Las familias de los menores que denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de monitores del Liceo Francés de Gran Canaria, ubicado en Telde, han pedido al juez que continúe con la búsqueda de vídeos o imágenes de contenido pedófilo en los ordenadores y dispositivos móviles de los tres principales investigados. Para ello, han encargado a una empresa externa que elabore una pericial informática exhaustiva que demuestre si existen archivos, borrados o no, en los que aparezcan las víctimas, de entre tres y cinco años de edad. La Policía Científica de Las Palmas no ha encontrado vestigios de las supuestas grabaciones de contenido sexual a alumnos del colegio en dos años de instrucción.
Lo que sí apareció en el disco duro intervenido a un informático del centro fueron 62 archivos de pornografía infantil posiblemente grabados en el extranjero que habían sido eliminados del dispositivo y en los que se observaba a una menor ajena al colegio. A la vista del hallazgo, una de las familias solicitó al Juzgado de Instrucción número 3 de Telde la adopción de medidas cautelares para evitar cualquier contacto del investigado y su pareja, que trabajan en el centro, con los alumnos.
Sin embargo, el magistrado instructor, Alejandro Navarro Hernández, rechazó adoptar dicha medida cautelar porque «los archivos localizados no guardan relación con ninguna de las presuntas víctimas que cursan o cursaban sus estudios en el Liceo Francés». El investigado, representado por el abogado Francisco Asensio del Pino, declaró que el disco duro pertenecía a su pareja, la cual confirmó que había sido un regalo por parte de un amigo informático que le había volcado el contenido de su ordenador anterior años atrás y, posiblemente, había añadido dichos archivos en el proceso.
La Consejería de Educación recibió una única denuncia y señala que la gestión del centro compete a Francia
En los ordenadores de los otros dos trabajadores investigados por los supuestos abusos, defendidos por los letrados Roque Esteban García y Sebastián Socorro Perdomo, la Policía Científica no halló ningún tipo de vestigio ni conversaciones entre ellos. La Policía Nacional cree que hay al menos siete víctimas, en su mayor parte de los que formaban parte del grupo de la siesta, y que hubo personas dentro del centro que actuaron para intentar acallar a los denunciantes.
La pericial informática a una empresa externa de investigación privada se lleva posponiendo desde el año pasado. El juez autorizó entregar a un perito de la entidad Quantika una copia forense del contenido de los dispositivos, pero las familias impugnaron el auto porque consideran que esta copia «presenta serias limitaciones».
En concreto, las acusaciones particulares y la Fiscalía señalan que las tecnologías de las que dispone la UFAM no son tan avanzadas como los de la entidad privada y creen que los medios propios de la empresa «pueden obtener datos que no se reflejen en el clonado efectuado por el Cuerpo Nacional de Policía». El magistrado alerta, no obstante, de que ceder los dispositivos electrónicos a esta empresa supondría una ruptura de la cadena de custodia.
Denuncias previas
El juzgado también ha remitido múltiples oficios a la Consejería de Educación, Universidades y Deportes del Gobierno de Canarias para que remitiera las denuncias y los expedientes recibidos e incoados sobre supuestos abusos en el Liceo Francés. La respuesta de la Consejería llegó en marzo, cuando informó al juez de que solo tienen constancia de un único escrito presentado por un menor y su madre, el cual ya figura como uno de los denunciantes.
Educación también matizó con respecto a este requerimiento que el Liceo es un «centro privado docente extranjero mixto» y que como tal está sometido en su funcionamiento a las autoridades de su país respectivo, en este caso Francia.
«A la Administración Educativa Española no le queda más que ciertas funciones inspectoras relacionadas con las condiciones físicas del establecimiento y la vigilancia e inspección de la parte correspondiente a las enseñanzas de la lengua y cultura españolas, es decir, lo correspondiente al currículo de las mismas y el control de los requisitos de titulación del profesorado que la imparta. Por tanto, la intervención de la Consejería en este tipo de centros es casi nula o está muy limitada», añade la respuesta de la Consejería.
Los forenses no hallan restos biológicos de los investigados
Las pruebas genéticas forenses que se practicaron a dos de las menores que refirieron haber sufrido abusos sexuales por parte de los investigados concluyeron sin la detección de ADN de origen masculino que permitiera identificar a ningún individuo. En un informe ampliado a comienzos de este año, se señala que el único perfil genético que se pudo obtener en el análisis es femenino. Cabe apuntar, sin embargo, que las agresiones sexuales solo dejan rastros biológicos entre un 20 y un 30% de los casos.
Los padres de uno de los menores que denunció los hechos también impugnaron el informe forense de la exploración psíquica de su hijo, que descartaba la verosimilitud de su testimonio. Su letrada tacha el informe de «sesgado» porque «solamente dan crédito al único menor que habló bien» de uno de los investigados y «rechaza los del resto».
Algunas de las familias han optado por presentar informes psicológicos de empresas privadas, que han fallado en sentido contrario y ven incluso una mala praxis por parte de las forenses que examinaron a los denunciantes. Los profesionales externos han considerado que sus declaraciones son compatibles con experiencias reales vividas.
