Los centros de acogida de menores de la Comunidad de Madrid continúan a la vanguardia de la polémica. ElPlural.com ha publicado, a lo largo del último mes, diferentes artículos en los que se radiografía el estado en el que se encuentra la atención infantil de la Comunidad dirigida por Isabel Díaz Ayuso, relatando, entre otras cosas, desapariciones de menores, centros colapsados que quintuplican su capacidad o contratos adjudicados a dedo y por vía de emergencia a empresas afines.
Todo este panorama, mientras la ultraderecha hace ruido y estigmatiza a los niños migrantes, llegando a proponer que no puedan sentarse en las marquesinas cuando son obligados a salir de los centros en los que pasan el día. A todas estas polémicas, hay que sumar una adicional: la valoración positiva que hace la Comunidad de Madrid ante las empresas que, en sus ofertas de contratación para la gestión de los centros, le den un importante peso a la enseñanza de los valores y la cultura española.
Este asunto se explica de la siguiente manera: a la hora de presentar un pliego para una contratación, se contemplan 100 puntos repartidos en diferentes asuntos que ponderan en el concurso, como la solvencia, los servicios aportados o el presupuesto ofrecido. Este sistema de puntos es ya longevo, por lo que la puntuación de los pliegos nuevos es igual que en los antiguos, a pesar de que el sistema tiene algunas deficiencias que se notan, en particular, cuando los residentes alcanzan la mayoría de edad y comienza su inclusión en el mercado de trabajo.
Sin embargo, de esos 100 puntos, solo 6 son para organizar y ejecutar un programa de preparación para la vida autónoma y la inserción laboral que les prepara para su incorporación a la etapa adulta, de al menos 20 horas anuales. Tanto la puntuación como la duración son mínimas en un asunto que es crucial para la integración social, especialmente porque la mayoría de niños solo recibe una opción del Gobierno Regional una vez cumplen 18 años: estar en la calle.
El peso de tan solo un 6% a un asunto vital para la participación en sociedad de los jóvenes migrantes contrasta con que se le otorgue la misma puntuación, 6 puntos sobre 100, a toda aquella entidad que realice un programa de adaptación cultural que contemple, al menos, el conocimiento de la cultura española y la transmisión de valores democráticos, de al menos 30 horas anuales. En esencia, se está otorgando una valoración similar a aquel pliego que priorice esta clase de enseñanzas a la inserción laboral y la vida adulta de los jóvenes. Sin embargo, se da más peso a las horas lectivas dedicadas a la cultura y los valores españoles que a la formación laboral.
A su vez, es posible establecer otro interrogante: ¿Por qué un niño migrante no conocería lo que son los valores democráticos por el mero hecho de ser un niño migrante, cuando es un asunto que se aprende en la enseñanza obligatoria? En la Educación Secundaria Obligatoria, la conocida como ESO, ya se incluye una hora semanal de la asignatura «Educación en Valores Cívicos y Éticos» para cada una de las 37 semanas lectivas del segundo curso.
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