Este martes pasado se evitó, in extremis y de momento, la derogación de la ley de Memoria Democrática balear impulsada por la extrema derecha. Es una buena noticia, aunque lo sería aún mejor si este vergonzoso proceso de degradación de nuestra democracia hubiera acabado ya, pero parece ser que simplemente se ha pospuesto la votación hasta la semana siguiente, cuando veremos si el precario acuerdo alcanzado por el Partido Popular con algunos partidos de la izquierda parlamentaria fructifica o, en un nuevo giro, acabamos presenciando cómo la norma es finalmente derogada.
No hay que olvidar que para el PP las víctimas del franquismo han sido, son y serán una simple moneda de cambio. Usó sus derechos como si fuera un mercadillo, negociando su supresión para llegar a acuerdos con los herederos de la falange, y ahora los usa para impulsar acercamientos a fuerzas de izquierda para tratar de salvar una situación comprometida. Es decir, que si a Margalida Prohens no le hubiese demolido los presupuestos la extrema derecha, a día de hoy la ley de Memoria Democrática sería un recuerdo derogado. Después del desastre parlamentario que fabricaron ellos mismos al votar a favor de las delirantes enmiendas de sus socios preferentes, en la tramitación del decreto de «simplificación administrativa», y de que estos mismos socios les hayan tumbado los presupuestos de la Comunidad, en el Partido Popular han accedido a plantearse la abstención en la votación de la derogación de la ley, a cambio de que los votos de la izquierda arreglen el desaguisado. Nada que celebrar.
Sería para celebrar que el PP volviera de buena gana al consenso democrático y de los derechos humanos, pero no es así. Lo hace forzado por la necesidad, lo hace porque sus socios fachas le dan la espalda. Al PP le importan un higo las víctimas (las de cualquier tipo, y si son del franquismo, imaginen), solo importa el uso político que se pueda hacer de ellas. En un momento como este, en el que el Govern se encuentra en una situación complicada, la izquierda debería arrancarles algo más que una simple abstención para no derogar una ley de memoria que, de todos modos, no estaban aplicando ni pretenden aplicar. Se trata de blindar la memoria democrática. En primer lugar, el PP debería comprometerse a blindar el texto legal. Que no haya sorpresas, modificaciones, recortes posteriores, ni en los derechos que concede ni en las obligaciones que establece. En segundo lugar, sería necesario un compromiso para que se la dote de presupuesto y se aplique su articulado de forma efectiva, tal y como se ha hecho desde 2018. Y, en tercer lugar, por supuesto, el cese inmediato de Le Senne, un presidente del Parlament indigno. De hecho, es el momento adecuado para intentar enmendar el daño que está haciendo el PP en otros ámbitos, como la defensa del territorio, planteando la prohibición de edificar en terrenos inundables, o la recuperación del terreno perdido en materia lingüística.
La situación de degradación de la calidad democrática en Balears es grave: la sociedad civil y las fuerzas democráticas teniendo que concentrarse delante del Parlament el Día de los Derechos Humanos para reclamar que no se derogue una ley que protege los derechos humanos, ante el ataque impulsado por diputados que entonan el «cara al sol» y rompen fotos de víctimas, mientras la presidenta del Govern deshoja la margarita para ver lo que más le conviene políticamente a su partido, si derogar derechos o magnánimamente conservarlos. Queda mucha lucha por delante para que nuestra sociedad pueda calificarse de democracia plena.
