Nuevo giro en el caso de Begoña Gómez, pero en este caso no es un avance en contra de la esposa del presidente del Gobierno, sino una presunta mala praxis por parte del juez que instruye la causa. Según adelantaba La Hora de TVE este mismo viernes, a pocas horas de que preste declaración la asesora de Moncloa, Juan Carlos Peinado habría modificado la versión de la testigo Sonsoles Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), con el fin de imputar al directivo del centro, el ex consejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Una acción que atenta contra el ordenamiento jurídico y que vulnera varios delitos, entre ellos el artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), según ha apuntado al mismo programa el catedrático en Derecho Procesal Jordi Nieva. “Es muy grave”, apuntaba.
El matinal de la televisión pública estatal desvelaba este viernes, a través de unos audios a los que ha tenido acceso en exclusiva, que el juez Peinado puso en boca de la testigo unas palabras que jamás llegó a expresar. Tampoco en sede judicial. Gil de Antuñano remarcó en su declaración que contrataron a Gómez por su currículum profesional, no por ser la esposa del presidente del Gobierno, tal y como expuso el instructor cuando le tomó la declaración a Güemes.
El programa de TVE recoge que el directivo del IE negó lo expresado por el magistrado y, como consecuencia, este lo imputó. «La directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien dijo que había que formalizar el contrato y la motivación fue por ser la esposa del presidente del Gobierno. ¿Esto es así?«, le preguntó el magistrado en los Juzgados de Plaza de Castilla, a lo que Güemes contestó que dio la orden para contratar a Gómez porque era “el superior jerárquico”, negando que su decisión viniera de la mano de que ésta fuera la esposa del jefe del Ejecutivo central.
Contra la Lecrim
En el mismo programa, en el marco de la noticia en cuestión, se entrevistaba a Jordi Nieva, un catedrático en Derecho Procesal. En su intervención destacó que la actuación del juez Peinado contrasta con el artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que establece que un magistrado “no puede hacer preguntas sugestivas ni capciosas, ni utilizar amenazas o engaños”. En este contexto, puso en cuestión la praxis de Peinado, quien hizo una pregunta a un testigo afirmando que otro testigo había dicho algo que en realidad no había dicho.
Jordi Nieva, magistrado de Derecho Procesal, sobre el caso Begoña Gómez:
«Hay tanta diferencia entre lo que se dice en una declaración y lo que el juez dice que se ha dicho, que es difícil de creer que ha habido una confusión» #LaHora20D https://t.co/W2XU5eYJ5O pic.twitter.com/LDXKyRa6VB
— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 20, 2024
Aunque podría ser difícil argumentar que el juez se equivocó, en otro testimonio se preguntó a la directora de recursos humanos si había una cláusula de conflicto de intereses firmada debido a que Begoña Gómez era esposa del presidente del Gobierno. La respuesta fue afirmativa, pero esa situación no era lo mismo que afirmar que fue contratada por ser la esposa del presidente.
El juez, sin embargo, interpretó la declaración de otra manera, incluso insistiendo con términos como «motivación«. La diferencia entre lo que se dijo en la declaración y lo que afirmó el juez fue notable, lo que dificultaba comprender “si realmente hubo confusión”. Si hubo un engaño, sería un “asunto grave”, ya que no solo se vulnera una norma de la Lecrim, sino que se actuaría en contra de lo que establece el ordenamiento jurídico.
En respuesta a esto, Güemes señaló que había dado la instrucción para formalizar el contrato de Begoña Gómez, pero que no fue contratada por ser la esposa del presidente. Ante estas declaraciones, el juez instructor suspendió la declaración de Güemes, cambiando su estatus de testigo a investigado.
