No solo Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana y la reconstrucción de Valencia tras el paso de la DANA es el único que ha regado con contratos a empresas condenadas por corrupción. También lo hace Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo ha hecho con dos mismas empresas condenadas en el caso Gürtel con las que ha contado su homólogo valenciano.
Concretamente, Mazón y Ayuso han concedido licitaciones a Becsa S.A. y CHM Obras e Infraestructuras S.A. En Madrid para desarrollar obras civiles para los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda y en Valencia para las labores de reconstrucción, tal como ha adelantado la Cadena Ser.
Por un lado, en Madrid, Becsa está a punto de culminar una pasarela peatonal en el municipio majariego por un valor de 3.354.690 euros, que unirá el barrio de Los Satélites con el resto de la localidad. Esta obra ha sufrido paralizaciones por problemas técnicos y arrastra un retraso considerable; mientras que la constructora CHM afronta la ejecución de uno de los accesos que comunica Boadilla del Monte con la M-50.
Y en el caso de Valencia, Becsa ha recibido un contrato de emergencia de 2,3 millones de euros para obras en infraestructuras de EPSAR en Vilamaxart y es la compañía que se ha ocupado de las obras en la presa de Buseo en Sot de Chera -al menos 6,2 millones en total-; al tiempo que CHM ha logrado contratos de emergencia de 2,8 millones de euros para obras en una infraestructura de EPSAR en Utiel y otro de 4,2 millones para obras de reparación en el tramo que atraviesa el barranco del Poyo.
“Las constructoras condenadas por financiar ilegalmente al PP siguen haciendo obras en Majadahonda y Boadilla. Sus antiguos alcaldes están en la cárcel, pero sus empresas ‘amigas’ siguen llevándose contratos millonarios”, han denunciado desde Más Madrid tras conocerse esta vinculación.
Empresas condenadas por corrupción
El administrador único de Becsa S.A. es Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado en el caso Gürtel. Fue condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental después de un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y, de este modo, rebajar la pena.
Becsa también abonó gastos de seguridad privada para Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, después de abandonar sus cargos institucionales, tal y como revela el sumario del caso Fabra 2. De forma detallada, la antigua marca de la empresa, Lubasa, aportó 200.000 euros en la caja B del PP valenciano para la campaña electoral de Rita Barberá en los comicios municipales de 2007, tal y como recoge una sentencia separada del caso Taula.
El presidente de CHM Obras e Infraestructuras S.A., Francisco Javier Martínez Berna, por su parte, también fue condenado en el espacio de la Gürtel a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales que tienen que ver con los comicios de 2007 y un tercero de falsedad documental.
Se trata de una empresa familiar en la que su hermano, José Martínez Berna, consejero de la mercantil, también fue condenado a la misma pena. Ambos evitaron la cárcel tras un pacto de conformidad suscrito en 2018 con la Fiscalía Anticorrupción.
Esta misma empresa también ha logrado 4,2 millones de euros de los contratos de emergencia de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para obras de reparación en el tramo que atraviesa el barranco del Poyo.
Otras empresas condenadas regadas por Mazón
Estas dos empresas no son las únicas a las que Carlos Mazón le ha dado contratos a dedo tras el paso de la devastadora DANA. Así, destacan también la Sociedad de Agricultores de la Vega, que fue condenada por el caso Taula y ha recibido al menos dos contratos por 9,5 millones de euros; FCC Aqualia S.A., adjudicataria de un contrato por 7,4 millones de euros y filial de Fomento Construcciones y Contratas, condenada en el caso Taula; Pavasal S.A., condenada también por el caso Taula y que ha recibido al menos dos contratos por 5,7 millones de euros.
A su vez, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. fue condenada en el caso Gürtel y ha recibido al menos dos contratos por 1,5 millones de euros y Ocide Construcción S.A. está siendo investigada en el caso Azud y ha obtenido al menos dos contratos por 15,6 millones de euros del Gobierno de Mazón.
