La última fase de la reforma de las pensiones diseñada por el anterior ministro de Inclusión y Seguridad Social y hoy presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, entra en vigor este próximo 1 de enero. En 2025 se terminarán de activar las palancas previstas en la reforma para aumentar los ingresos de la caja común y generar un excedente que vaya directo a la hucha de las pensiones, con el que financiar las tensiones que provocará el progresivo retiro de los ‘baby boomers‘.
Las nuevas obligaciones y el incremento de cotizaciones ya existentes llevarán a la Tesorería General de la Seguridad Social un total de 1.729 millones de euros adicionales el próximo año, según las proyecciones elaboradas por el ministerio hoy dirigido por Elma Saiz. Concretamente, a través de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), de la nueva ‘cuota de solidaridad’ y de algunas modificaciones de menor afectación sobre el sistema, empresas y trabajadores pagaran un total de 5.799 millones de euros; frente a los 4.070 millones recaudados a través de esas mismas palancas.
La principal novedad que entra en vigor este 1 de enero del 2025 es la bautizada como ‘cuota de solidaridad’, que viene a ser un gravamen sobre los salarios de más de 4.909,50 euros brutos al mes. Concretamente, recaudará entre un 0,9% y un 1,2% de ellos, dependiendo de cómo de alto sea el salario, sobre la parte de nómina que exceda la base de cotización máxima. Y es que en España no cotiza todo el salario y a partir de esos 4.909 euros el excedente no contribuía, hasta ahora, a la Seguridad Social.
Esa ‘tasa’ de solidaridad -que a diferencia de otras cotizaciones no genera derechos a futuras prestaciones de quien la paga- prevé llevar a la Seguridad Social unos 400 millones de euros en 2025, su primer año de vigencia. ¿Quién la pagará? Principalmente tendrá efecto en grandes empresas, lo asumirán las corporaciones, no lo profesionales, y, en buena parte, se centrará en determinadas profesiones, como sanitarios, industriales y altos funcionarios.
Esta medida tendrá un impacto muy concreto y en estratos de elevados ingresos, si bien hay otros cambios que también entran en vigor el año que viene cuyo efecto será transversal. Es el caso de la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta es una cotización especial que puso en marcha el Gobierno hace dos años, la pagan todos los asalariados y representa un repunte temporal -de varias décadas- sobre las cotizaciones que mes a mes pagan empresas y trabajadores.
En 2024 ha supuesto un aumento de 0,7 puntos sobre el total de cotizaciones. En 2025 este recargo sube a 0,8 puntos. El coste se lo reparten entre compañías y empleados, si bien la mayor parte lo asumen las primeras. A través del mismo, el Ejecutivo recaudará 4.403 millones de euros en 2025, unos 690 millones más que en 2024.
Las arcas de la Seguridad Social apuntan, si se cumplen las proyecciones del Ministerio, a un ejercicio de recaudación récord, aupada por estas nuevas palancas y sostenida por el buen momento que vive el mercado laboral. En el último año, España ha sumado casi medio millón de ocupados y está en máximos de actividad laboral. Más cotizantes, en algunos casos con mejores empleos y salarios, que llevan más cotizaciones a la caja común. En total, en 2025 la Seguridad Social prevé ingresar a través de cotizaciones un total de 166.420 millones de euros, un 6,3% que en 2024.
Hucha de las pensiones
Parte de esos ingresos irán destinados al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o más conocido como la ‘hucha de las pensiones‘. Este es un depósito que pretende volver a alimentar el Gobierno para tener un colchón con el que financiar las futuras tensiones que provocará el progresivo retiro de los ‘baby boomers‘. Estos son más numerosos que las generaciones posteriores, vienen con mejores sueldos y con carreras laborales, de media, más estables. Es decir, llevan ahora más dinero a la caja común de la que llevarán sus sucesores. Y habrán generado el derecho a cobrar una pensión relativamente ‘alta’, en comparación con las posibilidades futuras del sistema público.
Para compensar esos diferenciales, además de los nuevos ingresos periódicos, la Seguridad Social quiere tener esa hucha alimentada. A mediados de 2024 el Fondo de Reserva superaba los 7.000 millones de euros. Una cantidad modesta, teniendo en cuenta que llegó a acumular 66.815 millones de euros en 2011, antes de que los gobiernos del PP la vaciaran para costear otras necesidades. Para ponerlo en perspectiva, pagar las pensiones un mes le cuesta al Estado alrededor de 12.000 millones de euros.
La pretensión del Gobierno es seguir alimentando esa hucha en los años venideros y el objetivo es finalizar la presente legislatura con un saldo acumulado de 25.000 millones de euros.
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