Begoña Gómez comparecerá nuevamente este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado por los nuevos delitos que le imputó el magistrado y que tienen que ver con la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Se trata de la tercera vez que comparece en los juzgados de Plaza de Castilla desde que se iniciara la investigación el pasado mes de abril después de una denuncia interpuesta por el partido de ultraderecha Vox y el pseudosindicato Manos Limpias basada en recortes de prensa y noticias falsas. Este mismo día tendrá que testificar, además de la mujer de Pedro Sánchez, el exconsejero madrileño y hombre fuerte de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, y una asesora de Moncloa, ya de cara al viernes.
Ambas girarán alrededor de la faceta profesional de Gómez en el centro de estudios madrileño y la cátedra que codirigió, así como su contratación como directora del África Center, organismo que pertenece al Instituto de Empresas (IE), del que es directivo el mencionado empresario.
Begoña Gómez ha acudido dos veces al juzgado antes de este miércoles. La primera de ellas se suspendió su comparecencia debido a que no se le había notificado la querella en aquella ocasión presentada por la asociación ultracatólica y ultraconservadora Hazte Oír, mientras que en la segunda, la investigada se acogió a su derecho a no declarar.
Así las cosas, a lo largo del día declarará en el marco de unos presuntos delitos de intrusismo y apropiación indebida que, por el momento, nadie ha sido capaz de demostrar. De hecho, organismos policiales como la Unidad Central Operativa (UCO) no han visto nada punible ni delictivo en las actuaciones de la esposa de Sánchez en lo que a la contratación del software se refiere. Sin embargo, el juez Peinado insiste en intentar sacar algo que pudiera ser susceptible de delito.
Mientras tanto, su abogado aseguró en un escrito que Gómez firmó los pliegos porque la UCM así se lo había requerido a la vez que rechazaba cualquier irregularidad. De hecho, es en este escenario en el que entra en juego la declaración de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, como testigo.
El motivo de la declaración de ésta es la aparición de su nombre en un hilo de correos que aportó asimismo el abogado de la defensa. Los mensajes se enviaron desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de las Universidades a una serie de personas entre las que se encuentra Álvarez y tienen que ver con la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas vinculadas a la Plataforma de Gestión y Mediación de Impacto para la Pequeña y la Mediana Empresa que “debe firmarlo” Begoña Gómez.
Echando la vista hacia otra de las personas que habla esta semana ante el magistrado y que da buena cuenta del modus operandi del juez Peinado, Güemes pasó en un abrir y cerrar de ojos de la calidad de testigo a la de investigado.
Imputaciones ‘in fraganti’ e informaciones «erróneas»
El ex consejero de la Comunidad de Madrid y actual directivo del Instituto de Empresa (IE) negó haber contratado a la mujer de presidente por el mero hecho de serlo y defendía haberlo hecho debido a su holgada experiencia en el área para la que se requería el puesto. No obstante, el magistrado entendió que su versión chocaba frontalmente con la de la directora de recursos humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil, quien supuestamente declaró al juez que Güemes había ordenado contratar “a la mujer del presidente del Gobierno”.
No fue la primera vez que Peinado imputaba a un testigo inmediatamente después de escuchar su respuesta, ya que pasó lo mismo -también en la causa contra Gómez- durante el interrogatorio al rector de la UCM, Joaquín Goyache. En aquel momento, el juez expresó su extrañeza por la contratación de Gómez para una cátedra sin tener título académico, a lo que el rector respondió que el protocolo de creación de cátedras permitía operar de esta manera y desvincular la contratación de Gómez de su condición de mujer de Sánchez.
Tan solo 17 días después de su declaración como testigo, Peinado le imputó por tráfico de influencias sin que existieran en el sumario indicios de ese delito en la actuación del profesional universitario. El mismo aseguró en la investigación creada en la Asamblea de Madrid a petición del PP y en la que Gómez de adhirió también a su derecho a no declarar que “todo se hizo bien” en lo relativo a su contratación en la Complutense.
Dentro de los episodios con los que Peinado ha intentado arrinconar sin éxito a Gómez se encuentran las presuntas cuentas bancarias de la acusada en las que lo máximo que encontró el juez fueron 40,25 euros. Frente a ello, la defensa de la esposa del presidente ha asegurado que se trata de información “totalmente errónea” mientras advertía de la necesidad de proteger los datos personales para que no acabaran en poder de “terceros”, entre los que incluía a la prensa.
Entre los errores a los que aludía se encontraban aspectos como la identificación de las cuentas, puesto que aparecían algunas de las que Gómez no era titular; pero también que tienen que ver con los saldos. “Es totalmente incierto que esas cuentas tengan casi todas ellas un saldo 0”, apuntalaba la defensa. En este sentido, también destacó que parte de la información se había obtenido incumpliendo “principios básicos en materia de protección de datos personales”.
