcialidad en su trayectoria, incluso en casos sensibles como los de corrupción. Sin embargo, ha subrayado que el verdadero problema surge cuando se analiza la posible influencia ideológica en relación con las vinculaciones de algunos jueces con fuerzas políticas.

«Se necesitan reformas estructurales profundas en el sistema judicial español»

Boch ha recordado las advertencias del Consejo de Europa sobre la judicatura en España: «Nos reprochan que el acceso a los altos tribunales, la cúpula judicial y el Tribunal Constitucional está marcado por fuertes injerencias partidistas.» Según el magistrado, este señalamiento pone en evidencia la necesidad de acometer reformas estructurales profundas en el sistema judicial español.

Entre las medidas que propuso, ha destacado la necesidad de modificar la configuración y el sistema de designación de la Fiscalía General del Estado, alejándolo de vínculos políticos. «España es única en Europa por este tipo de vinculación tan directa,» explicó.

Asimismo, ha criticado la falta de criterios objetivos de mérito y capacidad en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el acceso a los altos tribunales, lo que, según Boch, facilita la influencia de los partidos políticos. «Las principales fuerzas políticas deberían acometer las reformas estructurales que nos reclaman los organismos europeos».

Apela al consenso político para emprender las reformas necesarias

Boch ha puesto el foco en las consecuencias de la actual configuración del sistema: «La ausencia de criterios claros no solo genera desconfianza en la independencia del poder judicial, sino que también debilita la credibilidad de las instituciones.» Y ha concluido su intervención apelando al consenso político para emprender las reformas necesarias y garantizar la independencia de la justicia en España, un objetivo que, según él, debería ser prioritario para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.

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