El Ministerio de Consumo escala su ofensiva contra la gestión fraudulenta en el terreno de los pisos turísticos. Tras avisar en junio de que iniciaba una investigación contra varias plataformas de alquiler de este tipo de vivienda (y hace una semana de que hacía lo propio contra otras varias empresas de gestión de este tipo de vivienda), se acaba de materializar el primer expediente sancionador contra una de ellas. Se la acusa, según indica un en un comunicado este miércoles, de «publicidad ilícita». El organismo no desvela el nombre de la compañía, pero sí que la multa por una infracción de este estilo podría llegar a los 100.000 euros e incluso escalar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido con tal práctica, de lo que se deduce que se trata de una gran empresa. Algunos ejemplos de plataformas que se dedican a ello en España son Airbnb, Tripadvisor o Expedia.
Lo que llevó al Ministerio capitaneado por Pablo Bustinduy a empezar esta investigación fue detectar que en varias de estas plataformas aparecían anunciados pisos que no tenían (o no enseñaban) su licencia para operar como apartamento turístico. Según relata el organismo en la nota en la que hace público el expediente, tras esta primera fase de investigación, se habría mandado un «requerimiento de cese» a una de estas empresas en concreto. En él, le pedían que retirara «de forma inminente» estos anuncios ilícitos.
«Ahora, meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema detectado«, explica el departamento, que también subraya, como agravante, que estos anuncios se han detectado en distintas comunidades autónomas. Esto podría generar, a ojos de la Dirección General de Consumo, «lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada». La empresa en cuestión tiene derecho a recurrir el expediente, es decir, que la propuesta de multa todavía no es firme.
«Reitero el mensaje: ninguna empresa, por grande o poderosa, debe estar por encima de la ley. Tampoco en el mercado de la vivienda», ha manifestado el ministro Pablo Bustinduy en una publicación en la red social X (antes Twitter).
De hecho, el Ministerio de Consumo explica que este movimiento se enmarca en una operación por poner el foco sobre el sector de la vivienda y, específicamente, en el de los alojamientos turísticos. «Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», ha apuntado en anteriores ocasiones Bustinduy.
