El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha basado buena parte de su defensa desde que reconociera dos delitos de fraude fiscal (al que se le suma un tercero de falsedad documental) en querellarse contra toda aquella persona que intenta condenar o a menos informar acerca de sus actividades ilícitas con la Hacienda Pública.
Periodistas
A los innumerables nombres de políticos y formaciones de la oposición en Madrid ha ido añadiendo el de periodistas como Xabier Fortes, Enric Juliana o Luisa Arroyo, todos ellos miembros de La Noche en 24 horas.
El presentador de TVE denunciaba en público el “intento de coacción” por parte del novio de Ayuso y avanzaba que remitiría un escrito de amparo al Colegio de periodistas de Galicia y al Consejo de Informativos de la cadena pública. Los hechos se remontan al pasado 5 de diciembre, cuando, poco antes de empezar a presentar el programa, recibió el burofax, en el que se le comunica un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias.
El receptor del documento lo dejaba claro y, lejos de amedrentarse, aseguraba que “no deja de ser chocante la interposición de dicha querella cuando el propio González Amador, por medio de su abogado, reconoce en un documento remitido a la Fiscalía que ‘ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
En esa línea, el informador aclaraba “reafirmarse” en la “expresión utilizada”: “Es obvio que el mismo querellante ha reconocido el fraude cometido en el referido documento remitido a la Fiscalía que han difundido los medios de comunicación y que no solo no ha negado, sino que ha venido a validar al denunciar la filtración del mismo (…) Por lo tanto, no encuentro otra forma más breve y ajustada al diccionario que definir como ‘defraudador confeso’ a alguien que confiesa ser un defraudador”.
Jueces
Antes de ello, el compañero sentimental de la responsable de Sol había intentado involucrar al “equipo” del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el caso de la presunta filtración de los mensajes intercambiados entre su abogado y la Fiscalía. En concreto, a través de un escrito remitido al Tribunal Supremo, González Amador ampliaba las acusaciones contra el órgano judicial en lo relativo a la investigación.
Más en detalle, en dicho escrito en el que impugna un recurso de la Abogacía del Estado, el empresario apunta a lo que denomina “equipo Fortuny” para denunciar una estrategia de la Fiscalía que, dice, buscaría evitar que el involucrado solucionara de una forma “discreta y rápida” la investigación por fraude fiscal. En el documento, González Amador omite algunos detalles para nada menores del caso y se apoya en el último informa de la Guardia Civil.
Entre los nombres que aparecen en este espacio destacan el de García Ortiz y el de Pilar Rodríguez; la segunda fiscal provincial de Madrid. La causa la dirige el juez Ángel Hurtado, quien indaga en si estas personas maniobraron la noche del pasado 13 de marzo para que la confesión del empresario terminara publicada en los medios de comunicación. Esa misma noche, cabe destacar, la Fiscalía recabó toda la información del caso y desmintió informaciones falsas que se difundieron esa noche acerca del pacto que el novio de Ayuso había propuesto al Ministerio Público un mes antes.
En el nuevo escrito, la pareja de Ayuso no solo apunta a lo que tiene que ver con el asunto de la filtración, sino también al origen de todo: las primeras noticias que disparaban a su culpabilidad. De esta manera, el empresario puede recuperar el relato que ha mantenido desde el principio y que hace caso omiso a que la primera información que apareció respecto de su pacto para evitar la entrada en prisión apareció en el diario El Mundo y que el jefe de prensa de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, difundió partes literales de los correos de su abogado entre algunos periodistas.
Políticos
El listado de los denunciados incluye desde el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por llamarle “delincuente”, hasta varios diputados del PSOE y Más Madrid. También ambas formaciones a título de partido político. En concreto, González Amador pide 100.000 euros al líder del Ejecutivo. Y desde ahí, la cantidades bajan, como mínimo, hasta los 15.000 euros.
Por orden de cantidades monetarias, a Sánchez le siguen María Jesús Montero (40.000 euros); el responsable de comunicación, Ion Antolín y los socialistas como formación política (30.000 euros); la encargada de la cartera de Vivienda, Isabel Rodríguez (20.000 euros); y las portavoces de Más Madrid tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea de Madrid; a saber, Rita Maestre y Manuela Bergerot (15.000 euros), quien define a González Amador como el “mayor denunciador de la villa de Madrid”. También queda incluido en la lista el diputado José Zaragoza (del PSC), por un tuit.
