Claustro de la UDC celebrado esta semana / Carlos Pardellas
En 1989, en los últimos momentos del Gobierno tripartito que encabezaba Fernando González Laxe, la Xunta toma la decisión de que Galicia tenga tres universidades. Así, a Santiago se unen Vigo y A Coruña. Una medida que no estuvo exenta de polémica pero que ahora, más de tres décadas después, ya no tiene marcha atrás.
El alumbramiento de las tres universidades se hizo con la idea de que no compitieran entre sí duplicando titulaciones y de que se esforzaran para hacer más accesible a los jóvenes gallegos el desembarco en una enseñanza superior. Según los últimos datos estadísticos, están matriculados en Galicia alrededor de 60.000 estudiantes, una cifra que sufre un constante desplome ya que, en 2001 el número se aproximaba a los 100.000.
Esta caída en la cifra de universitarios, además de la congelación de las tasas de matrícula, determinada por la Xunta en 2012, y de la aportación económica recogida por el plan autonómico —el vigente concluye en 2026—, han llevado a la Universidade de A Coruña (UDC) a una situación de desequilibrio financiero que el propio equipo directivo de la entidad docente calcula en 13 millones. El momento es muy grave y el propio rector herculino, Ricardo Cao, ya lo denunció en su discurso de la apertura del curso académico que este año se celebró en A Coruña.
Mientras los responsables políticos no se deciden a realizar la inyección económica que precisa la entidad docente, sus responsables han optado por soluciones drásticas que les permitan afrontar los, al menos, dos años que quedan hasta la aprobación del nuevo plan autonómico de financiación. La más llamativa es la de poner a la venta edificios que pertenecen a la universidad y que se encuentran sin uso. El primero en colocarse en el mercado es el de la Politécnica de Serantes en Ferrol. Además, intentarán que les permitan invertir en otros fines —como el arreglo de edificios o el pago de facturas— el dinero que se les otorgó para construir nuevos equipamientos.
La asfixia económica que sufre la UDC no es ajena a la que padecen el resto de universidades del país, ni tan siquiera es necesariamente la más grave de cuantas existen, pero es un ejemplo más de cómo los responsables políticos se olvidan de sus propias decisiones, como la de «invertir el 1% del PIB en universidades», tal y como fija la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español.
Una universidad potente es fundamental para una sociedad en la que se promueva la igualdad de oportunidades frente al sistema elitista que representan los centros privados. Además, hay que sumar el beneficio que desde los campus se aporta al país gracias al talento investigador que aglutinan. Así lo ha ratificado la prestigiosa Universidad de Stanford al incluir a 23 investigadores de la UDC en su lista de los científicos más influyentes del mundo. Este es solo un ejemplo más de lo que sucede intramuros de una institución a la que se acusa a veces de pecar de endogámica, pero que se antoja fundamental para A_Coruña y Galicia.