La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha aceptado la competencia para investigar un ciberataque masivo contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se produjo la exfiltración de dos mil millones de registros de datos sensibles correspondientes a titulares de telefonía móvil que dicho organismo custodia, al que la magistrada considera alto organismo de la nación.
En un auto, la magistrada ha aceptado la inhibición procedente del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid por los delitos de ataques informáticos y contra la seguridad nacional.
El ataque informático a la CNMC se produjo mediante el acceso ilícito a sus servicios informáticos con la posible exfiltración masiva de datos personales que corresponden a titulares de línea de telefonía móvil. En concreto, 2.000 millones de registros, en total 240 GB de datos de los abonados a las líneas telefónicas de España y que por las competencias de la CNMC son custodiados en este organismo.
La decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 se ha producido sin el apoyo de la fiscalía, que había informado en contra de la competencia de la Audiencia Nacional al considerar que la CNMC, pese a su importante función, no puede calificarse como una institución del Estado a los efectos del artículo 65 1º a de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fija las competencias de la Audiencia Nacional en relación con los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes.
Sin embargo, la juez María Tardón, una vez analizada la doctrina del Tribunal Supremo considera que sí debe concebirse a la CNMC como un alto organismo de la nación. Para la magistrada, resulta prematuro inferir cuál pudiera ser la finalidad perseguida por el o los autores de esta actuación, “pero lo que sí resulta claramente objetivado, desde este momento inicial de las investigaciones, es que nos encontramos ante un ciberataque masivo contra una entidad que, por su incardinación en la estructura del Estado y su esencial función en los términos indicados, supone una grave e indudable afectación institucional, en un ámbito tan particularmente sensible y relevante para su normal funcionamiento como el del control del correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios”.
