La tramitación del pacto fiscal del Gobierno, uno de los acuerdos clave para dar certidumbre a la legislatura en plena negociación presupuestaria, provoca daños colaterales a la mayoría de Pedro Sánchez. Después de la alianza exhibida en el Senado este martes por la noche – el PP aceptó dos enmiendas de Junts y los independentistas, a cambio, se absutvieron en el resto de modificaciones- el partido de Alberto Núñez Feijóo podría explotar aún más la ruptura del bloque de investidura en las próximas horas. La clave está en la votación que se producirá este jueves en el Congreso.
El PP incorporó un paquete de enmiendas al proyecto de ley gracias a su mayoría absoluta en el Senado y lo justificó por «el alivio fiscal» que cifran en 8.700 millones de euros. En total, dos docenas de modificaciones donde el PP incluye rebajas del IRPF a jóvenes y pymes, exenciones concretas a las ayudas por la DANA de Valencia o la apuesta por destinar la recaudación del impuesto de la banca a la bajada de hipotecas. Pero hay otra enmienda, la número 54, que amenaza con dar un quebradero de cabeza al Ejecutivo y desatar fuertes turbulencias con sus socios. Un seísmo cuyo alcance está aún por determinar.
Esa enmienda en particular, aprobada ayer en el Senado y que se vota solo en unas horas en el Congreso definitivamente, incluye derogar el artículo 1 de la ley 38/2922, aprobada por el Gobierno tras la guerra de Ucrania y que establecía los impuestos temporales y extraordinarios a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. En concreto, el apartado que el PP quiere eliminar regula el gravamen temporal a las empresas energéticas, cuya prórroga está ahora en discusión.
La enmienda, de salir adelante, supondría la supresión de ese gravamen, que precisamente los socios de la izquierda exigen a Sánchez prorrogar antes de que acabe el año. Si finalmente PNV o Junts se suman a esta enmienda, algo que a día de hoy no descartan los populares, este impuesto quedaría sin efecto, con importantes consecuencias a nivel de Gobierno.
Y es que esta derogación tendría efectos a futuro, ya que impediría la prórroga de este gravamen por la vía del real decreto ley en Consejo de Ministros, dinamitando sus planes inmediatos y torpedeando el compromiso al que el PSOE llegó con sus socios, tanto con ERC y Bildu por una parte, como con Podemos, por otra. Es decir, supondría cerrar la única vía legislativa que el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa a día de hoy para dar por cumplidos los acuerdos con sus aliados en el Congreso e impediría que este gravamen pudiera extenderse a 2025.
Los movimientos del PP
El PP ha encontrado en la reforma fiscal un filón para desestabilizar la mayoría de Sánchez, ante la fractura del bloque de investidura y las políticas económicas más conservadoras que exhiben PNV y Junts. La última ocasión fue este mismo martes en el Senado, cuando los populares apoyaron dos enmiendas de Junts que salieron adelante; la más importante implica una bajada del IVA al 4% en leches, huevo, pan, harinas, aceite de oliva y frutas y verduras.
También se vio hace días en otra comisión en el Congreso de los Diputados cuando se alió con el partido de Carles Puigdemont para tumbar el impuesto sobre la producción eléctrica y sacar adelante otra enmienda que favorecía las plantas de cogeneración, un asunto clave para la gran industria catalana. Y los conservadores buscan el remate este jueves en el Congreso.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. / Eduardo Parra – Europa Press
Según ha podido saber este diario, hay contactos discretos con el grupo que dirige Míriam Nogueras. El PP insiste en que no existe una alianza estratégica como tal, pero sí aprovechan “los huecos” que ven para desgastar la mayoría que sostiene a Sánchez. Uno de los diputados encargados de esa interlocución con Junts es el diputado Guillermo Mariscal, miembro de la Mesa del Congreso y uno de los parlamentarios con más experiencia y contactos con otros grupos dentro del PP.
En el caso del PNV las relaciones se han ido deteriorando mucho. Pero según confirman fuentes parlamentarias, los nacionalistas vascos podrían estar analizando su apoyo a la enmienda 54 -y está por ver si a otras- por su propio interés y convicción. Los nacionalistas vascos han sido muy críticos estos días con el Gobierno y han mostrado su rechazo frontal a cualquier fórmula para prorrogar este impuesto a las energéticas.
La prórroga, en duda
El departamento de María Jesús Montero trasladó la semana pasada a sus socios su intención de prorrogar el actual impuesto a las energéticas, que viene regulado precisamente en el artículo que el Congreso podría derogar esta semana. La ministra lo hizo en la primera convocatoria de la comisión del impuesto a las energéticas, una mesa destinada a renegociar este impuesto y que se acordó con Podemos a cambio de que permitiera aprobar la reforma fiscal. Pero el plantón de PNV y Junts, que rechazan frontalmente este impuesto, sublevó a Podemos, que ha amenazado ahora a Sánchez con no sentarse a negociar los Presupuestos de 2025 si no se aprueba el golpe fiscal para las energéticas.
Esta tarde, Hacienda vuelve a reunirse con los partidos que conforman la mayoría de investidura y en la reunión está previsto ahondar en los detalles que tendrá la próxima prórroga del gravamen, que el Gobierno aspira a aprobar en Consejo de Ministros pero que el PP puede torpedear este jueves.
De salir adelante la polémica enmienda 54 del PP cualquier prórroga sería imposible, apuntan desde el partido de Feijóo, puesto que no puede extenderse una figura legal que ha sido derogada. La única opción que quedaría a Hacienda sería presentar un proyecto de ley para crear de cero una nueva figura impositiva, algo mucho más complejo y con un trámite mucho más dilatado que la simple prórroga, y que tampoco tiene ninguna garantía de éxito, ante el rechazo de la mayoría del Congreso. El Ejecutivo llegó a comprometerse con Podemos la creación de un nuevo impuesto, pero ante las dificultades para llegar a un acuerdo, abogó por extender el actual gravamen.
El efecto podría ser demoledor para el Gobierno, que podría encontrar aún más presión de grupos como Podemos, que vienen advirtiendo que no se conformarán con más parches y que el impuesto a las energéticas debe continuar, bajo la amenaza de una «ruptura total». La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, ha acusado en distintos momentos tanto a PNV como a Junts de favorecer los intereses de grandes empresas como Iberdrola y Repsol respectivamente, y en los últimos días han amenazado con tumbar distintas normas como el impuesto al diésel o a la ley de eficiencia de la justicia. Unas amenazas que dan cuenta del mal estado de las relaciones entre Gobierno y Podemos. El Ministerio de Hacienda trata de hacer un ‘sudoku’ que cada vez resulta más difícil de encajar.
Una de las cuestiones que están todavía por ver es si el Gobierno da pasos para tratar de impedir la votación de esta enmienda, ya aprobada en el Senado, que tendrá lugar este jueves en el Congreso y que de aprobarse se incorporará al texto definitivo. Una de las vías sería apelar al llamado «veto presupuestario», por el que se impide el trámite de las enmiendas o proposiciones de ley si alteran el presupuesto vigente, algo que se cumpliría, al tratarse de la derogación de un impuesto. Pero este veto tiene limitaciones, y es que está diseñado para preceptos que aún no han sido admitidos a trámite -la enmienda del PP ya se tramitó en el Senado- y su alcance está limitado al presupuesto vigente, y no a proyecciones de presupuestos futuros. Una circunstancia que dificulta el Gobierno esta opción.
