El Ministerio de Sanidad y las comunidades se reúnen este lunes en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En el orden del día, diversos proyectos normativos y acuerdos. Pero, además, sobre la mesa, un asunto estrella: Muface. Sumar ha pedido al Gobierno comenzar a trabajar ya en el traspaso de mutualistas a la sanidad pública –que ya sugirió un informe de Sanidad, al que se remite el partido- y reclama crear una comisión interministerial para abordar el proceso. Lo hace días después de que el Gobierno lanzase un mensaje de tranquilidad, asegurando que Muface no se va a disolver, y tras las encendidas protestas de funcionarios en las calles pidiendo garantías para sostener el modelo.
Cuando parecía que existía un mínimo atisbo de salida para la crisis de Muface, que depende de Función Pública, con el Gobierno asegurando que no se tocará, que habrá una nueva licitación antes de que acabe el año y que la atención sanitaria de los funcionarios está garantizada -lo que no está ocurriendo, como han constatado sindicatos como CSIF en las últimas semanas-, la iniciativa de Sumar para liquidar el modelo vuelve a remover las ya revueltas aguas del mutualismo.
El informe de Sanidad
Los de Yolanda Díaz hacen referencia en su propuesta al informe del 18 de noviembre del Ministerio de Sanidad que sugería liquidar el modelo y el trasvase de mutualistas a la pública. «El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable«, indica el informe.
Un documento que causó mucho revuelto en su momento, pero del que no se había vuelto a hablar en las últimas semanas, una vez que Función Pública vino a decir que el futuro de los mutualistas era de su competencia. El departamento que encabeza Mónica García dio un paso atrás y no volvió a pronunciarse sobre este asunto. Sumar y su iniciativa han rescatado esa idea.
La ministra de Sanidad, Mónica García, en un acto reciente. / Ministerio de Sanidad
Sumar insiste: «es un momento idóneo para acelerar la transición» desde las aseguradoras privadas a la sanidad pública. En la proposición no de ley que el Grupo Plurinacional de Sumar ha registrado este jueves en el Congreso se proponen puntos muy concretos. Piden al gobierno crear una «comisión interministerial» liderada por Sanidad para abrir este proceso de «transición acelerada» de los mutualistas.
Prórroga
Además de reclamar una prórroga de nueve meses una vez que expire el actual contrato el 31 de enero de 2025, piden incorporar «aquellas prórrogas extraordinarias que fueran necesarias» al actual concierto. En paralelo, se iniciaría otro proceso de transición para incorporar a los usuarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).
El partido solicita que la financiación de Muface se transfiera «plenamente al sistema público y de forma finalista y proporcional a las diferentes comunidades autónomas». Un reparto en el que pide tener en cuenta «criterios demográficos y perfiles de morbilidad de la población» de los usuarios que pasan de un modelo a otro. Cuantifica esta financiación en 2.436 millones de euros, según la última estadística del Gasto Sanitario Público, del año 2022.
Rechazo total
La propuesta, como ya lo hizo en su momento el informe de Sanidad, ha provocado el absoluto rechazo de los consejeros de sanidad del PP. Lo dijeron en su momento y lo repiten en estos días: la sanidad pública no puede hacer frente a la avalancha de 1,5 millones de personas (funcionarios y sus beneficiarios). Así lo harán ver en la celebración del Pleno del Consejo Interterritorial este lunes 16 de diciembre. Ahora, lo único que les interesa es que, cuanto antes, el Gobierno cierre un acuerdo con las aseguradoras para esa nueva licitación que, según el Ejecutivo, estaría lista antes de que acabe el año.
Una licitación en la que se tendrá en cuenta el informe final de las consultas preliminares de mercado lanzadas a las aseguradoras por Muface «con la finalidad de preparar correctamente la segunda licitación» del concierto para los años 2025, 2026 y 2027. Solo DKV y ASISA, finalmente, respondieron a esas consultas.
De las respuestas de los participantes, el órgano de contratación (Muface) valora favorablemente la propuesta de incremento de primas «por tramos de edad al entenderse que parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo». Eso sí, matiza «habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifican el incremento de la prima por parte de los operadores», en relación con los datos que le han presentado las compañías.
«Ideológica»
«Es puramente ideológica», ha señalado desde Madrid Fátima Matute, consejera de Sanidad, sobre la idea de trasvasar a los funcionarios a la sanidad pública y así lo hará ver en el Consejo Interterritorial de este lunes. El fin de Muface en el caso de la región supondría trasvasar a su sistema sanitario a 240.000 ciudadanos y un coste efectivo mínimo de 400 millones de euros en detrimento de las arcas regionales, además de trasladar «una elevada presión asistencial» al Servicio Madrileño de Salud, «lo que redundaría en perjuicio de todos», señala esta comunidad. Matute ha enviado una carta al ministerio para que se someta a votación un acuerdo que garantice el futuro de la mutualidad.
Señalización de Urgencias en el Hospital La Paz. / EF
En Galicia, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha citado un informe solicitado por su departamento sobre el impacto que tendría sobre el Sergas el trasvase de 58.328 mutualistas. Ha cifrado en 170 millones de euros el incremento de gasto anual.
Las quejas también llegan desde Andalucía, donde se piden soluciones en vez de «cargar» a 400.000 personas a un Servicio Andaluz de Salud (SAS) «ya al límite». O desde La Rioja donde el ejecutivo autonómico ha exigido al Gobierno asumir su responsabilidad «de forma inmediata» y resolver el problema que afecta a 10.500 empleados públicos de la comunidad.
En la misma línea se ha pronunciado el conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, que considera «inasumible» que la sanidad pública asuma la atención sanitaria de los cerca de 118.000 funcionarios en caso de que el Gobierno no renueve el acuerdo sobre Muface con las aseguradoras. «No es que lo piense yo, es que lo pensamos todos los consejeros de las comunidades autónomas«, ha afirmado.
