El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) reveló que no había detectado ningún mensaje en el móvil o en el ordenador del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante los días de marzo de este año en los que se produjo la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y esto ha llevado al Partido Popular a cargar contra el propio fiscal y el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándoles de haber eliminado los mensajes a propósito.
Pero a la vez que critican a García Ortiz por el borrado de mensajes que él mismo ha asegurado que lo hizo por razones de seguridad, desde el Partido Popular se han olvidado del borrado masivo que hizo su informático de los ordenadores del extesorero popular Luis Bárcenas.
En concreto, el que fuera responsable informático del PP, José Manuel Moreno, dijo en 2016 ante el juez que borró 35 veces los discos duros de los ordenadores usados por Luis Bárcenas, y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden del asesor jurídico del partido, Alberto Durán.
Moreno señaló la misma versión que Durán y la tesorera del PP en aquel entonces, Carmen Navarro, que habían declarado anteriormente y defendieron que el borrado se hizo según el protocolo del partido y sin que hubiera ningún archivo en los ordenadores.
El responsable informático del PP hizo hasta 35 borrados de los discos duros, los rayó, los rompió y los tiró a la basura, utilizando “el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”. Además, manifestó que, aparte de Bárcenas, también ejecutó el borrado de otros directivos que ya no estaban en el PP hasta en ocho ocasiones.
Según explicó Luis Bárcenas ante la juez, los discos duros de sus ordenadores guardaban documentos que acreditaban la contabilidad B del partido como un listado de todos los donantes del Partido Popular en los últimos años o informes de las reuniones que Bárcenas y el extesorero Álvaro Lapuerta mantuvieron con estas personas.
También contenían recibís de pagos efectuados con la caja B del PP en tiendas como Loewe o en sastrerías. Otro de los archivos daba cuenta, según Bárcenas, de los detalles presupuestarios de campañas electorales del partido en que aparecía un déficit que normalmente se cubría con dinero procedente de la caja B. Toda esta información, sin embargo, habría sido eliminada cuando se destruyeron los discos duros.
El PP carga contra García Ortiz y el Gobierno
El Partido Popular, al transcender el informe de la OCU tras el examen de los dispositivos de García Ortiz, no ha tardado en cargar contra el fiscal general y el Gobierno de Pedro Sánchez. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, acusó al presidente del Gobierno de “tomar a los españoles por tontos” y le advirtió que aunque borren los mensajes del fiscal general del Estado, “no se borran las imputaciones”.
“Si los mensajes han sido borrados, lo que no nos tiene que decir es que borremos las imputaciones”, subrayó Gamarra, añadiendo que no es que “no hubiera mensajes”, sino que “los mensajes han sido borrados”.
También Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, señaló que hubo “obstrucción a la justicia con el borrado de mensajes”. “Es la primera prueba de que hay tema”, añadió.
“Es escandaloso que el fiscal general del Estado oculte pruebas. Nadie se cree en nuestro país que desde una fecha hasta otra hubiera cero mensajes”, dijo en el mismo sentido Bendodo.
La polémica que rodea a García Ortiz figura en torno a la investigación por la filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso trataba de alcanzar un pacto con la Fiscalía tras reconocer haber defraudado más de 350.000 euros a Hacienda.
Ante la falta de pruebas que incriminen al fiscal general del Estado en la filtración de este correo, Pedro Sánchez ha exigido una rectificación y las disculpas de quienes han exigido “sin pruebas” la renuncia del fiscal por filtrar el correo.
La propia Fiscalía General ha reconocido que García Ortiz borró los mensajes contenidos en su teléfono móvil entre el 8 y el 14 de marco de 2024, que fue el periodo delimitado por el magistrado para la realización del informe. Según las explicaciones del ministerio público, no se hizo de forma específica respecto a esos mensajes concretos relativos a la causa por fraude a Hacienda abierta contra González Amador, sino como parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su móvil.
