El sector de las gasolineras ha venido haciendo frente común durante los dos últimos años para denunciar el fraude masivo en la venta de combustibles en España. Las grandes petroleras incluso han llegado a alertar de la entrada del “crimen organizado” en el sector a través de empresas piratas que no pagan los impuestos ni otros recargos obligatorios. Compañías que cierran cuando son descubiertas y reanudan rápidamente su actividad fraudulenta con otro nombre, y que han sacudido todo el mercado con su competencia desleal y han provocado un roto milmillonario a las arcas públicas.
El agujero por estas prácticas alcanzó el año pasado los 1.000 millones de euros por el impacto del impago del IVA y los 580 millones acumulados por el impago de las certificaciones de biocarburantes. Y gasolineras y petroleras han venido alertando que durante todo este año el fraude se había disparado y empezaba a estar cada vez más extendido, hasta rondar los 2.000 millones en el conjunto del ejercicio. Las cifras que manejaban las asociaciones empresariales del sector apuntaban a que el fraude se había extendido tanto como para afectar ya al 25% de todas las ventas y hasta implicar a unas 1.200 gasolineras (una de cada diez estaciones de servicio del país).
Sin embargo, desde el sector ahora se confirma que en las últimas semanas las prácticas irregulares han empezado a frenarse, que el fraude se está atenuando notablemente y que el número de gasolineras que venden sus combustibles de manera evidente con precios por debajo de costes se está reduciendo con rapidez, hasta dejarlas hasta en menos de la mitad de las que hasta hace unos meses presentaban precios fuera de mercado.
Sucesión de inhabilitaciones
Diferentes fuentes del sector petrolero vinculan la ralentización del fraude al temor que ha generado entre las empresas responsables y a sus colaboradores necesarios el enorme foco mediático generado en torno a estas prácticas (entre otras razones, por la detención e imputación en un presunto fraude millonario de hidrocarburos de Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama de corrupción del denominado ‘caso Koldo’).
Pero las compañías petroleras relacionan especialmente el descenso de las irregularidades con el golpe que ha supuesto para estos negocios pirata la inhabilitación en apenas unas semanas de más de una docena de grandes operadores de hidrocarburos por parte del Gobierno por faltas graves en su actividad y, en paralelo, por el efecto disuasor preventivo de las nuevas medidas que prepara el Gobierno para evitar los impagos ilícitos del IVA en la comercialización de combustibles.
En menos de dos meses el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado la inhabilitación permanente de cinco grandes operadores mayoristas (Biomar Oil, Gaslow Abastecimientos, Martankship, Everton Magnific y Medoil Energy 2050), según se ha ido publicado en el BOE. Y el Gobierno ha emitido también en las últimas semanas resoluciones estableciendo la suspensión temporal de otros ocho grupos del sector, por incumplimiento de las obligaciones legales de los operadores en relación al uso de biocombustibles, y que puede acabar convirtiéndose también en inhabilitación definitiva. La lista de compañías inhabilitadas temporalmente la integran Villafuel -la empresa vinculada a la trama de Víctor de Aldama-, Metaway, Omega Fuels, Vertix, Nascor Energías, Bridgefuel, Nexgen Fuels y Mercapetrol.
En el desfalco generalizado que se ha venido registrando en el sector de la venta de combustibles participan grupos mayoristas de suministro de los carburantes y también cientos de gasolineras que se convierten en cooperadores necesarios y beneficiarios directos del fraude. Unas prácticas de competencia desleal que hacen imposible rivalizar a muchos proveedores y a muchas estaciones de servicio, condenadas a ser expulsadas del mercado. Al no pagar impuestos ni otras cargas -que representan en torno al 80% del precio de venta final- las compañías pirata pueden ofrecer el carburante a precios más bajos y obtener rentabilidades muy superiores a las que consiguen las compañías con actividad ajustada a la legalidad.
Un nuevo escudo legal ‘antifraude’
El Gobierno consiguió hace dos semanas el aval del Congreso al paquete fiscal exigido por la Unión Europea, y en el que se incluyeron varias medidas reclamadas insistentemente desde el sector para frenar el fraude fiscal en el negocio de los hidrocarburos. El objetivo fundamental de las reformas es acabar con los denominados ‘missing traders’, las tramas empresariales que compran hidrocarburos en los depósitos fiscales del sector (con un IVA asimilado al de la importación) para después revenderlo cobrando el impuesto pero sin luego ingresarlo a la Agencia Tributaria. Unas compañías fantasma que delinquen con estos impactos y desaparecen rápidamente cuando es detectado el fraude por Hacienda.
Para evitar estas prácticas el paquete fiscal avalado inicialmente por el Congreso contempla que los empresarios que extraigan gasolina, gasóleo o biocarburantes de estos depósitos fiscales declaren el IVA cada mes, para poder controlar las operaciones casi en tiempo real. Y las compañías que extraigan de los tanques los hidrocarburos han de tener la condición de operador económico autorizado por la normativa aduanera o de operador confiable, haciéndose además garante del pago del impuesto correspondiente a la futura venta. Y como medida de seguridad adicional, se asigna a los propios titulares de depósitos fiscales una responsabilidad solidaria del pago de la deuda tributaria cuando autoricen indebidamente la extracción del producto.
El paquete fiscal ha sido remitido al Senado, donde el PP pretende aprovechar su mayoría absoluta para introducir enmiendas, lo que obligará a enviar el texto de nuevo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. El PP, en cualquier caso, sí ha respaldado explícitamente las medidas que buscan poner coto al fraude fiscal. Desde el Gobierno se espera que todo el paquete legislativo en su conjunto esté aprobado antes de que termine el año.
La aplicación de las medidas contra el fraude de los hidrocarburos no será inmediata. El Ministerio de Hacienda aún deberá emitir, tras la aprobación definitiva de las Cortes, dos órdenes ministeriales para hacer efectivo el desarrollo de los cambios introducidos. “Se trata de órdenes ministeriales de gestión pura”, apuntan fuentes del Ministerio de Hacienda, y “por la experiencia de otros países, el efecto desincentivador del fraude que provocará la norma en cuanto se apruebe es mucho mayor que los aspectos de gestión que puedan ser necesarios perfilar”.
Desde la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), la patronal que agrupa a las grandes petroleras Repsol, Moeve (antigua Cepsa), BP o Galp, se subraya que la reforma legal emprendida sólo incluye medidas para frenar el fraude del IVA, pero que siguen siendo necesarias otros cambios normativos para otras irregularidades que afectan al conjunto del sector. Y es que los fraudes son variados y se extienden a todas las obligaciones financieras que se aplica a las compañías del sector: no sólo se trata de los impagos del IVA o de los impuestos especiales, también se registra escaqueo en los abonos de las aportaciones obligatorias a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
