Pese a que pueda parecer una cuestión del pasado, lo cierto es que la segregación escolar continúa siendo una realidad hoy en día. Debido a que la situación nacional no es homogénea por las características de cada territorio a nivel educativo, resulta destacado que la Comunidad de Madrid es la autonomía que más segrega a sus alumnos.
Según recoge el informe Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver: análisis y propuestas, elaborado por Comisiones Obreras (CCOO), se reflejan “notables diferencias entre comunidades autónomas” pese a ser una problemática de todo el país. Asimismo, la disparidad se explica en dos factores de calado: Por un lado, “la extensión y desarrollo del sistema concertado y privado”; por otro, “las normas de escolarización, donde las políticas destinadas a favorecer la libertad de elección de las familias implementadas por algunos gobiernos fomentan y amparan la segregación escolar”.
Así, destaca el caso de Madrid, el cual recoge un “0,42% en el índice de disimilitud”, autonomía que lidera el ránking en este ámbito y a la que le siguen, Melilla, Cataluña y Asturias en los puestos posteriores.
De este modo, el sindicato mencionado pone de relieve que la problemática de la segregación escolar provoca “la aparición de centros gueto, de clases ‘guetizadas’ en escuelas e institutos, así como en espacios homogéneos que van contra” de las normativas estatales en materia educativa. Dichas actuaciones, a su vez, “dificultan al alumnado más vulnerable salir de su destino social” y crean “burbujas sociales de estudiantes de clase social privilegiada, con las que se fomenta la insolidaridad”, prácticas que van a contracorriente de “la democracia y cohesión social”, expone el informe.
Ponen el acento a su vez en el importante pilar que la educación se constituye para el conjunto de la sociedad, por lo que urgen a que ésta “no sea un gasto, sino una inversión esencial”; por ello, instan a que se aumente la inversión educativa hasta el 7% del PIB como “medida urgente”.
En este punto, el informe recoge detalladamente los ejes de la lucha para erradicar la segregación escolar en España, centrándose en un diagnóstico y su consiguiente planificación para tener un análisis firme para pasar a la actuación; le sigue la zonificación, es decir, atender a la diversidad social de los alumnos y sus características territoriales. Le siguen otros puntos como los criterios de admisión del alumnado, las ofertas que tiene los distintos centros, informar a las familias, ajustar la financiación a las necesidades y recursos o revisar las garantías de la educación pública para solventar posibles desigualdades, entre otras cuestiones.
Ayuso financia colegios segregados con más de 38 millones de euros
Pese a que Madrid congrega buena parte de esta realidad educativa, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apoya financieramente este modelo destinando, cada año, 38 millones de euros procedentes de las arcas públicas que van dirigidos a once centros escolares que segregan por sexo a sus alumnos y con vistas a que dichos colegios reciban estos fondos hasta el curso 2027/28. Todo ello pese a la prohibición de esta práctica, según reza en la Ley de Educación Lomloe.
Ejemplo de ello, el Ejecutivo de la Puerta del Sol destinó en el ejercicio de 2023 el montante de 38,2 millones de euros a estos once colegios, una cifra que subió dos millones a diferencia de lo destinado el año anterior. Cabe remarcar que siete de estos once centros mantienen vínculos directos con el Opus Dei, aunque la cifra de este modelo en Madrid ha descendido con el paso de los últimos años, ya que en 2017 había 18 colegios en activo que segregaban al alumnado.
