La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha finiquitado la investigación por la presunta trama rusa del procés al anular la apertura de la pieza separada abierta por el juez Joaquín Aguirre que permitió remitir la causa contra varios dirigentes independentistas, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, al Tribunal Supremo, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los magistrados sostienen que el magistrado utilizó «un subterfugio procesal» para obviar las «claras» instrucciones del mismo tribunal que anulaba la prórroga para seguir investigando el caso Voloh donde también se indagaba sobre los contactos entre supuestos enviados del Kremlin con Puigdemont y su entorno.
El tribunal de la Audiencia subraya que esa decisión era de «obligado cumplimiento», sin «que pueda plantear imaginativas soluciones alternativas» no contempladas en las leyes y que en «definitiva burlan la decisión previa del tribunal (no prorrogar la investigación de Voloh), lo que constituye un fraude de ley». Según los togados, el auto del juez Aguire para abrir la pieza separada sobre la presunta trama rusa «supone» un «claro y flagrante incumplimiento» de lo acordado antes por la Audiencia, e «incumple» una resolución firme y vulnera derechos fundamentales, por lo que es «nula de pleno derecho y no debe producir efecto alguno lo que conlleva la nulidad de todas las actuaciones judiciales que de ella deriven y el archivo de la pieza separada». Por esta razón, la Sección 21 ha remitido directamente la resolución al Tribunal Supremo, que no podrá seguir con las pesquisas.
La Audiencia de Barcelona ha admitido los recursos presentados por el abogado Gonzalo Boye Tuset, defensor de Puigdemont, el empresario Miquel Casals Fernández, la exdirigente de Junts, Elsa Artadi Vila y el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay Rodríguez, y a la que se adhirieron el periodista Carles Porta y el expresident Artur Mas i Gavarró, que se encontraban entre los 13 investigados por la presunta trama rusa.
Los magistrados recriminan al juez Aguirre las «consideraciones generales vertidas» en la resolución por la que se abrió la pieza separada sobre la presunta trama y, en concreto, «sobre la guerra híbrida y la injerencia rusa, la cita de informes trabajos doctrinales y periodísticos, divagaciones sobre cuestiones políticas y filosóficas, así como la exposición de datos biográficos de algunos investigados, todo ello salpicado con opiniones puramente personales del instructor y su propia visión sobre la evolución histórica del denominado procés, lo que carece de relevancia a los efectos jurídicos penales».
Lo mismo que en Voloh
El tribunal subraya que los hechos investigados en esta causa separada sobre la trama rusa son los mismos que en el caso Voloh y que tuvieron como origen la intervención de los dos teléfonos móviles de Víctor Terradellas y en la documentación en la entrada y registro de la sede de la Fundación Catmon, efectuada el 18 de mayo de 2018. El Voloh se indagó sobre aspectos relacionados con las criptomonedas, los contactos de personas rusas con otras personas del entorno del gobierno de la Generalitat de Cataluña y los viajes a Rusia de VíctorTerradellas; hechos todos ellos referidos a los años 2017 y 2018.
El informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que dio pie a remitir la causa al Supremo exponía que en este caso de la tram rusa existía «una estructura organizada” y “piramidal”, basada en «relaciones de jerarquía y afinidad», en cuya «cúspide» se encontraba Puigdemont y que, además, contaría con diferentes niveles de participación en los que intervinieron casi una veintena de personas. Su objetivo era “contar con el reconocimiento” de la Federación Rusa, por lo que mantuvieron contactos con ciudadanos de ese país “para lograr la independencia por la vía unilateral de Cataluña”. Los agentes analizaron los teléfonos móviles de varios investigados, entre ellos el de Víctor Terradellas, que fue amigo de Carles Puigdemont y exresponsable de relaciones internacionales de CDC, y Josep Lluís Alay, actual jefe de la oficina del expresidente.
