El Gobierno ha acordado con los sindicatos activar el proceso legislativo para que los funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial a partir de 2026. Así lo prevé firmar el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con CCOO y UGT este miércoles al mediodía, poniendo fecha a un compromiso alcanzado ya durante la pasada legislatura con las centrales. El Ejecutivo suprimirá el veto que introdujo el Gobierno del PP en su reforma del 2013 y restaurará este derecho para los empleados públicos, según explican fuentes conocedoras.
En 2022, la entonces ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, firmó un acuerdo con CCOO y UGT –Csif, la tercera central más representativa se desmarcó- que bautizaron como ‘Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI’. En el mismo, entre otros, rezaba lo siguiente: «Se procederá a la derogación de la supresión de la jubilación parcial como una de las modalidades de jubilación del personal funcionario establecidas artículo 67 del TREBEP«. Ahora, dos años más tarde, el Ejecutivo ya ha perfilado con las centrales la fórmula para dar cumplimiento a dicho compromiso.
El esquema que contemplan desde Función Pública es poder aumentar las futuras ofertas de empleo público (OEP) a medida que haya empleados públicos que pidan acceder a la jubilación parcial. Que, hasta el recorte del PP, servía ‘de facto’ no tanto para jubilaciones parciales, sino para ‘compactar’ esa parcialidad y permitir a los funcionarios jubilarse antes.
El modelo que han acordado desde el departamento de López con las centrales es la siguiente. Las administraciones podrán sacar a oferta pública una plaza adicional por cada empleado público que en ese año haya solicitado empezar a tramitar la jubilación parcial. Así se da un margen de tiempo para que los candidatos pasen las oposiciones y asuman su plaza, algo que en el global del proceso puede alargarse hasta dos años.
Ahora el Ejecutivo se compromete a poner en marcha de forma inmediata la maquinaria legislativa a este respecto. Para ello deberán modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la ley de Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado, lo que deberá contar con la aprobación del Congreso y cuyos trámites se alargarán durante 2025. El objetivo de Función Pública es que entren en vigor en 2026. Esta y más cuestiones expondrá el ministro este miércoles a partir de las cuatro de la tarde, cuando está previsto que comparezca en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados.
Pendientes de los salarios
CCOO y UGT ya avanzaron la semana pasada que la entente era cuestión de «días» y este miércoles a las 12 horas del mediodía se rubricará formalmente. Pasada la pantalla de la jubilación parcial, ahora las centrales se centrarán a hablar de salarios. El acuerdo marco firmado en 2022 contenía varios puntos, además de la cuestión de la jubilación parcial. Uno es el compromiso para que todas las administraciones disminuyeran la jornada máxima de sus empleados a 35 horas semanales. Mientras varios ayuntamientos y alguna comunidad autónoma ya lo ha aplicado, la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, lo rechaza.
Otro elemento dentro de ese acuerdo de 2022 era un pacto plurianual para subir los salarios. Este ha asegurado un incremento acumulado, entre 2022 y 2024, del 9,5% para los empleados públicos. Pero el mismo vence este año y para el 2025 todavía no hay cifra de revalorización pactada. La ausencia de Presupuestos Generales del Estado, donde habitualmente se incluye la medida, ha retrasado esta cuestión y, presumiblemente, los funcionarios empezaran el año que viene con las nóminas congeladas, a expensas de futuros acuerdos. Esto es algo relativamente habitual y este año, por ejemplo, no entró en vigor, por más que ya estaba pactada, el incremento retributivo hasta el mes de julio.
El jueves de esta semana, según apuntan fuentes conocedoras, está prevista una primera reunión entre Función Pública y CCOO, UGT y Csif para empezar a hablar de cuánto tienen que subir los sueldos de más de tres millones de empleados públicos el año que viene. Está por ver si el Ejecutivo apostará por un nuevo acuerdo de corte plurianual, que deje pactados los incrementos ya a varios años vista, o vuelve a la estrategia de ir revisando los sueldos públicos año a año.
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