El primer informe sobre los profesionales que se dedican a la salud pública en España –realizado por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las comunidades autónomas- dibuja un retrato preciso de un colectivo heterogéneo y con ocupaciones muy diversas. Son un total de 8.583 personas que trabajan en campos que van desde la vigilancia epidemiológica a la seguridad alimentaria, pasando por la medicina preventiva en hospitales, la salud ambiental o la laboral. Casi la mitad, son veterinarios.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto en valor en distintas ocasiones la importancia del trabajo que realizan los especialistas en salud pública. Un trabajo que fue fundamental en un contexto como el de la pandemia del coronavirus. Más recientemente, la emergencia derivada de las inundaciones provocadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, llevó a su departamento y a la Consellería de Sanitat a activar un protocolo de vigilancia epidemiológica.
Un plan que incluyó una evaluación diaria de la situación para detectar de forma precoz cualquier brote de infección en las zonas afectadas y controlar su evolución. Un momento que la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) aprovechó para, una vez más, llamar «a la acción inmediata para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) que ya acumula trece años de retraso.
La ley de para su creación ha estado en tramitación parlamentaria durante varios meses y recientemente se han cerrado todas las enmiendas presentadas por los diferentes partidos políticos. Sin embargo, por ahora, sigue sin ser una realidad. La importancia de esta entidad, incide SESPAS, sería mejorar la coordinación entre las administraciones públicas, compartir información sanitaria crítica y evaluar las políticas de salud para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia.
Los profesionales
Entre los datos más significativos del estudio que ha publicado Sanidad sobre quienes se dedican a la salud pública, a finales de 2022 había un total de 8.583 plazas con funciones técnicas (no se incluyen las plazas con funciones administrativas) en las plantillas de las 17 comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla. De estas, según los datos aportados por 11 regiones (Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Melilla), 416 (4,8 %) estaban vacantes y 8.167 (95,2%) ocupadas (con relación laboral indefinida o temporal).
El 49% de las plazas, del total de la plantilla, se destinan a seguridad alimentaria; el 14% a salud ambiental; el 8% a vigilancia epidemiológica; el 6% a medicina preventiva en hospitales, el 5% a prevención de enfermedades y el 4% a promoción y educación para la salud. El resto se dedica a otras funciones. En seguridad alimentaria y salud ambiental, al realizar funciones de control oficial en establecimientos, instalaciones, actividades y productos, se requiere un mayor despliegue en el territorio, remarca el trabajo.
De las 8.167 plazas ocupadas la mayor parte de los profesionales son titulados en veterinaria (43%, 3.492 personas), seguido de farmacia (19%, 1.587 profesionales), Medicina (12%, con 974 profesionales) y enfermería (10%, con 811). El resto incluye, otras profesiones sanitarias con titulación superior (6%), otras profesiones no sanitarias (6%) y otras profesiones sanitarias de FP.
Seguridad alimentaria
Por áreas, seguridad alimentaria es uno de los apartados que más ocupa a los profesionales de salud pública. A finales de 2022, existía una plantilla de 4.112 profesionales con funciones técnicas en este campo en el conjunto de las comunidades, de las que 133 (3.2%) están vacantes y 3.979 (96.8%) ocupadas. De las 3. 979 plazas ocupadas, el 81% lo están por veterinarios y el 12% por farmacéuticos. El resto está integrado por otras titulaciones.
Salud ambiental, con 1.216 plazas en todas las comunidades autónomas, de las que 39 (3,2%) están vacantes y 1.177 ocupadas (96,8%), es otro de los apartados donde trabajan más especialistas de salud pública. De las 1.177 plazas ocupadas, el 80% lo están por titulados en farmacia y el 10%, en veterinaria.
Existen, por otro lado, 710 plazas estructurales con funciones de vigilancia epidemiológica, de las que 661 (93,1%) están ocupadas y 644 (90,7%) lo están de manera efectiva en las funciones para la que fue creada la plaza. Las titulaciones dominantes son medicina (49%) y enfermería (34%). De los titulados en medicina, el 43% son especialistas en medicina preventiva y salud pública.
Economía de escala
Además, el informe determina que, si se habla de profesionales, a excepción de la medicina preventiva, en el resto de las áreas se produce un efecto de ‘economía de escala’. Sanidad detalla que esto significa que la ratio de profesionales por 100.000 habitantes disminuye a medida que aumenta el censo o el tamaño de la comunidad. Esta conclusión «imposibilita el establecimiento de una ratio común» para todas las regiones, haciendo necesaria una ratio específica para cada una, ajustada a su censo o superficie, se precisa.
El informe también destaca la influencia del territorio en ciertas áreas. Mientras que el censo influye significativamente en la ratio de profesionales dedicados a la atención a la comunidad (vigilancia epidemiológica, prevención, promoción de la salud, etc.), la superficie de la comunidad tiene un mayor impacto en seguridad alimentaria y salud ambiental, debido a las funciones de inspección y control oficial que estos profesionales realizan sobre el territorio.
Un punto de partida
Para Sanidad y las comunidades, el trabajo, el primero de sus características, representa «un punto de partida fundamental para que los gestores sanitarios puedan extraer conclusiones y mejorar la dimensión de las plantillas de profesionales de salud pública«. De hecho, el grupo encargado de su elaboración continuará trabajando para actualizar periódicamente estos datos, «garantizando así una monitorización constante de los recursos humanos en el ámbito de la salud pública«.
Entre las conclusiones del trabajo, presentado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión del 13 de diciembre de 2024, que la heterogénea organización de los servicios en las comunidades, con la participación de las consejerías, servicios autonómicos de salud o de organismos autónomos, «dificulta disponer de información fácilmente accesible y actualizada de las plantillas y titulaciones en la administración autonómica».
Además, se señala que «es habitual que el personal dedicado a salud pública ejerza sus funciones en diferentes áreas. Citan como ejemplo que «las personas dedicadas a vigilancia epidemiológica suelen tener asignadas también tareas de prevención y promoción. Las dedicadas a seguridad alimentaria y salud ambiental, en ocasiones comparten algunas funciones.»
