El Gobierno prepara un decreto ómnibus para aprobar en el último Consejo de Ministros del año que se celebrará el próximo 23 de diciembre. Los diferentes ministerios están incorporando medidas y los socios parlamentarios del arco progresista han elevado la presión para que se prorroguen la mayoría de medidas que permanecen en el escudo social levantado frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.
El Ministerio de Hacienda parece dispuesto a aguantar la presión y se apuesta por seguir soltando lastre, en línea con las exigencias también de la Comisión Europea, para disminuir progresivamente las ayudas extraordinarias anticrisis y, sobre todo, evitar su carácter generalizado. Fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno justifican que no pueden cronificarse este tipo de “medidas antiinflación” que en su momento se aprobaron con un carácter temporal y extraordinario.
La actual coyuntura económica, según argumentan, nada tiene que ver con la de febrero de 2022, cuando se inició la guerra. “Los motivos del decreto han decaído”, concluyen estas mismas fuentes tras señalar que ahora la inflación está “por debajo del 3%” (2,4% en noviembre) y la senda es descendente.
El propio presidente Pedro Sánchez mostró esta semana en el Congreso su “predisposición” a extender “algunas medidas” del escudo social en 2025, sin precisar cuáles. Pero el espíritu del Gobierno pasa actualmente más por ser selectivo y por no prolongar de manera masiva todas las medidas anticrisis, a expensas de lo que consigan arrancar los diferentes grupos parlamentarios al Ejecutivo para dar su apoyo al decreto.
En estos momentos no hay negociaciones con los socios parlamentarios respecto a la prórroga del denominado escudo social. Desde el Ejecutivo no se cierran a abordar algunos asuntos y escuchar las reivindicaciones de sus socios, cuyo voto es imprescindible para convalidar los decretos en el Congreso, pero sí limitan su alcance al defender que no hay condiciones objetivas para mantener la mayoría de ayudas.
Presión de los socios
Entre la prioridad de sus socios de investidura, como ya han trasladado desde EH Bildu, se encuentra mantener la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, así de los cortes de suministros básicos como la luz, el agua y el gas. Por otra parte, demandan que se prorroguen las bonificaciones en el uso del transporte público y los descuentos ampliados el bono social eléctrico (aunque en este caso está aprobada una reducción progresiva trimestral del alcance de las rebajas para hogares vulnerables hasta el próximo julio).
En el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente apuestan por no mantener las bonificaciones generalizadas aprobadas en 2022 o, en cualquier caso, se prefiere ajustarlas a nuevos criterios para disminuirlas y para que no sean universales (centrándolas en colectivos vulnerables y en determinados usuarios habituales). Desde Hacienda no hay tomada una decisión al respecto y trasladan que se está negociando. Además, apuntan que las bonificaciones al transporte público no han conseguido otro de los objetivos que perseguían, más allá de rebajar inflación. Esto es, disminuir el uso del vehículo privado de manera generalizada.
Ante la constatación de que el Gobierno trabaja en la aprobación de un decreto ómnibus antes de fin de año, el PNV volvió a trasladar este jueves su advertencia de que votarían en contra de su convalidación en el Congreso si en el texto se incluía la prórroga del gravamen a las grandes energéticas. Una línea roja, según fuentes de la dirección del grupo nacionalista vasco. Tanto es así que aseguran que lo tumbarán aunque entre sus medidas se incluya la actualización de las pensiones conforme al IPC.
El Gobierno pactó la prórroga de este gravamen con ERC, EH Bildu y BNG, primero, y posteriormente con Podemos, a cambio de su apoyo a la reforma fiscal. Lo hizo sin garantizar el apoyo de PNV y Junts, por lo que todo apunta a que este decreto decaerá. Sin embargo, el Ejecutivo está dispuesto a aprobarlo igualmente en Consejo de Ministros para cumplir con sus socios, aun asumiendo un naufragio que parece inevitable. Eso sí, en Moncloa explican, sin concretar, que se ajustaría su arquitectura para evitar inseguridad jurídica para las compañías afectadas, que verían cómo se aprueba un gravamen con un impacto millonario en sus cuentas que previsiblemente decaerá apenas unas semanas después.
Las medidas en juego
Con la posibilidad de sumar los apoyos parlamentarios suficientes para convalidar el decreto ómnibus cada vez más en el aire, algunas medidas cruciales (como la revalorización de las pensiones) y la prórroga de algunas de las ayudas del escudo social (como el IVA cambiante de la luz, las subvenciones al uso del transporte público, la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros básicos o las ayudas extraordinarias a la gran industria para bajar su factura eléctrica, entre otras).
El Gobierno necesita una norma con rango de ley para poder aprobar la revalorización de las pensiones para el próximo año. La inclusión de la subida de las pensiones como en el decreto escoba de fin de año es una estrategia parlamentaria común para vencer las resistencias de los grupos políticos a aprobar el resto de medidas. Pero en esta ocasión algunos de los socios parlamentarios parecen dispuestos a dejar caer todo el decreto, incluso incluyendo la subida de las pensiones.
El Ejecutivo tiene que aprobar en un decreto ley la subida de las pensiones contributivas del 2,8%, en línea con el alza media de la inflación entre diciembre de 2023 y el pasado noviembre (aún debe de confirmarse el dato provisional de IPC por parte del Instituto Nacional de Estadística, INE). Y también debe incluir en el mismo decreto o en otro diferente -el año pasado se unieron en la misma norma- la revalorización de las pensiones no contributivas (incluido el ingreso mínimo vital, IMV) y también de todas las pensiones mínimas, con subidas que han de ser superiores al IPC anual según establece la última reforma de las pensiones.
Otra de las medidas que en principio expira a fin de año es la aplicación de un IVA cambiante del recibo de la luz en función del precio del mercado mayorista de la electricidad. Tras las fuertes rebajas excepcionales del IVA de la factura eléctrica durante la crisis, a lo largo de este año el impuesto indirecto ha ido variando del 21% con carácter general o del 10% en caso de que el precio del mercado eléctrico superara la cota de los 45 euros por megavatio hora (MWh) en el mes anterior. Si no se prorroga esta medida excepcional, y el Gobierno no parece dispuesto a hacerlo, el recibo de la luz recogerá un IVA normalizado del 21% de manera permanente.
