El Gobierno ha paralizado la formalización de los contratos que estaban en marcha para abrir un centro de personas migrantes en Torrevieja. En concreto, tenía previsto a través de la empresa pública Tragsa adjudicar la prestación del servicio de alimentación y limpieza para ese centro a ubicar en instalaciones provisionales prefabricadas en el recinto de la Tesorería de la Seguridad Social de Torrevieja, en la avenida Urbano Arregui.
La resolución en la que se decide no celebrar los contratos está firmada por la subdirectora de Infraestructuras y Edificación de Tragsa, Imelda Pinilla, y señala que la Administración para la que se prestaría ese servicio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «no ha encargado a Tragsa la prestación de esos servicios».
En la documentación pública de los dos expedientes no se aclara por qué se habían promovido, y solo se señala que no suspende el procedimiento por «razones de interés público».
Los contratos suspendidos están valorados en más de cinco millones de euros y se anulan «por interés público». La resolución señala que el Ministerio de Inclusión «no los ha solicitado» para este momento, aunque no se aclara por qué se impulsaron
Más de cinco millones
Solo el contrato de comedor estaba valorado en 5,4 millones (IVA excluido) por un periodo de un año con dos prórrogas de seis meses cada una. A las empresas ofertantes se les indemniza con 2.500 euros cada una.
La petición de la directiva de Tragsa está firmada el día 2 de diciembre y se hizo efectiva el pasado martes.
Licencia
La voluntad del Gobierno de poner en marcha el centro se conoció a través de INFORMACIÓN el 21 de noviembre. En ese momento el Ayuntamiento de Torrevieja desveló que tramitaba desde hace meses una solicitud de la Administración estatal para la puesta en marcha del centro de migrantes, que inicialmente se planteó como una actuación menor, con una declaración responsable.
El Ayuntamiento solicitó que se hiciera a través de una licencia ambiental por la entidad del proyecto, para acoger a 400 migrantes, con alojamiento, enfermería, lavandería, comedor, zona de seguridad y control de acceso al recinto sobre 7.000 metros cuadrados.
En la que sería la primera instalación de estas características en la provincia de Alicante. Desde entonces el municipio ha reclamado numerosas subsanaciones del expediente, sin otorgar la licencia ambiental, que es la equivalente a la de obra y la que seguiría la de apertura.
Resolución de Tragsa en la que se decide no formalizar los contratos del centro de migrantes previstos en Torrevieja / INFORMACIÓN
Polémica
El Gobierno, que no había informado de su proyecto de instalar este centro en Torrevieja, aseguró tras la polémica que estaba a la espera de la respuesta del Ayuntamiento a la petición de licencia ambiental para decidir qué hacer con la instalación, que ha generado un enorme debate con una deriva de descalificaciones y bulos racistas y xenófobos en las redes sociales a nivel local. Hasta el punto de que el propio equipo de gobierno del PP ha tenido que pisar el freno en el tono de las críticas al proyecto, tras convocar a las asociaciones de padres y algunas del barrio del Acequión y San Roque en el que se ubicaría el recinto.
Interés general
El ministerio puede optar por descartar la iniciativa al carecer de licencia. Pero considerando el tipo de prestación y la urgencia con la que el Estado necesita este tipo de instalaciones podría sacarla adelante incluso sin autorización municipal. Algo que ha hecho en otros casos también alegando el interés general.
El equipo de gobierno del PP, con el alcalde a la cabeza, Eduardo Dolón, ha señalado que la licencia modifica sustancialmente el uso que se le da al recinto y por el que se le otorgó autorización hace más de una década para dependencias de la Tesorería de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina. Aunque sí acoge en la segunda planta desde junio de 2023 un centro de recepción de migrantes ucranianos, en labores administrativas. Uno de los cuatro que funcionan en España pasa asumir a los refugiados de la guerra.
Distribución del centro en instalaciones provisionales que figura en la documentación pública sobre el centro de migrantes / INFORMACIÓN
Declaración institucional que se queda en moción
Mientras tanto, el equipo de gobierno intenta hacer equilibrios en su discurso público sobre la ubicación -para no acercarse a las posiciones de Vox, que comparten muchos de sus electores en Torrevieja- y ha promovido una declaración institucional de rechazo al centro de migrantes, en esencia porque considera la ubicación escogida muy desacertada.
La declaración institucional se quedó rápidamente en moción porque el PSOE local -que también lo tiene muy complicado políticamente para defender la más que opaca actuación del Gobierno en este asunto- se descolgó de inmediato.
También lo ha hecho Vox, que además de compartir el discurso de que el recinto exterior de la Tesorería de la Seguridad Social no cumple las condiciones para albergar el centro, finalmente no quiso incorporar en su texto los mensajes más duros contra la migración de Vox a nivel nacional.
Mientras tanto, el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, también con muchas dudas sobre este asunto de la declaración institucional -donde considera que las posiciones no pueden ser de blanco o negro-, se ha sumado finalmente a la moción del PP.
EL EDIFICIO Y EL RECINTO
Inaugurada en 2011 tras una inversión de doce millones de euros, la sede de la Oficina de la Seguridad Social está situada en una parcela de 13.400 metros cuadrados, en la calle Urbano Arregui. Los 4.500 metros cuadrados se distribuyen entre la planta baja y la segunda planta, además de 1.725 metros de aparcamiento subterráneo, y durante más de 12 años ha funcionado apenas al 60% de su capacidad total, lo que provocó muchas críticas por la importante inversión que supuso en un momento de crisis económica.
En la planta baja se concentran las instalaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social con su unidad de recaudación ejecutiva (URE) y el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), que da servicio a una población potencial de 35.000 personas dadas de alta en los municipios del litoral comarcal y segunda línea de costa. Y evita el traslado para hacer gestiones presenciales que antes se hacía en Orihuela. En la planta primera cuenta con una pequeña delegación del Instituto Social de la Marina que atiende a pensionistas y trabajadores en activo del régimen especial del mar en Torrevieja y Guardamar.
Desde junio de 2023 también funciona como Centro de Recepción, Atención y Derivación para desplazados ucranianos, que ahora ocupa buena parte de la segunda planta que apenas se había empleado hasta ese momento, en funciones exclusivamente de atención administrativa.
Se trata de uno de los cuatro centros de acogida de ucranianos que el Gobierno tiene abiertos en toda España para la atención a refugiados de la guerra de Ucrania. En el Centro de Recepción torrevejense pueden recibir información, asesoramiento jurídico, orientación laboral y acceder al Sistema de Acogida.
El Ayuntamiento de Torrevieja no ha llegado a informar de la puesta en marcha de este centro -de hecho ha cuestionado la ayuda del Gobierno de España a los ucranianos que han llegado a Torrevieja sin citar la existencia de uno de los centros de gestión estatal de acogida más importantes de España para ese colectivo-.
Solo hay dependencias similares de gestión estatal para atención de ciudadanos ucranianos en Madrid, Barcelona y Málaga. Torrevieja cuenta con 7.000 ciudadanos ucranianos censados. Las personas de esta procedencia constituyen, de hecho, la principal comunidad extranjera de la ciudad.
