El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado cerrojazo por el momento a las actuaciones que abrió el pasado mes de junio contra la vicesecretaria de organización del PP de Madrid, Ana Millán, a raíz de la inhibición por parte de un Juzgado de Navalcarnero de una investigación instada por la oposición en dicho municipio, que denunció que la número tres de la presidenta Madrileña Isabel Díaz Ayuso habría recibido pagos por parte de un empresario siendo concejala del municipio.
A juicio de los magistrados, que han revisado el asunto dada la condición de aforada de la diputada autonómica, aunque quisieran tomar la remisión del asunto por exposición motivada (que no lo es) deberían rechazar igual la apertura de una investigación porque lo indagado hasta el momento «no establece una relación precisa, (…), entre una serie de hechos, que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito y la obtención de unos beneficios patrimoniales, para sí o para personas de su entorno familiar” o que configuren una actuación de tráfico de influencias o de presunta corrupción en el ejercicio de su cargo.
Por ello devuelve las actuaciones a la magistrada Lidia Prada, para que «complete las diligencias de investigación pendientes», para las que sigue siendo competente» y, eventualmente, remita a esta Sala exposición razonada sobre los motivos por los que considera, qué hechos denunciados constituyen delito, su eventual imputación a la denunciada y la correspondiente atribución a este Tribunal para el conocimiento de la causa».
