El expresident Carles Puigdemont romperá este lunes su silencio. Desde su reaparición y fugaz huida el pasado 8 de agosto en Barcelona sus apariciones públicas se pueden contar con los dedos de una mano, y hace siete meses que no ofrece una rueda de prensa. La última fue la mañana después de las elecciones catalanas, el 13 de mayo. Por esta razón, cobra especial importancia la cita de este lunes a las 11 horas en el Press Club de Bruselas. Ni el momento ni el lugar son baladí. Se trata del mismo emplazamiento en el que hace siete años dio a conocer su marcha de España tras la declaración unilateral de independencia fallida, y también donde en noviembre del año pasado anunció el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
Tras reunirse con la cúpula de Junts desplazada al lugar, Puigdemont hará balance, justamente, del cumplimiento de este pacto y del estado de las negociaciones con los socialistas, tanto en el marco del Congreso de los Diputados como en el de la mesa de negociación con mediador en Suiza. La conclusión es que el grado de cumplimiento es extremadamente bajo, por lo que según varias fuentes de Junts consultadas por este diario, Puigdemont lanzará un aviso a Sánchez de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. No será un toque de atención, sino que se plantará más bien como un ultimátum, apuntan. Y es que entre las filas posconvergentes hay cierta inquietud por los pocos frutos de la negociación, además de por las dilaciones en el cumplimiento de lo acordado, y creen que necesitan diferenciarse más de la estrategia seguida por ERC durante los últimos años.
Junts espera poder lucir antes de fin de año la proposición de ley que debe permitir el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña. Hace unas semanas el secretario general, Jordi Turull, daba por hecho el acuerdo y aseguraba que solo quedaban «flecos», pero este sábado continuaba insistiendo en que aún están pendientes esos «flecos importantes». También el president de la Generalitat, Salvador Illa, aprovechó una sesión parlamentaria para celebrar que «en breve» Cataluña tendría dichas competencias. Sin embargo, el acuerdo está encallado. El viernes hubo una nueva reunión entre los equipos negociadores, pero no se sancionó todavía el pacto. Sin embargo, Sánchez se mostró optimista durante los festejos de la Constitución, donde confirmó que piensa presentar los presupuestos a principios de año.
El catalán en la UE
Más allá de las competencias en inmigración, la lista de deudas es larga. La cuestión de la oficialidad del catalán en la Unión Europea es algo que también levanta suspicacias entre los posconvergentes. Junts acusa al Gobierno de no haber usado todas sus armas diplomáticas para convencer a sus socios europeos, ya que requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros para lograrlo. Advierten de que no se conformarán con conseguir su uso en el Parlamento Europeo, algo que consideran más bien simbólico. Además, los augurios tampoco son muy buenos en este punto, especialmente después de la reunión entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola; que se cerró sin avances ni plazos concretos para su ejecución.
En Junts denuncian también que el Gobierno no haya desclasificado aún los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, tal y como se había acordado. Y a ello se le suma que no haya avances sobre la cuestión de la seguridad de Puigdemont, ya que del Ministerio del Interior depende que pueda tener escolta, y que el expresident siga sin poder beneficiarse de la ley de amnistía, aunque está en manos de los jueces. A pesar de que la exoneración de las causas judiciales del ‘procés’ es el mayor triunfo de la legislatura, tanto para Junts como para ERC, no ha servido para que el máximo dirigente del 1-O regrese a Cataluña.
Todo este contexto es el que llevará a Puigdemont a plantarse. Los posconvergentes han dicho en alguna ocasión que no sumarán sus siete votos para una eventual moción de censura de Sánchez a cargo de PP y Vox, y siguen manteniéndolo, por lo que la única arma que tienen para forzar al PSOE es amenazar con impedir los Presupuestos Generales del Estado y con hacer tambalear el Gobierno en las próximas votaciones en el Congreso. Esto no obligaría a Sánchez a convocar elecciones, algo que también sería un riesgo para Junts porque podría perder su poder aritmético, pero sí le complicaría toda su agenda legislativa.
Antes de sentarse a hablar de números, Junts exige desencallar los pactos pendientes de cumplimiento y que se establezca algún tipo de compensación por todos los recursos que estaban presupuestados para Cataluña en las últimas cuentas y que no se han ejecutado aún, una cuestión que podría saldarse a través de la condonación de la deuda del FLA.
