Representantes de sindicatos de trabajadores públicos –de prisiones, docencia, inspectores educativos, policías, de la agencia tributaria… -se han dado cita esta mañana en Madrid, en el pequeño tramo de la calle Núñez de Balboa, entre General Oraá y Diego de León para pedir una solución para MUFACE. Lo hacían ante la sede de UNESPA, la patronal de las aseguradoras, un día después de que el organismo, que depende de Función Pública, hiciera público un informe en el que considera que las compañías no justifican lo suficiente la subida de la prima que solicitan y que ha desatado la crisis del mutualismo. En la concentración, a la que acudieron más de doscientas personas, un contundente mensaje: «¡Basta ya de ser rehenes de las aseguradoras y el Gobierno!».
Uno por uno, los portavoces de los sindicatos –CCOO, UGT, ANPE, USIE (sindicato profesional de la inspección educativa), Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT), Sindicato Unificado de Policía (SUP)…– han ido desgranando las razones que tienen para salir a la calle. Lo hicieron en una protesta que suscitó muchísima expectación. A las puertas, curiosamente de un centro médico de Sanitas y muy cerca de un señorial edificio donde, en forma de cartel, se anunciaba que se alquilan espacios para consultas médicas. Esta tarde, los mismos sindicatos acudirán a la sede central de MUFACE en Madrid a trasladar su inquietud. Lo harán también en sedes provinciales de toda España.
«Ni con Zapatero»
El primer mensaje que lanzaron corrió a cargo de UGT: «La unidad que supone que diez organizaciones que representamos a colectivos de mutualistas diferentes nos hayamos puesto de acuerdo con el único objetivo de que tengan la mejor prestación sanitaria posible igual que lo reclamamos para el resto de ciudadanos. El valor de esta foto es la unión sindical. La última vez que salimos juntos fue cuando Zapatero nos rebajó el sueldo».
A partir de ahí, los representantes sindicales expresaron sus inquietudes. Confían, dijeron, en que como dijo este martes el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, antes de final de año haya una solución en forma de nueva licitación. «Porque creemos que las dos partes (Gobierno y aseguradoras) están obligadas a entenderse por responsabilidad social y por responsabilidad con el colectivo de mutualistas», ha señalado Maribel Loranca, de UGT Servicios Públicos.
«Se ha abierto una puerta de esperanza, efectivamente, porque el Gobierno está trabajando en una licitación, digamos, rápida, que entendemos que debería estar hecha antes de finales de año y exigimos, volvemos a exigir un esfuerzo por parte del Gobierno, pero, desde luego, esfuerzo también por parte de las compañías sanitarias«, añadió Loranca.
Como otros compañeros, declinó comentar por qué, en ese objetivo común de conseguir un acuerdo sobre MUFACE, no pelean junto a CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, que este mismo miércoles, casi a la misma hora que sus compañeros, acudía al Congreso de los Diputados para entregar las quejas de mutualistas por la desatención sanitaria en el registro. Este sindicato ha convocado una concentración ante la sede de MUFACE el sábado 14 de diciembre.
El informe de MUFACE
Los portavoces sindicales dijeron desconocer los términos exactos del informe que este martes ha hecho público MUFACE en el que evalúa las respuestas de las aseguradoras a la consulta de mercado lanzada hace unos días. Un informe que valora favorablemente la propuesta de incremento de primas «por tramos de edad al entenderse que parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo» y matiza que «habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifican el incremento de la prima por parte de los operadores».
Concentración de los sindicatos / N.S.
«En términos técnicos, posiblemente, Función Pública esperase un informe más detallado, poniendo negro sobre blanco, efectivamente, los costes. Uno puede decir, haciendo una broma y en plan coloquial, que parece que el Gobierno dice que han ‘presentado las cuentas del gran capitán’, pero si MUFACE dice que no acreditan suficientemente esos costes para justificar la petición desmesurada del 40%,creo que las aseguradoras también tendrán posibilidad de respuesta porque nosotros, desde luego, desconocemos los términos».
Lo único que conocen, dijeron, es que la prestación sanitaria de esas aseguradoras finaliza el 31 de enero. Y que, desde noviembre, hay mutualistas que están teniendo problemas con esas compañías, añadió Pilar Gredilla, presidenta de ANPE Castilla y León. Los portavoces sindicales insistieron: «Se está jugando con la salud de todos los mutualistas y entendemos claramente que necesitamos que firmen un acuerdo ya porque es el momento de dar esa tranquilidad y esa seguridad a todos aquellos que están utilizando estas compañías porque es el seguro médico que tienen desde hace muchísimos años«.
Irse a la pública
Y otro mensaje. Se habla de 1,5 millones de personas (funcionarios y beneficiarios) que, si MUFACE desaparece, tendrían que pasar a la sanidad pública: «Nosotros dudamos claramente si la sanidad pública puede absorber a todo este número de futuros pacientes que pueden entrar en el sistema. Por eso estamos aquí, para llegar a un acuerdo realista, un acuerdo transparente. Que nos digan cómo están las cosas y que se llegue a la solución para que tengamos todos esa tranquilidad».
«Imagínense ustedes un millón y medio de personas llamando a los centros de salud el 1 de febrero», señaló el portavoz de los inspectores de educación
Jesús Marrodán Gironés, presidente nacional de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), trasladó la inquietud que ese trasvase a la sanidad pública genera a los mutualistas: «Imagínense ustedes un millón y medio de personas llamando a los centros de salud el 1 de febrero diciendo ‘¿que hay de lo mío? y ‘quiero una cita médica quiero una cita con mi especialista, que mantengan mi tratamiento médico’. Es imprescindible este acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras. Ambos tienen que ceder«.
Agilidad al Gobierno
«Entendemos que, en este momento, no hay ningún escenario alternativo viable a la firma de un nuevo convenio y, por lo tanto, pedimos a las dos partes. Al Gobierno, por un lado, agilidad en sacar una nueva licitación y, a las compañías de seguros, que sean razonables porque llevan 50 años lucrándose con los mutualistas», añadió Paco García, responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Eso sí, pidió que una vez resuelta la firma del nuevo convenio, se inicie un debate sosegado. «Le vamos a pedir al ministro Óscar Puente que abra una mesa de diálogo sobre la asistencia sanitaria de los empleados públicos. Tenemos que sentarnos a pensar cómo hacemos en el futuro para que cada dos o tres años no estemos abocados a una situación que acabará siendo ingestionable, por lo tanto, hace falta un plan para garantizar la atención sanitaria futura del conjunto de los empleados y empleadas públicas», zanjó.
Los policías
El desfile de portavoces sindicales finiquitó con Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Álvaro Fernández secretario de organización de la UFP, Unión Federal de Policía. «Estamos aquí hoy representando a todos los policías nacionales y lo primero que queremos decir es que no somos números, que somos personas. Los policías tenemos que dar servicio, tenemos que dar seguridad. No es algo que queramos estar en una sanidad privada, ni es un antojo, sino que es una necesidad», indicó García.
Concentración de los sindicatos. / N.S.
«Que no nos utilicen como rehenes por parte de las compañías aseguradoras por sus intereses económicos. Basta ya de utilizarnos y que al Gobierno, por favor, que se dé un poco de prisa y que amplíe un poco más la oferta porque la sanidad de los policías se está viendo afectada», zanjó su compañero Álvaro Fernández.
