Algunos voces ya avisaban del peligro que podría suponer para la estabilidad del Gobierno la tensión creciente entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts. Una escalada dialéctica por la cuota independentista que se palpa en cada Pleno en el Congreso de los Diputados. La batalla se ha recrudecido con la inclusión de dos nuevos actores, ensanchando los frentes hasta contagiar a las fuerzas vascas que, hasta la fecha, observaban desde la barrera. El frente vasco-catalán, sumado a la nueva estrategia de Podemos, constata la debilidad del ensamblaje de una legislatura a la que ya amenazan con “mayorías alternativas”.
Concretamente Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), dio viabilidad a esta posibilidad que en otro tiempo se antojaba remota. Cristalizó en el Pleno de este jueves, el último del año, cuando nacionalistas vascos y catalanes sumaron sus votos a los del Partido Popular y Vox para derogar el impuesto energético. Si bien es cierto que fue una eventualidad, sirvió como aviso directo al Palacio de la Moncloa en pleno escenario previo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y otras iniciativas. Lo cierto es que hasta esta jornada no se alcanzaron los 183 escaños de esa “mayoría alternativa”. Sí se ha reproducido la misma suma sin la cuota jeltzale. Máxime desde que Carles Puigdemont escenificó su hartazgo para con el PSOE.
Desde entonces, Génova ha reorientado su estrategia en un intento desesperado por cortejar a Junts, que por el momento enfrían la vía de la moción de censura. También lo hace el propio Partido Popular, consciente de que aún no se dan los condicionantes para presentarla. Sobre todo, porque el PNV mantiene su tradicional pragmatismo con el Estado. Así lo explica su portavoz parlamentario, que viste de coyuntural la votación de este jueves, pero sin cerrar la puerta a que esta “mayoría alternativa” pueda coaligarse de nuevo.
Soberanistas vs nacionalistas
El punto de fricción al margen de la clásica guerra por el relato territorial ha sido el impuesto a las energéticas. Iniciativa que Moncloa incluyó en la reforma tributaria de María Jesús Montero y que provocó una negociación intempestiva y de cafés largos en la Carrera de San Jerónimo. Hacienda, a dos bandas, trató de contentar a todos y lo consiguió. Sacó adelante el paquete fiscal tanto en la comisión de Justicia como en el Pleno, pero el compromiso adquirido de armar una suerte de comisión de seguimiento con todos los aliados de la investidura fracasó en la primera cita, con el previsible descuelgue tanto de Junts como de PNV.
El alejamiento del bloque de investidura era algo que podría presagiar. De hecho, desde el frente soberanista se avisaba incluso en los primeros compases de esta legislatura. ERC nunca ha escondido su desconfianza hacia Junts, incluso vaticinaban no sólo que acabaría votando con el PP y con Vox cuestiones puntuales, sino que construirían una alianza para una eventual moción de censura y posterior acuerdo de Gobierno. El portavoz de los republicanos en Madrid, Gabriel Rufián, lo tiene claro y lo ha repetido hasta la saciedad. Ahora no iba a ser menos, precisando a través de Twitter que los neoconvergentes tienen en los medios catalanes su particular túnel de lavado para “blanquear” cualquier atisbo “reaccionario” de los de Carles Puigdemont.
Por eso, en el seno del bloque soberanista no sorprende en absoluto esa mayoría alternativa. Fuentes parlamentarias próximas a ERC, EH Bildu y BNG daban por hecho la alianza a cuatro entre PNV, Junts, PP y Vox para tumbar el gravamen energético. Un escenario que previeron en las negociaciones con Hacienda y el motivo por el cuál se luchó porque se garantizase vía real decreto ley, aunque ese camino también se cuenta como un futuro fracaso porque los números seguirían sin dar salvo que Moncloa se guarde algún conejo en la chistera.
La legislatura se complica
Precisamente este desmán en el bloque de la investidura pone en jaque los próximos tres años; comenzando por los Presupuestos Generales del Estado para 2025. El Gobierno, a través de Pedro Sánchez, asumió el compromiso de presentar las Cuentas Públicas en el primer trimestre del año. Será esta la verdadera prueba de fuego del Ejecutivo. Un termómetro del estado real de una alianza que se desgarra en asuntos ideológicos y económicos abriendo un frente de confrontación en el momento más delicado.
A este escenario se sube también Podemos, cuya líder, Ione Belarra, abrió fuego indiscriminadamente contra el PNV al calificarlo como el “partido de Repsol”. Los morados reinventaron su estrategia para convertirse en el Junts a la izquierda del PSOE. Es decir, cada iniciativa tiene su negociación, aunque menos tajantes que los neoconvergentes, quienes rehúyen de bloques y reivindican como su autonomía lejos del acuerdo de la investidura.
Con todos estos ingredientes encima de la mesa, Sánchez tiene que preparar los fogones para guisar unos presupuestos pluscuamperfectos. Sin cuentas públicas, será complicado que el presidente del Gobierno pueda evitar a la larga un adelanto electoral. No obstante, a su vez, el proyecto presupuestario medirá asimismo la deriva ideológica que tomará el resto de la legislatura; sobre todo en un momento en el que la apuesta grande de cada jugador ha subido.
