El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el Rey, Felipe VI, en el centro de la imagen durante la foto de familia a su llegada a la XXVII Conferencia de Presidentes. / Xuan Cueto – Europa Press
La conferencia de presidentes autonómicos es un órgano cargado de potencialidad e interés, como se vio en Santander este viernes, cuando concentró toda la atención política y mediática, pero es un órgano productor de desencanto en su formato actual.
Si ya es frustrante para cualquier comunidad salir sin nada entre las manos, ni siquiera un mínimo intercambio de criterios, del principal foro de encuentro colectivo con el Gobierno, más lo es para la Comunitat Valenciana, que afronta uno de sus momentos más difíciles con una parte muy importante de la provincia de Valencia devastada, la pérdida de 223 vidas y tres desaparecidos, y la confianza en las instituciones herida tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.
La dana no estaba en el orden del día, pero cualquier territorio hubiera entendido que el programa se hubiera alterado para incluirla. Pocas causas mayores para una excepción pueden imaginarse. La dana tuvo así un tratamiento tangencial, que no era el que requería la destrucción sufrida y la reconstrucción que se necesita. Figuró en las propuestas que llevó el presidente valenciano, algunas de ellas ya conocidas, y tuvo un hueco en el paquete de medidas que presentó el Gobierno sobre financiación autonómica al ofrecer a las comunidades, como había adelantado días antes este periódico, reprogramar una parte de los fondos europeos para destinarlos a la recuperación valenciana.
Pero la iniciativa no tuvo ni la oportunidad del debate por la configuración actual de este órgano, en el que no hay intercambio de opiniones, solo una sucesión de discursos en privado del Gobierno y los presidentes autonómicos y luego una rueda de comparecencias de prensa para alimentar el pimpampum político. ¡Qué mejor espacio que la conferencia para poder haber escuchado la respuesta de las autonomías a la propuesta del Gobierno sobre los fondos UE y haber salido ya con una medida discutida y acordada!
Lo mismo puede decirse de la quita de la deuda, una medida discutida por algunas comunidades (las que no han acumulado números rojos por una infrafinanciación de décadas, como le ha sucedido a la valenciana, la más endeudada en relación con su riqueza), pero que se merece la oportunidad del debate. Y del debate sincero, sin regates partidistas.
La propuesta no puede presentarse como un obsequio ideado para pactos parlamentarios, como puede ser la tentación en el caso de Cataluña, sino como una obligación urgente del Estado con las comunidades peor tratadas. Y no es la panacea, claro, pero no puede ser recibida tampoco con reticencias por parte de territorios, como el de la Comunitat Valenciana, a los que el lastre de la deuda acumulada y la obligación de pago de intereses impide cada año destinar más fondos a políticas de verdad, de desarrollo y fomento de la riqueza y el empleo. Lo prioritario es un nuevo sistema de financiación de las autonomías, sí, pero mientras este llega, el perdón de la deuda y un fondo transitorio de nivelación son soluciones paliativas que no pueden ser desdeñadas (ni menospreciadas) por intereses partidistas.
Pedro Sánchez lo dijo en la declaración institucional al inicio de la conferencia de Santander: estos encuentros son una reivindicación del acierto del Estado autonómico y un reconocimiento de la diversidad territorial. Sin embargo, en su formato actual son una invitación a la frustración y el desencanto, que ya se sabe, por desgracia, qué fantasmas engendran. El interés que despiertan en los territorios y la atención mediática que concitan dan cuenta de su relevancia en un momento maduro del Estado compuesto. Indican la necesidad de desarrollar y potenciar este espacio de conversación y discusión entre el Gobierno y las autonomías, ya sea bajo la fórmula de la conferencia de presidentes o de un nuevo Senado, más acorde a las necesidades de hoy.
Pero al margen de la estructura administrativa, el funcionamiento debe ser repensado. No puede ser que estos foros se convoquen después de denuncias judiciales por su ausencia y deben organizarse de una manera diferente para generar debates y propiciar acuerdos. Sin esos avances, necesarios para reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones, el riesgo (ya se ve estos días) es que deriven en otro escenario más para el deterioro de la política.
