La reforma de la ley del aborto contemplaba la creación de un registro individual de objetores de conciencia, con el fin de impedir que la oposición en bloque de un servicio completo de ginecología de un hospital o de la mayoría de sus profesionales, por cuestiones éticas, dificulte la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Sin embargo, más de año y medio después de la entrada en vigor de reforma, varias comunidades aún no han creado dicho registro.
Ante ello, el Ministerio de Sanidad ha diseñado un protocolo, que ha sido aprobado este lunes en un Consejo Interterritorial con las autonomías, que regula la creación del registro, con el fin de garantizar el derecho a la objeción de conciencia y, al mismo tiempo, asegurar el acceso al aborto en todo el territorio nacional.
«Esperamos que ahora las comunidades cumplan con su parte y elaboren ese registro para que los centros públicos puedan planificar y puedan evitar objeciones en bloque de servicios enteros, desplazamientos forzosos de pacientes y derivaciones innecesarias a la privada«. «Ya no hay excusas para incumplir la ley«, ha espetado la ministra de Sanidad, Mónica García, a las autonomías reacias a poner en marcha una parte sustancial de la reforma de la ley del aborto, que se aprobó precisamente para fomentar la práctica de la prestación en el sistema público, dado que el 80% de las intervenciones se realizan en centros privados.
Uno por comunidad
El protocolo marca que cada comunidad cree un registro propio en el que solo se incluirá el personal que interviene directamente en la interrupción voluntaria del embarazo, como ginecólogos, anestesistas o enfermeras. El sistema permite una doble modalidad de objeción. Por un lado, el profesional sanitario puede oponerse a practicar cualquier tipo de aborto -objeción total- o solo algún tipo de supuesto contemplado en la ley -objeción parcial-, como el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación o, en caso de riesgo grave para la vida de la embarazada o del feto, hasta la semana 22.
El profesional sanitario no tiene que dar ningún argumento y tendrá la garantía de que sus datos serán «especialmente protegidos», dado que no se compartirán entre autonomías y los custodiará el personal encargado de Recursos Humanos.
De hecho, el registro tiene que ser utilizado precisamente por Recursos Humanos para poder llevar a cabo una «correcta programación» de la intervención sanitaria, evitando que los no objetores «sean relegados en exclusiva» a la práctica de aborto y que los opositores «sufran cualquier discriminación derivada de la objeción».
La estigmatización
La portavoz de las comunidades del PP, la consejera madrileña Fátima Matute, ha asegurado tras el Consejo Interterritorial, que las administraciones territoriales van a “respetar la ley”, pero teniendo muy presente la “protección de los profesionales sanitarios” y que no se “estigmatice a nadie”.
Mientras que el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha precisado que el acuerdo sobre el registro “aún no se puede poner en marcha” porque las autonomías han pedido al Ministerio que antes revise varias sentencias del Tribunal Supremo para “poder llegar a ese registro en las mejores condiciones posibles”.
