Nueva reacción del Gobierno ante la infiltración de entidades extremistas entre el personal de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Esta vez ha sido Defensa el ministerio que ha respondido a la aproximación de la empresa Desokupa, liderada por el conocido agitador ultraderechista barcelonés Daniel Esteve, a la ATME, Asociación de Tropa y Marinería Españoles.
Con una advertencia de apertura de expedientes y aviso de posible recurso a los tribunales, el Ministerio de Defensa ha instado a la asociación a renunciar al acuerdo que acababa de anunciar para que sus miembros recibieran formación en cursos o jornadas de Desokupa. En un breve comunicado difundido este miércoles, el departamento que dirige Margarita Robles ha anunciado que dispone de un informe de su Asesoría Jurídica que acredita la nulidad del acuerdo de formación «por falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del acuerdo».
Para tomar esta decisión, Defensa ha recurrido a la prerrogativa que le corresponde, como parte con interés legítimo, a impugnar acuerdos tomados por asociaciones militares. Y así lo hará -anuncia en su comunicado- si la propia ATME no renuncia a su pacto con los forzudos de la famosa agencia de intervención en casos de ocupación.
ATME anunció 24 horas antes que pactaba con Club Desokupa descuentos de un 50% en cursos de formación, sin especificar de qué materias o especialidades del mundo de la seguridad, así como una reserva de empleos en esa sociedad, después de haber fracasado en otras iniciativas para ampliar la empleabilidad de soldados y marineros que, por edad, deben dejar las Fuerzas Armadas.
Agitación
Defensa ha remitido a la asociación un requerimiento en el que le exige la «inmediata retirada» del acuerdo, en la misma semana en la que Esteve se lució ante los fotógrafos de prensa y cámaras de televisión actuando como si fuera un escolta del comisionista Víctor de Aldama, figura central de la investigación de la trama Koldo. El líder de Desokupa, en una de sus habituales campañas de agitación en redes sociales, se ofreció a escoltar a Aldama tras inventarse una supuesta amenaza de muerte sobre él, o sea: «si quiere llegar vivo al Supremo…»
Esteve ha presumido en innumerables ocasiones de su amistad con militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y ha sido condecorado por pseudosindicatos policiales en ceremonias privadas y con medallas no reconocidas, después de una intensa implicación personal en los escraches ultraderechistas que, por la ley de Amnistía, impulsaron Vox y otras entidades de su ámbito ideológico contra la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid el pasado invierno.
Acompañado del hoy eurodiputado antisistema Alvise Pérez y otros activistas, Esteve encabezó una marcha por la Gran Vía madrileña hacia el Congreso de los Diputados, obligando a los antidisturbios de la Policía Nacional a multiplicar su despliegue en aquellas jornadas.
Manipulación
Defensa ha emitido su comunicado sobre el acuerdo ATME-Desokupa en la misma jornada en la que, en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha encarado con el diputado de Vox Javier Ortega-Smith reprochándole sus intentos de «manipular a la Policia y la Guardia Civil» con el fin de «que no hagan» o de que «se salgan de su neutralidad». El ministro ha advertido al diputado que «no lo conseguirán, porque Guardia Civil y Policía son absolutamente profesionales».
En agosto pasado, en el mismo marco de preocupaciónn por las tentaciones sobre uniformados para que violen el preceptivo principio de neutralidad política, Interior inició un proceso de revisión de las subvenciones que concede al Sindicato Unificado de Policía (SUP) después de que esta central pionera en la representación de los agentes anunciara un acuerdo con Desokupa para formación de sus socios en técnicas de defensa personal. La evaluación de este pacto se encargó a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del ministerio. Ni una ni otra han encontrado razones de incompatibilidad, por lo que el acuerdo para los cursos ha seguido adelante.
Antes, en primavera, Interior abrió expediente sancionador a miembros de otra central sindical, Jucil, asociación de guardias civiles afín a JUSAPOL, por emitir en redes sociales graves insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochando, también, la amnistía a los independentistas catalanes que tomaron parte en el estallido del procés.
