El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Jorge Pueyo, ha trasladado esta semana al Congreso de los Diputados la campaña Docentes Decentes, promovida por las madres y padres del Instituto de Educación Secundaria Goya de Zaragoza para que se reforme la legislación para impedir que condenados por violencia de género o familiar puedan trabajar con menores de edad.
El pasado 18 de noviembre familias, alumnado y personal docente se concentraron a las puertas del Instituto de Educación Secundaria Goya de Zaragoza para denunciar que un profesor, condenado por maltrato a su exmujer y a sus tres hijos en 2019, esté impartiendo clases en este centro. A través de una campaña de change.org se han alcanzado más de 35.000 firmas para pedir un cambio legislativo que impida que este tipo de situaciones se puedan repetir.
Las familias se cuestionan qué valores puede inculcar una persona condenada por estos delitos a adolescentes a quienes habría que concienciar sobre la violencia de género, las agresiones sexuales o el ‘bullying’.
Por ello, las familias proponen que se modifique el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para que además de exigir al personal que trabaja con menores la presentación de un Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, también se exija un Certificado Negativo de antecedentes penales, que incluya condenas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar ampliando así las garantías de seguridad.
Por ello, el diputado Jorge Pueyo, junto con la diputada Engracia Rivera, ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno de España en la que le insta a aclarar si tiene previsto abordar la reforma de la legislación para evitar que las personas condenadas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar puedan trabajar con menores de edad.
