El Gobierno organizará una ceremonia civil con carácter de Estado para homenajear a las víctimas por la tragedia de la DANA. Un acto sobre el que todavía no han comenzado los preparativos porque, según justifican fuentes del Ejecutivo, su intención pasa por esperar a celebrarlo hasta que aparezcan todos los desaparecidos o estos sean declarados por un juez como fallecidos.
Para este trámite judicial deberá transcurrir un mínimo de tres meses desde la catástrofe que azotó especialmente la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. El homenaje de estado, por tanto, no se celebrará antes del mes de febrero, según apuntan en el Gobierno, para insistir en que será “cuando llegue el momento adecuado”. Las mismas fuentes señalan que además aún no se ha pasado de la situación de emergencia a la de postemergencia. Un nivel que garantiza, por ejemplo, la presencia en la zona de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El pasado jueves, un mes y medio de la riada, todavía se halló en la localidad de la zona cero de Paiporta el cadáver de uno de los desaparecidos por la DANA, de cuya custodia inicial se hizo cargo un equipo de la UME. La cifra de fallecidos se eleva así a las 231 (223 en la Comunitat Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía) y a tres los desaparecidos.
El Gobierno tiene la esperanza de localizarlos en tierra después de que los investigadores del buque oceanográfico del CSIC Ramón Margalef, con capacidad para cartografiar el fondo marino y equipado para operar vehículos submarinos no tripulados, no hayan encontrado en el mar a personas en vehículos arrastrados por la riada.
Moncloa salió al paso de la misa funeral organizada por el Arzobispado de Valencia con el anuncio de que se organizaría una ceremonia de Estado no religiosa para honrar a las víctimas. Se hizo sin abordarlo antes con los presidentes de las comunidades afectadas, especialmente la Comunitat Valenciana. Con todo, se trasladó que la pretensión era organizar esta ceremonia en colaboración institucional tanto con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, como con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Andalucía, Juanma Moreno.
Pedro Sánchez no acudió al funeral, presidido por el rey Felipe VI, y en representación del Ejecutivo, que el día antes no lo había incluido en la agenda oficial, lo hicieron finalmente la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant. En el Gobierno se remarcó que la misa organizada por el Arzobispado de Valencia «no es un funeral de Estado» y se quiso priorizar la celebración de la ceremonia civil. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, avanzó su presencia unos días antes, al igual que otros presidentes autonómicos del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien suspendió un viaje al extranjero para poder estar presente.
Funeral religioso
Cuando la Conferencia Episcopal Española organizó una ceremonia religiosa en la Catedral de La Almudena en memoria de los fallecidos por la pandemia del coronavirus, el Gobierno delegó su representación en la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Esta última era entonces la encargada de las relaciones con la Iglesia. Junto a Calvo acudieron las por entonces presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y el Senado, Pilar Llop. Sánchez tampoco asistió a aquel funeral religioso, mientras que sí lo hicieron los entonces líderes de PP, Vox y Ciudadanos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez organizó una ceremonia de Estado de carácter civil por primera vez para homenajear a las víctimas de la pandemia, diez días después de la ceremonia religiosa en la madrileña catedral de La Almudena. Aquel homenaje solemne, en el Palacio Real de Madrid, fue presidido por los reyes y contó con medio millar de invitados, incluyendo diferentes confesiones religiosas. El precedente es una ceremonia que descargó casi todo el protagonismo en la sociedad civil que padeció y combatió la pandemia, tratando de rebajar su carga política e institucional.
En esta ocasión se esperará a encontrar a todos los desaparecidos o que judicialmente sean considerados fallecidos, para lo que se marcan tres meses desde la fecha en la que sucedió el siniestro, según la última modificación del Código Civil. Una declaración de fallecimiento que permite iniciar trámites de herencia y que supone la disolución del matrimonio o la extinción de la patria potestad.
