La vicerrectora económica de la Universidad Complutense de Madrid, María Begoña García Greciano, ha anunciado la prórroga de los Presupuestos para 2025 con una retención inicial de crédito del 35%, tal como ha avanzado ElPaís. Este recorte tiene el objetivo de contener las facturas ordinarias de esta entidad educativa ante la falta de inversión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Así, las facultades, los vicerrectorados y todas las unidades con competencias de gastos tendrán que aplicar el recorte sobre sus fondos y redistribuirlo entre las distintas partidas, ya que se han prorrogado unos presupuestos que ya han producido déficit.
La Universidad Complutense ya anunció en verano que se veía obligada a recortar un 30% los gastos de créditos disponibles para racionalizar y contener el gasto ordinario. Pero finalmente se ha terminado por aumentar este recorte, un 5% más, hasta el 35%, ante el desolador panorama de la universidad pública en la Comunidad de Madrid, donde la pública lleva denunciando un ahogamiento desde 2022 mientras cada vez hay más universidades privadas.
La Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en sus campus universitarios por alumno, pero donde se produce la mayor recaudación por estudiante en concepto de precios públicos, tal como se desprende en el análisis Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024.
Así, en el curso 2021/22, las transferencias aportaron 4.779 por alumnos matriculado en grado en Madrid, mientras la media española estaba en 6.118 euros. En gastos en personal por empleado, con la renta per cápita más alta de España, invirtió 34.738 euros, frente a la media española: 35.688.
Además, las transferencias corrientes de los sucesivos gobiernos autonómicos del PP para financiar a las universidades públicas en los 15 años que median entre 2009 y 2024, solo han aumentado un 5%, cuando el IPC registra un aumento acumulado del 34,9%.
La Comunidad de Madrid destina solo el 0,4% del PIB a la universidad, una cifra muy por debajo de la media nacional. O lo que es lo mismo, es la que menos PIB per cápita destina a este asunto de toda España, con un 13,9% frente al 27,8%.
Ya el año pasado, la Universidad Complutense de Madrid arrastraba una deuda de 65 millones de euros con un presupuesto anual de 367 millones. Ahora, se han prorrogado estos presupuestos que han generado déficit en las cuentas de la universidad.
Una subida que no es suficiente
El incremento del presupuesto del Gobierno de Ayuso en 2024 para la universidad pública fue cercano al 6%, mientras que los rectores reclamaban una subida del 18% para el curso que viene y la realidad se queda en una subida del 0,9%. Esto se traduce en que las universidades públicas disfrutarán de un aumento, en su conjunto, de 5,5 millones de euros adicionales si se enfrenta con el cosechado en 2024.
Pero los números no salen si se tiene en cuenta, tal como han denunciado los sindicatos, el IPC real de 2024 así como las subidas que se han llevado a cabo este año. Además, han señalado que la solución no pasa por aumentar en un 4,2% el presupuesto como ha prometido la región, ya que, de hacerse efectiva, la medida solo representaría el 23,6% de las cantidades que reclaman las universidades. Las conclusiones que han extraído los sindicatos, así, es que las universidades públicas tendrán en 2025 una subvención nominativa inferior a la de 2009.
Frente a todo este desmantelamiento en la universidad pública, el negocio con las universidades privadas. Se han aprobado 14 universidades privadas, pese a que algunas de ellas acumulan informes en contra.
Morant denuncia el desmantelamiento de Ayuso
Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que con su presión consiguió que Ayuso reculara en su negativa para inscribirse en el Programa María Goyri, con el que el Gobierno central inyectará 169,8 millones de euros del Estado a través de la contratación de 656 profesores ayudantes doctor durante seis años en los campus universitarios públicos, ha desmontado todo el sectarismo del PP de Ayuso con las universidades.
La ministra acusó a Ayuso de “desmantelar y maltratar” lo público, lo cual implica un “requisito indispensable” para trabajar para ella. Con estas palabras rebatió la defensa de la lideresa regional al trabajo de su consejero de Educación, quien insistió en que, como funcionario de carrera que es “nadie le puede enseñar a defender lo público más de lo que él lo ha hecho dedicándole su vida personal y laboral”.
De esa manera, la ministra replicó que “no defiende lo público”, sino que se dedica a “desmantelarlo y maltratarlo”, precisando que el consejero de Educación, Emilio Viciana, “se ha visto obligado” a firmar el convenio del Programa María Goyri. “Hoy ha vencido la universidad pública y han perdido usted y su sectarismo”, remarcó la ministra de Ciencia después de que Viciana declarara que el convenio que firmaba con el Gobierno central “hipotecaba a la Comunidad de Madrid con una deuda de 2.000 millones de euros durante los próximos 35 años” y lo calificara de “una cacicada, un chantaje en el que Pedro Sánchez invitaba y las comunidades autónomas eran las que pagaban”.
Con este programa, el Estado se compromete a sufragar el 60% de los sueldos frente al 40% de las regiones durante los próximos seis años. La Comunidad de Madrid fue la única en no alcanzar un acuerdo con el Gobierno central, aunque tras la presión recibida el Ejecutivo de Ayuso terminó cediendo y aceptando el programa con el que tratar de poner fin a la temporalidad en las plantillas de profesorado madrileño, que alcanza el 47,63%.
