El Gobierno se prepara para hacer auténticos malabarismos legislativos para tratar de sacar adelante al menos parte del aluvión de medidas que retende aprobar en el Consejo de Ministros del próximo lunes, el último del año. El Ejecutivo se dispone a trocear en varios decretos leyes independientes las iniciativas de fin de año para tratar de sortear el complejo juego de vetos cruzados a unas y otras medidas de sus socios parlamentarios, con el ala izquierda exigiendo unas y con PNV y Junts pretendiendo tumbar otras (el rechazo a todo de PP y Vox se da por descontado).
El Gobierno pretende aislar en un decreto exclusivo la polémica prórroga del impuesto extraordinario a las grandes energéticas. Con ello, cumplirá su compromiso con ERC, Bildu, BNG y Podemos de aprobar la prolongación del tributo, pero la medida acabará muriendo en el Congreso de los Diputados pocas semanas después por el rechazo frontal de PNV y Junts. Hace falta el apoyo de todos para sacar la medida adelante, y fuentes gubernamentales dan casi por descartado conseguirlo (tanto que el Ministerio de Hacienda pretende una treta legislativa para retrasar la entrada en vigor de la prórroga hasta febrero, y así que no sea efectiva antes de que rechace convalidarla la mayoría el Congreso).
Asumido que el impuesto a las grandes energéticas caerá por el veto de PNV y Junts, el Gobierno maniobra para poder salvar otra medida clave como es la subida del impuesto al diésel comprometida con la Unión Europea. Hacienda incluirá el alza de la fiscalidad del gasóleo en otro real decreto ley independiente para conseguir sacarlo adelante al tener que convalidarse en una votación distinta, y con muchas posibilidades -en este caso sí- de recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios que respaldaron la investidura del Gobierno de coalición progresista de PSOE y Sumar, según confirman fuentes gubernamentales conocedoras de la situación.
El Gobierno optará por dos decretos diferentes para subida al diésel e impuesto a las energéticas a pesar de que Podemos ha exigido que vayan ambas medidas en una sola norma. Los nacionalistas vascos, por su parte, avanzan que «en principio» no se opondrán a la equiparación fiscal del diésel, como ya hicieron en la comisión de Hacienda del Congreso, pero siempre que se desvincule de las energéticas.
La subida del diésel que viene
La Unión Europea lleva años reclamando a España la igualación de los impuestos que se cargan al gasóleo con los de la gasolina, para avanzar en la fiscalidad verde y para acabar con la tributación más baja de la que se beneficio históricamente el diésel en el mercado español. Y ahora es una las medidas pactadas con Bruselas para culminar la reforma fiscal que quedó a medias en las Cortes el pasado noviembre y, con ello, para que la Comisión Europea dé vía libre al quinto pago de fondos europeos (por otros 7.200 millones de euros).
La propuesta que manejaba el Gobierno como parte del paquete fiscal, y que en principio es la que se mantendrá en el real decreto ley que se aprobará la próxima semana, pasa por elevar el tipo general del impuesto especial de hidrocarburos que se aplica al diésel desde los 0,307 euros por litro hasta los 0,40069 euros/litro. Una revisión que se traduciría en una subida inicial de 9,37 céntimos por litro, pero que sería de 11,33 céntimos en el precio final de cada litro una vez que se aplique también el IVA.
El alza no se aplicaría al gasóleo que consumen los profesionales de sectores del transporte, tanto de pasajeros como de mercancías. Hacienda calcula que la subida al diésel, que entraría en vigor no con carácter inmediato sino a partir del 1 de abril de 2025, conllevará un incremento de la recaudación de entre 1.200 y 1.400 millones de euros.
Otro decreto para el escudo social
El Gobierno ultima también un decreto ómnibus para aprobar en el último Consejo de Ministros del año la prolongación de algunas de las medidas del denominado escudo social. No todas, al considerar que han decaído las causas que lo impulsaron por la bajada de la inflación. Pese a las presiones de algunos socios, el Ministerio de Hacienda parece dispuesto a aguantar la presión y apuesta por seguir soltando lastre, en línea con las exigencias también de la Comisión Europea, para disminuir progresivamente las ayudas extraordinarias anticrisis y, sobre todo, evitar su carácter generalizado.
Fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno justifican que no pueden cronificarse este tipo de “medidas antiinflación” que en su momento se aprobaron con un carácter temporal y extraordinario. La actual coyuntura económica, según argumentan, nada tiene que ver con la de febrero de 2022, cuando se inició la guerra. “Los motivos del decreto han decaído”, concluyen estas mismas fuentes tras señalar que ahora la inflación está “por debajo del 3%” (2,4% en noviembre) y la senda es descendente.
Las subvenciones al transporte, por ejemplo, se prorrogarán, pero fuentes próximas a la negociación apuntan a que el nivel de ayudas podría reducirse un 10%. Desde el Ministerio de Transportes avanzan que todavía se están cerrando los detalles sobre el paquete de medidas. Entre la prioridad de sus socios de investidura, como ya han trasladado desde EH Bildu, se encuentra mantener la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, así de los cortes de suministros básicos como la luz, el agua y el gas.
Con la posibilidad de sumar los apoyos parlamentarios suficientes para convalidar el decreto ómnibus aún en el aire, también lo están algunas medidas cruciales (como la revalorización de las pensiones) y la prórroga de algunas de las ayudas del escudo social (como el IVA cambiante de la luz, las subvenciones al uso del transporte público, la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros básicos o las ayudas extraordinarias a la gran industria para bajar su factura eléctrica, entre otras).
