A las diez en punto estaban todos los diputados de la comisión de investigación en estado de revista por si acaso acaecía el milagro y Víctor (de) Aldama se corporizaba en la sala Cabildos del Parlamento de Canarias. Pero habrá que esperar hasta mediados de enero para saber si el genio del mal atenderá o no el requerimiento de los comisionados. Como la inteligencia organizativa de la Cámara linda con lo portentoso, ayer a la misma hora comenzaba otra comisión, la de relaciones con la Audiencia de Cuentas, con la presencia de su presidente, Pedro Pacheco, y a la que pertenecían varios diputados de la primera, como el coalicionero José Miguel Barragán. Sus señorías debatirían el informe elaborado por la Audiencia de Cuentas en julio de 2022 sobre la fiscalización los contratos y gastos del Gobierno de Canarias para la compra de material médico durante los meses más duros de la pandemia en el año 2020. El borrador de ese informe no se sometió a debate y votación entonces porque fue bloqueado por los auditores propuestos por el PSOE y Nueva Canarias. No es que fuera rechazado por el pleno de la Audiencia. Es que no se toleró siquiera su discusión.
Fue a ratos hilarante escuchar a los representantes del PSOE y Nueva Canarias reprochar a Pedro Pacheco no aprobar el informe hasta el pasado noviembre, cuando socialistas y canaristas fueron los responsables de que ni siquiera pudiera debatirse en 2022. Primero lo bloqueo y luego critico severamente que llegue tarde. También es divertido que el PSOE denuncie ahora doloridamente que la Audiencia esté politizada. Los socialistas metieron en la ACC, como premio jubilatorio, a Juan Carlos Alemán, que fue su secretario general durante más de una década, y ahora tienen a Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y diputado en pasadas reencarnaciones. Su señoría Hernández Cerezo actuó como el jefe de policía de Casasablanca cuando después de recoger su parte por permitir celebrar partidas clandestinas se indigna y pretende arrestar a todos los participantes:
-¡Qué vergüenza! ¡Aquí se juega!
Afirmar que el informe es prácticamente un producto apenas digno de alimentar al ganado porcino sí que es un intento de denigrar a la Audiencia de Cuentas, porque no está elaborado por los consejeros auditores, sino por técnicos que llevan años y a veces lustros trabajando en la institución. Mención aparte merece la intervención asirocada de María Esther González, que anunció que el próximo mes, cuando la comisión de investigación interrogue a varios auditores de la ACC como tiene previsto, «reduciré ese informe a polvo». A la señora González le sobra la cocacola que trasiega en botellitas para mantener su iracundia y le falta el monte Sinaí para lanzar rayos destructores como Yavé.
Después de un breve refrigerio la mayoría de sus señorías corrieron a la comisión de investigación que recibió a la interventora general de la Comunidad autónoma entre 2019 y 2023, Natalia de Luis, concisa y precisa en sus respuestas, aunque a veces mostró una moderada exasperación por las sinuosidades de los diputados. De Luis señaló para los despistados que la Intervención General no fiscaliza contratos ni conoce o toma en consideración quien los encarga y abre el procedimiento. Se alejó de cualquier sospecha de irregularidades como del agua caliente, salvo en el caso de las vicisitudes contractuales y financieras con la empresa RR7, cuyo procedimiento tachó de inadecuado, estimando como «bastante discutible» que no se resolviera el contrato en cuanto RR7 no cumplió sus compromisos.
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