La etapa de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana está haciendo resurgir algunos nombres de oscuro recuerdo para la región. La catastrófica DANA que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre ha sido el punto más crítico de un modelo de gestión que se lleva dando desde el inicio da la legislatura, en 2023. El Ejecutivo de Mazón ha aprovechado la reconstrucción de la región para adjudicar contratos a empresas relacionadas con la trama Gürtel, a lo que se suma la dinámica que ha mantenido el Ejecutivo regional tanto antes como después de la DANA: la de estrechar lazos con el entorno de Eduardo Zaplana.
Es el caso de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), en la que el PP y Vox auparon en julio de este año a Eduardo Beut como su nuevo director. Un movimiento clave dentro de su estrategia de «descafeinar» la acción de esta institución de lucha contra la corrupción. Muestra de ello fueron los primeros movimientos de Beut, quien destituyó a Gustavo Segura, director de Investigación y número dos del anterior director, Joan Llinares. Segura se había presentado para el puesto que finalmente cayó en manos de Beut, pero el partido de Mazón, quien cambió la ley que regulaba los requisitos para este cargo, impulsó al actual dirigente a pesar de estar respaldado por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, que no tiene entre sus estatutos la lucha contra la corrupción, requisito fundamental para este proceso.
La elección de Beut ya era una buena muestra de las intenciones del PP con la AVA, a la que buscan «dar cerrojazo y acabar con su transparencia«, como denuncia la oposición en declaraciones a ElPlural.com. En medio de este «asalto» a Antifraude, el nuevo director de la agencia cesó también a Teresa Clemente, anterior directora adjunta y de Asuntos Jurídicos, y otro de los cargos de confianza de Llinares. Estas destituciones motivaron la respuesta del PSPV, quienes solicitaron hace una semana la información relativa a estos. Esto sirvió a Jose Antonio Díaz, diputado socialista, para descubrir el siguiente movimiento de la dirección de Eduardo Beut.
El 11 de noviembre, Beut firmó la instrucción 2/2024, que regula cómo se publican las resoluciones de las investigaciones de la AVA en su portal de transparencia. De esta manera, la transparencia que caracterizaba a la agencia en su etapa anterior, pasó a un segundo plano. Cada mes, la AVA publicaba los informes completos, algo que desde noviembre se ha visto reducido a un breve resumen de la información, con todos los datos relevantes de las personas físicas implicadas anonimizados. Desde la oposición traducen esto a «ocultar las administraciones u organismos afectados«, como denuncia también Isaura Navarro, portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, quien reclama que la tienen «derecho a saber qué ayuntamientos u otras entidades han sido objeto de investigación y sanción».
En la primera tanda de informes publicados esta semana bajo la nueva normativa, ya se aportan los mínimos datos posibles sobre las instituciones investigadas. Cómo recoge Eldiario.es, en algunos casos de presuntas irregularidades de ayuntamientos ni siquiera se detalla de cual se trata. Otro ejemplo es el informe de un conflicto de intereses del secretario de una «Cámara de Comercio», que data de agosto y ha sido publicado ahora, de la cual no se especifica cual es. Estos son solo algunos ejemplos de la veintena de informes publicados esta semana, en los que se aplica la praxis de Eduardo Beut, al que Navarro acusa de hacer «lo que le encomendaron hacer los que le nombraron, tapar las vergüenzas del PP«
Los vínculos de Eduardo Beut con Zaplana
Este golpe a la transparencia de la AVA, no es sorprendente para quienes siguen la evolución de esta nueva etapa de cerca. Es más, desde la oposición declaran que esto tan solo «confirma las sospechas» de que el Ejecutivo de Mazón busca «descafeinar» la acción de este organismo, y buena muestra de ello es la trayectoria de Beut, y sus vínculos con el condenado expresident del PP. Durante la presidencia de Zaplana, Beut fue jefe de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, para pasar en 2002 al puesto de consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales, constituida por Bancaja y la Caja Mediterráneo junto a la Generalitat.
Posteriormente, Beut fue gerente de Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración) hasta el año 2012. La evidente confianza del expresident sobre Beut está más que acreditada, pero se refuerza con el dato de la «amistad personal» que mantenía con Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete de Zaplana, revelada por fuentes de la oposición a este medio. Una amistad que llegaba al punto en el que las mujeres de ambos regentaban una librería juntas.
