La amnistía urbanística es el Gordo de Navidad que el Govern de Marga Prohens ha tenido a bien conceder sin necesidad de sorteo a un mínimo de 30.000 infractores, propietarios que un día decidieron saltarse la ley alegremente y levantar sus edificaciones en suelo rústico protegido. Y una bofetada descomunal a todos los ciudadanos que se ajustaron a la legalidad y sus prescripciones. Y que lo hicieron por obligación moral o ética, por respeto a los valores territoriales o medioambientales que la ley pudiera defender o simplemente por miedo a cometer una infracción urbanística y sufrir su sanción asociada.

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