El fracaso en lograr un acuerdo para el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes, celebrada en Santander, pone ya de manifiesto un cambio de escenario significativo tras muchos meses de negociación frustrada entre los gobiernos de Canarias, España y el PP. Y no es precisamente porque las diferencias entre estos tres actores se hayan resuelto, en concreto las de los populares con el Ejecutivo central, sino por la aparición de una nueva pieza en el tablero, la que representa Junts per Catalunya como una de los grupos en el Congreso que condiciona la mayoría para sacar adelante proyectos legislativos.
Sus siete escaños en la Cámara Baja, que en julio pasado fueron determinantes para rechazar junto al PP y Vox la reforma de la ley de extranjería y el reparto obligatorio de menores entre todas las comunidades autónomas, podrían ahora cambiar de bando y permitir la aprobación de un decreto ley con ese mismo contenido. Una propuesta que Canarias y Euskadi elevaron en la Conferencia de Presidentes, para un reparto «extraordinario» de niños y niñas llegados en pateras y cayucos, que no se materializó en ningún apoyo concreto.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de su máximo negociador en esta materia, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, va a estudiar la propuesta «temporal y urgente» canario-vasca, defendida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Y para ello, se dan un plazo de tres meses para buscar el «encaje jurídico» para derivar a los menores a otras comunidades. Fernando Clavijo (CC) y el lehendakari Imanol Pradales (PNV) barajan que sea a través del decreto ley, pero el Ministerio tiene dudas. Ahora la clave es convencer a Junts para tener mayoría en el Congreso, tras comprobar que el PP se ha cerrado en banda a la reforma legal del artículo 35 de la ley de extranjería para el reparto de menores, como ocurrió en la reunión del pasado día 5 con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, donde también participó apoyando a Canarias el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La negociación con Junts la inició Torres al día siguiente de la fracasada reunión con el PP, pero se enmarca en las que el Gobierno central mantiene desde hace meses con esta formación para el traspaso a Cataluña de las competencias en materia migratoria. El Gobierno central ya avanzó de manera informal la apertura de esta vía durante la copa de Navidad en La Moncloa el pasado miércoles, y lo corroboró tras la Conferencia de Presidentes.
La cesión de las competencias en inmigración a Cataluña y los Presupuestos marcan el escenario
Clavijo, por su parte, también anunció el día 10 en el pleno del Parlamento de Canarias que negocia con Junts, pero en su caso una solución de emergencia para el reparto extraordinario de menores sin que se reforme la ley de extranjería, algo que se haría más adelante. El presidente canario cree que Junts está de acuerdo en esta solución de urgencia. Desde el Ministerio que dirige Torres alegan que se ha de buscar un encaje legal, porque un decreto ley podría ser recurrido por el PP ante el Constitucional aunque los catalanes lo apoyaran en el Congreso.
Por tanto, todo sigue abierto, y mientras tanto, continúa el goteo incesante de pateras y cayucos a las costas canarias. En principio, la condición de Junts para apoyar la fórmula inicial, que es la reforma de la ley de extranjería, es cerrar con el Gobierno el traspaso a Cataluña de las competencias en gestión migratoria, cuestión que además está ligada a la negociación sobre los presupuestos de 2025 que el Ejecutivo quiere presentar en enero en el Congreso. Muchos elementos en juegos para cuadrar el encaje y resolver el sudoku.
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