El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. / EFE
La reindustrialización es, en estos momentos, una prioridad para Europa y, al mismo tiempo, una gran oportunidad para España que queremos aprovechar en las mejores condiciones. Con este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó este pasado martes el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que no solo supone una actualización de la norma vigente (que data de 1992) sino que marca un antes y un después en la política industrial de nuestro país.
Muchas cosas han cambiado desde la fecha en la que se aprobó la anterior ley de industria, en la que apenas se hablaba de reindustrialización y donde es imposible encontrar términos como descarbonización, digitalización, talento, brecha de género o autonomía estratégica.
Conceptos que ocupan un papel central en la agenda europea y que hacen referencia a los principales retos que hoy tiene nuestra industria: incrementar nuestra capacidad productiva y avanzar en la sostenibilidad, la resiliencia y la competitividad de nuestro tejido productivo.
Este Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, plenamente alineado con la agenda europea y las recomendaciones de los informes elaborados por Enrico Letta y Mario Draghi, llega en el momento adecuado para afrontar con mayores garantías este gran proceso de trasformación. Un momento favorable que es consecuencia directa de la política industrial desarrollada por los Gobiernos de Pedro Sánchez en estos últimos años.
Este mismo martes, dos grandes multinacionales como Stellantis y CATL anunciaban el acuerdo para poner en marcha una gigafactoría de baterías para el vehículo eléctrico en Aragón, con una inversión de 4.100 millones de euros. Un proyecto que ha recibido, a través del PERTE del vehículo eléctrico del Gobierno de España, un total de 298 millones en ayudas que han sido fundamentales para captar esta inversión.
Por su parte, los últimos datos disponibles muestran cómo la producción industrial en España (IPI) mantiene una tendencia positiva, alcanzando el pasado mes de octubre un crecimiento del 6,4% respecto al año 2023.
En este contexto, la nueva ley constituye una magnífica oportunidad para afrontar con más ambición y nuevos mecanismos los objetivos que tenemos en este ámbito: la reindustrialización, a través de la atracción de nuevas inversiones industriales y el mantenimiento de nuestras capacidades actuales; garantizar nuestra autonomía estratégica; el impulso de la innovación y la competitividad, así como la descarbonización de nuestra industria y su digitalización.
Se sitúa así la política industrial en el epicentro de la actuación del Gobierno, asistido por un nuevo marco para su gobernanza y con la contribución de nuevos instrumentos de apoyo a las empresas.
Pongo tres ejemplos: los actuales Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, los conocidos como PERTES industriales, pasan a tener carácter estructural; nos dotaremos de una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, que sentará las bases de la política industrial; y esta será implementada por Planes Estatales con medidas y programas concretos.
No va a resultar menos importante la figura de los Proyectos Industriales Estratégicos, que simplificarán los trámites para las grandes inversiones industriales; o las Mesas para la Reindustrialización, un mecanismo de negociación que actuará cuando una empresa decida reducir de forma significativa su actividad o trasladar su producción. Porque la protección de la actividad industrial y del empleo también siguen siendo prioridades absolutas de este Gobierno, y así queda reflejado en esta ley.
El compromiso con la transición energética, uno de los grandes pilares de la transformación industrial, también se expresa a través de la protección de la industria intensiva en energía, con medidas de apoyo para facilitar su descarbonización.
Por último, quiero destacar otro elemento novedoso como es la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, que nos va a permitir asegurar la provisión de bienes y productos básicos, especialmente en momentos de crisis como el que vivimos a causa de la pandemia de la Covid19.
Además, el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica incluye muchos otros aspectos cruciales para el desarrollo y la competitividad del sector como la innovación, la protección de la propiedad industrial, la promoción del talento y el empleo de calidad, la promoción de las áreas industriales o el fomento de la cultura industrial.
En definitiva, esta nueva ley quiere crear las mejores condiciones e instrumentos para impulsar nuestra industria y su peso en el conjunto de nuestra economía. Porque la industria, además de valores importantes, nos aporta innovación, desarrollo territorial y un crecimiento más equilibrado y con empleo de mayor calidad. De manera que, al apostar por una industria moderna y más sostenible, estamos avanzando hacia una sociedad con mayor cohesión social y territorial.
Por todo ello, este Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica nace con la vocación de ser una ley de todos los agentes del sector y una ley de país, respetando escrupulosamente las competencias de las Comunidades Autónomas. Con un texto que ha sido mejorado a través del diálogo con los sectores industriales, empresariales y sindicales, que ha sumado un alto número de aportaciones a través de dos audiencias públicas, y que está abierto a las propuestas que puedan hacerse durante la tramitación parlamentaria, con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo a la altura de lo que nuestra industria reclama y merece.
Confío en que, a partir de ahora, las organizaciones políticas podamos trabajar con generosidad y espíritu constructivo para aprovechar la oportunidad que tenemos de situar a nuestra industria, y por tanto a nuestro país, en la vanguardia del siglo XXI.
