El acercamiento entre PP y Junts esta semana no se ha limitado a la enmienda que suspende el impuesto sobre la producción eléctrica, que implicaría un ahorro de hasta 1.500 millones en la factura eléctrica y que el Gobierno ya busca cómo revertir. El partido de Alberto Núñez Feijóo y el que lidera Carles Puigdemont acordaron incorporar esa suspensión al informe de la ponencia del proyecto de ley sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Pero no fue la única. La otra enmienda pactada en la misma comisión -y que salió adelante- trataba sobre las plantas de cogeneración -que producen electricidad aprovechando el calor de la propia actividad de sus fábricas en sectores como la cerámica, el papel o la alimentación- y es clave para la gran industria.
En el caso de los independentistas el objetivo era proteger, sobre todo, al sector agroalimentario de su comunidad, con especial afectación al porcino. El PP, que reconoce que es un gesto claro hacia los catalanes, hace extensivos los efectos a otros sectores fuera de Cataluña como la industria de la cerámica en la Comunidad Valenciana o el aceite en Andalucía. PSOE y Sumar se opusieron a esa propuesta, mientras que PNV sí respaldó esta transaccional.
La enmienda supone un guiño millonario a las plantas eléctricas de la gran industria, ampliando los pagos que reciben decenas de plantas de cogeneración a cargo del recibo de luz que pagan todos los clientes. Las factorías con plantas de cogeneración, unas 600 en el mercado español, producen electricidad con una retribución garantizada por ley mediante el sistema Recore (el mismo que utilizan las renovables reguladas que antes recibían primas).
Esas plantas reciben esa remuneración durante un periodo de 25 años, que es el plazo que se considera suficiente para que las instalaciones estén plenamente amortizadas. Muchas de las plantas operativas han excedido esa vida regulatoria y actualmente no reciben ninguna remuneración. La enmienda transaccional acordada entre Junts y PP contempla que las plantas de cogeneración que hayan superado esa vida regulatoria desde el 1 de enero de 2021 puedan seguir recibiendo la remuneración hasta que el Gobierno convoque las esperadas subastas públicas para el sector y puedan reengancharse para recibir de nuevo retribución regulada.
El objetivo es que las plantas puedan seguir cobrando esta remuneración garantizada a la espera de que el Ejecutivo cumpla su compromiso de celebrar subastas de cogeneración. Las convocatorias de subastas para adjudicar retribuciones reguladas a instalaciones con un total de 1.200 megavatios (MW) de potencia acumulan un enorme retraso. De hecho, las subastas se anunciaron en 2021 con el objetivo de convocar al menos tres pujas, una cada año, hasta 2024. El Ministerio para la Transición Ecológica llegó a sacar a información pública las normas de funcionamiento de estas subastas. La crisis energética, primero, y la necesidad de aprobar una nueva metodología para calcular la retribución, después, han ido retrasando las subastas.
Desde PP se apunta que la enmienda transaccional busca presionar al Gobierno para aprobar el marco reglamentario y el calendario para la celebración de una o varias subastas para una potencia de 1.200 MW ya en 2025 y también de una o varias subastas por otros 800 MW en 2026. Y reprochan que la coalición gubernamental no explique con claridad los plazos.
¿Alianza PP-Junts?
Fue fruto de la casualidad, pero estas enmiendas -que sorprendieron al Gobierno- aprobadas a instancias de PP y Junts coincidieron con la cuestión de confianza que planteó Puigdemont en el arranque de semana a Pedro Sánchez. Un órdago al que casi ningún grupo parlamentario da demasiada importancia -se trata de un recurso que debe partir del propio presidente y que ningún grupo puede forzar- pero que tiene distintas lecturas.
La primera es la búsqueda de protagonismo en la negociación presupuestaria por parte de Puigdemont. Y para el PP, la otra es la preparación del terreno para exigir “una gran cesión” a cambio del apoyo en las cuentas públicas. Dan por hecho que no valdrá con el traspaso competencial en materia de inmigración, que hasta ahora estaba encima de la mesa.
Pero, sobre todo, los populares apuntan al hecho de que Puigdemont insistiera en que no considera a Sánchez «de fiar» y que ahora exigirá “hechos” y no solo acuerdos cuyo cumplimiento queda en el aire al firmarlos, o que directamente entran en contradicción con los que firma con otros de sus socios.
Los dirigentes del PP llevan tiempo dejando claro que en esta legislatura trabajarían para romper la mayoría de investidura de Sánchez, y no esconden que con Junts y PNV (en realidad, más con los soberanistas catalanes) comparten agenda económica e industrial en gran medida. La política fiscal es similar también.
En Génova sí han asistido con frustración lo consolidados que están algunos socios como los nacionalistas vascos. Feijóo siempre aspiró a un acercamiento que nunca llegó a concretarse y que, en muchos momentos, ha ido a peor. Con Junts la relación siempre es complicada porque el PP ha hecho de la ley de amnistía pactada con -y para- los independentistas catalanes su gran bandera de oposición. Y porque cualquier pacto con Puigdemont siempre es muy delicado. Pero la realidad es que entre grupos parlamentarios la interlocución es fluida y los diputados no esconden que en muchas comisiones hay sintonía e iniciativas compartidas.
