El Gobierno cumplirá su compromiso con el arco progresista del bloque de investidura y aprobará un decreto con la prórroga del impuesto a las energéticas, que caduca el 31 de diciembre, en un Consejo de Ministros el próximo lunes. Lo hará a sabiendas de que PNV y Junts rechazarán su convalidación en el Congreso, cuando se someta a votación a finales de enero. Por ello, según avanzan fuentes del ministerio Hacienda que dirige María Jesús Montero, se optará por una redacción que evite la evidente inseguridad jurídica de aprobar un impuesto y que decaiga unas semanas después.
La fórmula elegida es jugar con los plazos, retrasando su entrada en vigor hasta después de la votación en el Congreso. Alrededor de un mes, hasta febrero. En el improbable caso de que se convalidase el decreto, el impuesto se cobraría a las energéticas de forma retroactiva a 1 de enero. Si lo tumba el Congreso, no llegaría a entrar en vigor.
Este impuesto se llevará a un decreto de forma separada al impuesto al diésel y al denominado escudo social. El PNV ha trasladado de forma reiterada su advertencia de que votarían en contra de su convalidación en el Congreso del decreto ómnibus si en el texto se incluía la prórroga del gravamen a las grandes energéticas. Una línea roja, según fuentes de la dirección del grupo nacionalista vasco. Tanto es así que han asegurado que lo tumbarán aunque entre sus medidas se incluya la actualización de las pensiones conforme al IPC.
El Gobierno pactó la prórroga de este gravamen con ERC, EH Bildu y BNG, primero, y posteriormente con Podemos, a cambio de su apoyo a la reforma fiscal. Lo hizo sin garantizar el apoyo de PNV y Junts. Sin embargo, el Ejecutivo está dispuesto a aprobarlo igualmente en Consejo de Ministros para cumplir con sus socios, aun asumiendo un naufragio que parece inevitable.
El Ejecutivo trabaja también en un decreto ómnibus para aprobar algunas de las medidas del denominado escudo social. No todas, al considerar que han decaído las causas que lo impulsaron por la bajada de la inflación. Pese a las presiones de algunos socios, el Ministerio de Hacienda parece dispuesto a aguantar la presión y se apuesta por seguir soltando lastre, en línea con las exigencias también de la Comisión Europea, para disminuir progresivamente las ayudas extraordinarias anticrisis y, sobre todo, evitar su carácter generalizado. Fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno justifican que no pueden cronificarse este tipo de “medidas antiinflación” que en su momento se aprobaron con un carácter temporal y extraordinario.
La actual coyuntura económica, según argumentan, nada tiene que ver con la de febrero de 2022, cuando se inició la guerra. “Los motivos del decreto han decaído”, concluyen estas mismas fuentes tras señalar que ahora la inflación está “por debajo del 3%” (2,4% en noviembre) y la senda es descendente.
Escudo social
Las subvenciones al transporte, por ejemplo, se prorrogarán, pero fuentes próximas a la negociación apuntan a que el nivel de ayudas podría reducirse un 10%. Desde el Ministerio de Transportes avanzan que todavía se están cerrando los detalles sobre el paquete de medidas.
Entre la prioridad de sus socios de investidura, como ya han trasladado desde EH Bildu, se encuentra mantener la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, así de los cortes de suministros básicos como la luz, el agua y el gas. Por otra parte, demandan que se prorroguen las bonificaciones en el uso del transporte público y los descuentos ampliados el bono social eléctrico (aunque en este caso está aprobada una reducción progresiva trimestral del alcance de las rebajas para hogares vulnerables hasta el próximo julio).
Con la posibilidad de sumar los apoyos parlamentarios suficientes para convalidar el decreto ómnibus cada vez más en el aire, algunas medidas cruciales (como la revalorización de las pensiones) y la prórroga de algunas de las ayudas del escudo social (como el IVA cambiante de la luz, las subvenciones al uso del transporte público, la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros básicos o las ayudas extraordinarias a la gran industria para bajar su factura eléctrica, entre otras).
El Gobierno necesita una norma con rango de ley para poder aprobar la revalorización de las pensiones para el próximo año. La inclusión de la subida de las pensiones como en el decreto escoba de fin de año es una estrategia parlamentaria común para vencer las resistencias de los grupos políticos a aprobar el resto de medidas. Pero en esta ocasión algunos de los socios parlamentarios parecen dispuestos a dejar caer todo el decreto, incluso incluyendo la subida de las pensiones.
