Pilar Pérez y su marido, ahora fallecido, residían en Pontedeume y alquilaron por 370 euros su piso ubicado cerca de los juzgados de la ciudad de A Coruña hace ya varios años a una chica con su hija. En un principio, parecía que todo iba a desarrollarse con normalidad, pero hace cinco años esta inquilina dejó de pagarle a Pilar. Según cuenta la propia afectada: «Me dijo que ella tenía un acuerdo con mi marido y no conmigo». Entonces, como su marido había fallecido, la inquilina decidió unilateralmente que no pagaría más, añadiendo, según relata Pilar, varias amenazas: «Te voy a joder la vida, yo no me voy de aquí, me decía».
La deuda de estos cinco largos años asciende ya a la importante suma de 23.000 euros solo en concepto de alquiler impagado. Ante esta situación desesperante, en julio de este año, Pilar tomó una decisión drástica: dejar de pagar la factura del agua de su propio piso, ese mismo piso que no puede pisar ni visitar desde hace seis años. Por haber dejado de pagar dicha factura, a Pilar le han embargado la cuenta donde recibe su única fuente de ingresos, su pensión. Sin embargo, la situación no mejora, sino que se complica aún más: «Ahora me dice que deja el piso si le pago 10.000 euros». Esto coloca a Pilar en una situación límite, en la que se siente completamente desbordada: «No puedo pasar por esa calle, no por miedo a encontrármela, sino porque me invade el pánico, no puedo», expresa con angustia.
Su abogado, Xaime da Pena, explica que la llamada ‘inquiokupa’ se respalda en su supuesta vulnerabilidad. Cuando Pilar denunció inicialmente la situación, los tribunales decretaron y dataron el desahucio a favor de la legítima propietaria. Sin embargo, la medida quedó suspendida tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, que prohíbe desalojar a personas vulnerables de los hogares. La inquilina pidió ser reconocida como persona en situación de vulnerabilidad y, habiendo logrado su objetivo, continuó ocupando el piso. No obstante, tanto Pilar como su abogado destacan que la inquilina rechazó varias ofertas de viviendas sociales, lo que, según ellos, desmonta completamente su defensa.
“Yo no quiero ser el escudo social de nadie”, explica Pilar, visiblemente afectada. “La okupa utiliza como argumento la vulnerabilidad, pero aquí la vulnerable es mi representada”, recalca el abogado, quien subraya que Pilar no solo se ha quedado sin su propiedad, sino que además no puede ni pasar cerca de su propio piso debido al estrés emocional que esto le genera. “Esperamos que esta situación acabe muy pronto y de forma favorable para Pilar”, añade el letrado.
Aprovij: una asociación para luchar contra la inseguridad jurídica
Junto con otra afectada de la zona, Lucía Ares, Pilar Pérez decidió fundar Aprovij, la Asociación sin ánimo de lucro de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica, para luchar por su derecho a la propiedad privada y denunciar situaciones como la suya.
En las redes sociales de Aprovij, Pilar y otros miembros comparten su día a día en esta lucha constante contra la «inquiokupación» y la «okupación», explicando además cómo ha afectado a los propietarios el controvertido RD 11/2020. A través de esta plataforma, difunden casos reales, ofrecen consejos útiles y visibilizan las acciones legales y sociales que llevan a cabo para proteger sus derechos y recuperar lo que les pertenece.
Puedes ver ‘Espejo Público’ completo en AtresPlayer.
